TRÁNSFUGAS

¿Por qué los llaman 'diputados' cuando quieren decir 'tránsfugas'?

Fernando López Miras, presidente de la Comunidad de Murcia

La primera vez que pisé la Asamblea de Madrid tenía 26 años. Fue en el verano de 2003, apenas unas horas después de que dos diputados electos del PSOE se ausentaran de la investidura de Rafael Simancas como presidente de la comunidad y saltara la bomba del 'tamayazo', uno de los casos de compra de voluntades más bochornosos de la historia de la democracia española.

Algunos de los periodistas más jóvenes de la crónica parlamentaria del Congreso (que no sabíamos ni siquiera situar en el mapa la Asamblea de Madrid) vivimos durante aquellos meses la política madrileña como el epicentro de la actualidad nacional. En aquel entonces no utilizamos eufemismos: eran 'dos tránsfugas'. ¿Recompensados por quién? ¿Por dos constructores? El caso es que corrían los años de la caja B y la trama Gürtel, y finalmente el Partido Popular que lideraba Esperanza Aguirre se hizo con el Gobierno de Sol tras la obligada repetición de las elecciones autonómicas. "La autoría de todo aquello nunca se aclaró".

Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez

Los corruptores consiguieron su objetivo. Los corrompidos, esos 'dos tránsfugas' llamados Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, fueron considerados los apestados de la política, dos 'judas' a los que llegaron a tirar monedas y cuya sola presencia en las instituciones se hacía insoportable hasta para aquellos a los que les había beneficiado su indigna deslealtad. Pasaron de recibir los votos de quienes confiaron en el PSOE a traicionarlos pasando a formar parte del Grupo Mixto.

Hoy recorren ese mismo camino de la ignominia los 'tres tránsfugas' de Ciudadanos de la Región de Murcia que hace unos días acordaron y firmaron una moción de censura para acabar con la corrupción del Gobierno de Fernando López Miras (PP). Unos parlamentarios expulsados ya por Ciudadanos a los que algunos evitan llamar 'tránsfugas' para que al Partido Popular no le ofenda ver retratada en los titulares "la verdad de sus conductas mafiosas".

Pero ya que no quieren oír la palabra, repitámosla:¡'tránsfuga'! 'Tránsfuga' es quien acude a unos comicios en unas listas cerradas bajo unas siglas y con unos compromisos, y que decide robar el acta de un partido y largarse a otro a cambio de prebendas (y siempre con el dinerito bajo el brazo). 'Tránsfuga' es quien firma una moción de censura contra la corrupción del 'vacunagate' del PP y a las pocas horas se reúne con ese mismo PP y sale del encuentro con un coche oficial en la puerta y una consejería bajo el brazo. 'Tránsfugas', por lo tanto, son Valle Miguélez, Isabel Franco y Francisco Álvarez.

Con los años, aunque las 'prácticas mafiosas' del PP no han cambiado, sí parece haberlo hecho la reacción de la opinión pública. El 'transfuguismo', que hace 18 años avergonzó mediante el 'tamayazo' a un país entero, ahora se presenta en público sin sonrojo, se exhibe con convocatoria masiva de medios para presenciar la toma de posesión de la indignidad, y se alienta en el resto de España con la esperanza de acabar con el rival con el 'modus operandi' de la oferta de 'sillones bien pagados'.

Isabel Franco, Valle Miguélez y Francisco Álvarez

La moción de censura en Murcia está motivada por la corrupción del PP. Y, ¿cómo ha respondido el PP? Pues redoblando la corrupción: "comprando voluntades y silencios con sueldos públicos y chófer oficial". Los hoy 'tránsfugas' entraron en unas listas para, decían, 'regenerar Murcia'.

Nadie los habría votado si no hubieran ido en unas listas de Cs, sencillamente porque nadie sabía cómo se llamaban. Hoy sí lo saben: "son quienes han traicionado a sus votantes por unas monedas".

FUENTE: blogs.publico.es/otrasmiradas

Marta Suárez

18/03/2021

 

Eso del transfuguismo político, considerado, tras la corrupción, como la segunda lacra de la democracia representativa, es en realidad una práctica execrable y antidemocrática donde las haya, lo que viene a revelar (entre otras cosas) la inexistencia de una democracia plena en este 'pís', y demuestra a las claras, la escasa importancia que se da a las decisiones soberanas del electorado.

 

Es evidente que esa situación se produce generalmente por intereses o beneficios personales, pero también demuestra la lasitud del Estado de Derecho, en el que no se deberían permitir tales situaciones. 

 

Necesitamos una legislación que lo prohiba.