UN REPORTAJE CONJUNTO PÚBLICO-CTXT
Ayuso se gana al Grupo Planeta con una universidad privada y un contrato a dedo de 14,5 millones
El holding presionó sin éxito desde 2016 a Cifuentes y Garrido para obtener una licencia universitaria. En plena pandemia y en contra del criterio de los expertos, la presidenta madrileña dio luz verde en 2020 al centro académico por la vía de urgencia
"Mientras el neofranquismo avanza y un 30% de la población sigue en riesgo de exclusión, las cloacas mediáticas, judiciales, empresariales y políticas no descansan", y siguen trabajando a destajo para "limpiar la mierda”, según declaró el excomisario José Villarejo el día de su puesta en libertad, pocas horas después de que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, fuera acazada almorzando en su domicilio privado con dos emisarios del policía jubilado.
La sucesión de escándalos fiscales del rey emérito copaba hasta fechas recientes el 'goteo por entregas' de Villarejo a sus medios afines; son los últimos coletazos de la inconfesable operación 'Salvar al Soldado Felipe VI': "defenestrar al padre a cambio de blindar la libertad del policía y empresario para garantizar su silencio sobre todo(s) lo demás".
Mientras en los juzgados esperan destino las más de 30 piezas separadas que forman el maxiproceso a Villarejo -todavía en activo como director de comunicación de las cloacas- este reportaje conjunto de Público y CTXT pone el foco en una historia en apariencia menor, de cuyas motivaciones y trasfondo real se ha hablado poco, aunque la prensa ha publicado en los últimos años numerosas noticias escandalosas sobre el asunto.
Hablamos de la corrupción universitaria en Madrid, judicializada bajo el eufemismo Caso Máster, y que en la memoria colectiva remite al bochornoso episodio de los títulos de posgrado supuestamente tuneados y regalados por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid a algunos políticos prominentes.
El relato va de delante hacia atrás, y arranca en noviembre de 2020. Han pasado 4 años desde que, según reveló el sumario del caso Lezo, José Creuheras, sucesor de José Manuel Lara como máximo dirigente del Grupo Planeta, visitó en el otoño de 2016 a Cristina Cifuentes en su despacho de la Puerta del Sol. En ese tiempo, Cifuentes tuvo que dimitir, y Ángel Garrido, su número 2 y luego sustituto en funciones, dejó finalmente paso a Isabel Díaz Ayuso, una desconocida periodista de pasado falangista, discípula de Esperanza Aguirre.
Ayuso llega en agosto de 2019 a la presidencia de la Comunidad de Madrid. De los 48 diputados que sacó Cristina Cifuentes en 2015, el PP ha pasado a 30, pero los votos de Ciudadanos y Vox, escisión ultra del PP, dejan en la oposición al PSOE, que había ganado las elecciones autonómicas después de mucho tiempo.
En febrero de 2020 estalla la pandemia y todo se para. Madrid lidera junto con Bérgamo (Italia) las cifras de muertos de Europa en la primera ola. Ayuso da órdenes a las residencias de mayores para que "no envíen ancianos a los hospitales colapsados". "Más de 20.000 ancianas y ancianos mueren sin atención, solos, sin ver a sus familias". Florentino Pérez, a quien muchos ven como el verdadero poder de la Comunidad en la sombra, recibe contratos sin cesar, hasta 35 en unos meses, tanto de servicios como de construcciones. Y se permite incluso exigir el lucro cesante por las muertes que se producen en las 61 residencias de su empresa, Clece.
El Gobierno progresista confina el país durante 4 meses, y Ayuso "echa la culpa de todo a Sánchez, pero ella apenas hace nada". No concede ayudas directas, no gestiona los rastreos, no medicaliza las residencias, abandona la atención primaria a su suerte, cierra los colegios, ordena alimentar con pizzas a los niños con menos recursos, se instala en un hotel de lujo de su amigo Kike Sarasola, convierte Ifema en un hospital de guerra carente de quirófanos y lo clausura con un festín repartiendo bocatas de calamares.
Asesorada por MAR (Miguel Ángel Rodríguez), el 'spin doctor' de Aznar, Ayuso crece como principal ariete del PP contra el Gobierno 'socialcomunista'.
Pero no aprueba ni una sola ley. Hasta que, un año después de llegar al poder, en julio de 2020, algo se mueve por fin: "la presidenta pide al Consejo de Gobierno que ponga en marcha un proyecto de ley para conceder una licencia de universidad privada a la Escuela de Administración de Empresas (EAE)".
La EAE es una empresa del Grupo Planeta que presta formación universitaria en instalaciones propias desde 2015 bajo el manto de la Universidad Rey Juan Carlos: "era un centro adscrito, lo que significaba que carecía de licencia para funcionar como universidad independiente, por lo que no podía emitir títulos con su nombre y debía ceder un porcentaje de sus matrículas a la universidad que la cobija".
En octubre de 2020, Ayuso ha aprobado su primera ley, 'la ley del suelo', reedición a pequeña escala de la que Aznar lanzó en 2000 para iniciar el 'milagro económico' de Rodrigo Rato. La oposición recurre el acto ante el Tribunal Constitucional porque la Mesa de la Asamblea de Madrid, presidida por el diputado de Ciudadanos, Juan Trinidad, exempleado de OHL y Villar Mir, ha encerrado a los parlamentarios en el Hemiciclo para garantizar el quórum.
“Todavía no entendemos la prisa que tenían. Podían haber esperado dos semanas y hubiera habido quórum sin problema; pero es que no tenían prisa, tenían urgencia”, recuerda el diputado autonómico de Unidas Podemos, Jacinto Morano. La segunda y última ley de la legislatura de Ayuso es la que concede al Grupo Planeta una licencia de universidad privada: "se vota por el procedimiento de urgencia el 12 de noviembre de 2020".
"El método se llama 'lectura única', explica Clara Ramas, exdiputada de la Asamblea por Más Madrid. Consiste en debatir en el pleno y a toda pastilla un informe de mil páginas –el expediente presentado por EAE demostrando la supuesta excelencia de su proyecto– sin pasar por comisiones ni aceptar enmiendas o ponencias”.
La concesión exprés de la universidad privada a EAE, la enseña de formación universitaria del Grupo Planeta, se consuma con los votos a favor de PP, Cs y Vox.
14,5 millones a dedo y presiones de Marhuenda
Las relaciones del Grupo Planeta con la Comunidad de Madrid eran en
ese momento las mejores en mucho tiempo.
En octubre de 2020, Ayuso ha concedido a dedo un contrato de emergencia de 14,5 millones de euros al holding educativo de Planeta y a Informática El Corte Inglés para dotar de materiales digitales a las clases desde 5º de Primaria a 2º de Bachillerato a través de Educamadrid, la plataforma de servicios educativos de la comunidad madrileña.
La patronal del sector, Anele, denunció ante los tribunales y organismos de control económico y presupuestario, la declaración de emergencia del contrato.
“Es un despropósito”, dijo en El País el presidente de Anele, José Moyano, que se sumaba así a las quejas y a las críticas de los directores de instituto, sindicatos y oposición, que ya tildaron el contrato de “escandaloso”.
Desde Más Madrid recuerdan bien aquellos días. “2 semanas antes de que se votara la ley de la universidad privada en la Asamblea, Francisco Marhuenda me llamó y estuvo contándome durante un buen rato las bondades de EAE”, cuenta el diputado Eduardo Rubiño.
“No es infrecuente que cuando una ley se acerca a la Asamblea, las empresas interesadas hagan 'lobby'. Pero Marhuenda insistió más de lo habitual en que aquello era una maravilla que no podíamos dejar de apoyar”.
La presión de Marhuenda, que compagina su tarea de tertuliano 24/7 con su cargo de profesor titular en la URJC y la dirección de La Razón, no hizo mella en la oposición. “El proyecto nos pareció inconsistente, un chiringuito diseñado para cobrar dinerales por grados y másteres que solo beneficia a empresas privadas y a fondos buitre”, cuenta Rubiño, “y que además no cumplía ninguno de los requisitos exigidos a las universidades privadas”.
“A nosotros no nos llamó Marhuenda”, recuerda por su parte Jacinto Morano, de UP, “seguramente porque sabía que 'en esa piscina no había agua'”.
Jacinto Morano
Morano hizo una rotunda intervención ante el pleno:
“Ha dicho el señor Sicilia [Eduardo Sicilia, consejero de
Universidades, cuota Ciudadanos] que este proyecto de ley que estamos
hoy votando va a ayudar al progreso social y educativo de la Comunidad
de Madrid. Recuerdo un dicho latino: 'Cui prodest'?, '¿'esto a
quién beneficia'?"
"¿El progreso social y educativo, para quién? Vamos a ver lo que hoy estamos votando. Estamos votando una cierta manera de privatización de una institución universitaria, porque pasamos de un centro adscrito, el EAE, a un centro absolutamente privado”.
Y proseguía: “Esta universidad tiene planteados planes de grado con un coste de 8.000 euros por alumno, y posgrados, algunos habilitantes, por un precio de 13.500 euros. Por cierto, cuando eran centros adscritos, los precios en esta entidad, el EAE, de la que va a ser sucesora la Universidad Internacional de la Empresa, eran más bajos".
"Se ha aprovechado esta conversión de la naturaleza jurídica de la institución para subir 300 euros los costes de los posgrados. Y oferta un posgrado de Alta Dirección de 26.700euros de coste. Es mayor el coste de este posgrado que la 'renta per cápita' de Madrid".
"Entonces, ¿a quién está beneficiando este proyecto de ley que estamos planteando? ¿Cuántos madrileños, en la situación social y económica en la que estamos, van a poder acceder a estos programas?”.
Tras el apresurado intercambio de opiniones, votan en contra PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos. Pero la universidad privada de Planeta en Madrid es oficial gracias al 'trifachito'. Ayuso necesita los votos de Vox, y los obtiene.
En plena pandemia, con la mitad de los diputados en sus casas, y sin un debate digno de ese nombre, el 'soñado negocio universitario' de Planeta, por el que sus directivos llevan trabajando y presionando desde 2015 en los más altos despachos de la Comunidad, por fin se hace realidad.
La concesión genera una pequeña controversia, que se entierra enseguida. Los organismos consultivos que debían pronunciarse sobre la idoneidad del nuevo centro eran contrarios a conceder la licencia a Planeta. Según Público, el Consejo Universitario de la Comunidad de Madrid, la Fundación para el Conocimiento Madridmasd y los sindicatos, habían detectado deficiencias en las instalaciones (algunas de ellas alquiladas y con contratos cercanos a expirar), en la ratio profesores-alumnos y en el nivel de investigación que planteaba EAE.
El acta de la reunión del Consejo certifica 9 votos en contra del proyecto, ninguno a favor y 7 abstenciones.
"La propia memoria de impacto normativo reconocía que el proyecto no cumplía los requisitos académicos, docentes ni de infraestructuras”, recuerda la exdiputada Clara Ramas; “pero los promotores afirmaban que ya los cumplirían cuando se les diera la licencia. Fue una claudicación en toda regla ante los intereses corporativos de Planeta”.
Curas y bancos
Comisiones Obreras denunció que se trataba de la cuarta universidad privada que autorizaba la Comunidad de Madrid en solo 15 meses.
El 7 marzo de 2019, la Asamblea aprobó convertir en universidades privadas a la Escuela Superior de Gestión Comercial y Marketing, el Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF) y la Universidad Internacional Villanueva.
“Aquel dislate se aprobó en el último pleno de la anterior legislatura, y por supuesto el entonces presidente en funciones, Ángel Garrido, también recurrió al método de la lectura única, hurtando el debate parlamentario”, recuerda Morano.
Las tres agraciadas tenían padrinos tan poderosos o más que la del Grupo Planeta. ESIC (Congregación de Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús) y Villanueva (Opus Dei) están vinculadas a organizaciones religiosas, y CUNEF se gestiona desde la Fundación de la Asociación Española de Banca (AEB). Villanueva y CUNEF rompieron lazos como centros adscritos de la Complutense, y ESIC se desligó de la Rey Juan Carlos, como haría EAE 15 meses después.
La decisión de Garrido fue un golpe duro para Planeta. En noviembre de 2018, la prensa había contado que se había desbloqueado el asunto de la EAE y que la concesión de la universidad privada estaría lista en 2019.
Pero la vía libre quedó pospuesta ante el empuje, la experiencia y los contactos de la Iglesia y la Banca: "desde el ‘Tamayazo’, las concesiones de licencias de universidad privada en Madrid habían ido favoreciendo de forma mayoritaria a organizaciones religiosas y fondos buitre. Los Jesuitas (Comillas), los Legionarios de Cristo del pederasta Marcial Maciel (Francisco de Vitoria) y la Asociación Católica de Propagandistas (CEU) ya tenían la suya".
En aquel momento, la Comunidad de Madrid sumaba ya 11 universidades privadas, además de 38 centros privados de estudios superiores, mientras el número de universidades públicas se había mantenido en 6 desde que se fundó la Rey Juan Carlos, 25 años atrás. Por fin, en noviembre de 2020, Díaz Ayuso cumplió el deseo de Planeta y logró la hazaña de convertir a Madrid en la región con más universidades privadas del país: '12, frente a 6 públicas'.
Unos meses después de la concesión de la licencia a EAE, -de esto hace un par de semanas- Ayuso impuso a Cristina Cifuentes la medalla de oro de la Comunidad. Era el símbolo de que "un círculo se había cerrado". Ayuso rehabilitaba así a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, la principal perjudicada del Caso Máster, que, como veremos enseguida, venía sufriendo feroces ataques y presiones de los directivos y medios del Grupo Planeta y de otros afines a éste, al menos desde 2016.
Ayuso y Cifuentes
La triste historia de la URJC
2018 fue el año que dañó para una larga temporada el prestigio de la Universidad Rey Juan Carlos, fundada en 1996, cuando era presidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón. Con el tiempo, la URJC se convirtió en la gran universidad pública del PP (sector María Dolores de Cospedal) y, en menor medida, también de la vieja Izquierda Unida.
Los dos partidos, que compartían consejo y tarjetas black en Caja Madrid con los socialistas, se repartían por cuotas en la URJC, profesores, departamentos, cátedras patrocinadas y 'honoris causa', haciendo crecer así sus escuderías académicas y sus negocios educativos: la idea era que la Rey Juan Carlos compitiera en volumen de estudiantes, rentabilidad y presencia, ya que nunca lo consiguió en prestigio, con la 'gran universidad socialista’ de la región, la Carlos III.
Pero de repente algo se torció en ese pujante camino neoliberal de la URJC. En la primavera de 2016, Cuartopoder publicó
que "el rector de la institución, el catedrático de Historia, Fernando
Suárez Bilbao, había cometido múltiples plagios en distintas obras". Poco
después, Suárez Bilbao dimitía; 2 años más tarde, sería procesado en
relación a las convalidaciones irregulares de diversas asignaturas del
máster en Derecho Autonómico que dirigía el catedrático Enrique Álvarez,
el mismo máster que cursaron, al menos en teoría y en etapas distintas, Pablo Casado y Cristina Cifuentes.
Esas corruptelas tenían un mismo lugar de origen: el Instituto de Derecho Público (IDP) de la URJC, de alto interés económico para su núcleo duro, muy vinculado a Cospedal. En plena guerra interna del PP tras la disputada sucesión de Mariano Rajoy, El País reveló en agosto de 2018 que el flamante líder popular, Pablo Casado, había aprobado 10 años antes un sospechoso máster exprés de Derecho Autonómico en el IDP. 'Fuego amigo a discreción'.
La Fiscalía del Supremo decidió no procesar a Casado, aun
reconociendo que había indicios de trato de favor, porque el asunto
estaba prescrito. Luego, gracias a los votos del PSOE, el nuevo
presidente del PP fue eximido de comparecer ante la comisión
parlamentaria, como Cifuentes, aunque ésta sí sería procesada
En aquellos días de 2018 también se supo que la URJC expedía títulos de posgrado a licenciados en Derecho de universidades italianas con un imaginativo paquete a la carta organizado por agentes de viajes desde Madrid. El cursillo daba acceso a la colegiación española, lo que permitía a los alumnos italianos ejercer en la UE ahorrándose los 18.000 euros del máster obligatorio en su país. Para amenizar la estancia, el 'pack' ofrecía incluso la asistencia a partidos en el Bernabéu, un imbatible 'todo incluido'
Desde que se conoció el plagio del rector hasta finales de 2018, el huracán de la URJC dejó un largo rosario de titulares escandalosos. Quizá el único titular positivo, sobre todo para su protagonista, fue que Francisco Marhuenda, director de La Razón -el medio escrito del Grupo Planeta- pasó de ser profesor interino a titular con fecha12 de octubre de aquel año.
Por lo demás, el aluvión se llevó por delante las carreras de una presidenta de la Comunidad de Madrid (Cristina Cifuentes, PP) y de una ministra del primer Gobierno de Pedro Sánchez (Carmen Montón, PSOE, artífice de la desprivatización de la sanidad valenciana mientras fue consejera de Sanidad de la Generalitat y declarada enemiga de Farmaindustria).
Cifuentes se vio obligada a dimitir en abril de 2018 tras la difusión de un vídeo en el que se adivinaba el intento de llevarse sin pagar unas cremas de un supermercado. La presidenta se había mantenido en el cargo contra viento y marea después de que se publicara que le habían aprobado el máster del IDP manipulando notas y documentos públicos sin que la lideresa hubiera tenido que ir a clase ni presentarse a defender el Trabajo Final de Máster (TFM).
Por su parte, la ministra socialista de Sanidad, Carmen Montón, fue acusada de beneficiarse de un trato de favor durante su curso de posgrado y, además, de haber plagiado o recogido textos sin citar en 19 páginas de las 52 que ocupaba su TFM. Montón dimitió el 11 de septiembre de 2018. La médica valenciana, que solo fue ministra durante 4 meses, es hoy embajadora permanente de España ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
Cifuentes fue juzgada y absuelta (aunque el juicio deberá repetirse) y en los últimos tiempos se ha dedicado a participar en tertulias televisivas de Mediaset. Mientras, Montón fue investigada, pero 'la jueza archivó la causa'.
Las primeras informaciones sobre las exalumnas de la URJC se publicaron en eldiario.es, el digital que dirige Ignacio Escolar. Sin embargo, las filtraciones no consiguieron desalojar de sus cargos a las dirigentes del PP y del PSOE.
El último empujón a Montón se lo dio La Sexta, que se hizo cargo de la 'demostración del plagio'. Y de la puntilla a Cifuentes se encargó el tabloide de Eduardo Inda, que publicó aquel vídeo borroso y antiguo de Cifuentes, con 'inequívoco hedor a los pendrives de Villarejo'.
CONTINÚA...
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