Isabel Díaz Ayuso y Javier Fernández-Lasquetty en una reunión para fomentar el teletrabajo - Comunidad de Madrid
Me he propuesto escribir algo sobre la Comunidad de Madrid y cómo la ha gobernado el Partido Popular. Para ello quiero huir de la crítica basada en ridiculizar las declaraciones de quien gobierna esta región. "No por respeto, sino porque ese escarnio no conduce a nada, salvo al consuelo de los maltratados".
"Es difícil decir más estupideces y mentiras de las que suelta por la boca Isabel Díaz Ayuso. Pero criticarla, escandalizarse o simplemente reírse de ello no revela lo que ha hecho el PP en Madrid". Han sido 26 años al servicio de los negocios de constructores y acaparadores de servicios públicos, privatizados o en régimen de concesión.
La lista de destrozos al bien común es larga, pero me voy a centrar en 3 asuntos clave: la bajada de impuestos, la entrega del derecho a la vivienda a especuladores y constructores y los recortes en sanidad. Todo ello para favorecer la actividad privada de estos servicios públicos y por tanto el negocio.
Dice Javier Fernández Lasquetty, consejero de Hacienda de Madrid, que "entre 2004 y 2020 la bajada de impuestos de la Comunidad ha hecho que los madrileños se ahorren 48.000 millones de euros". Esto se puede expresar de forma correcta si se le da la vuelta a la frase: "entre 2004 y 2020, la Comunidad ha dejado de prestar servicios a los madrileños por valor de 48.000 millones de euros".
Y atribuyo todo ese dinero a servicios públicos, porque los gastos innecesarios, como la subvención del espectáculo taurino, o el sueldo que cobró el líder fascista español, Santiago Abascal, por no hacer nada, no se dejaron de pagar. Según el consejero se benefició a cada contribuyente en 15.000 euros. Eso no es cierto, porque no todo el mundo paga lo mismo a Hacienda y por lo tanto la rebaja no fue igual para todos.
Por ejemplo, en 2019, último año en el que ha concluido la recaudación del IRPF. Partimos de la base liquidable (la que queda después de todas las deducciones) y comprobamos cuánto había que pagar en cada uno de los 6 tramos de renta. Tomo como referencia "13.300 euros para la renta más baja y 260.000 euros para la más alta". A la Comunidad de Madrid, como al resto de las autonomías, le corresponde la mitad del impuesto y ahí puede bajar o subir la tarifa impositiva.
Alianza entre Ayuso y Almeida en defensa de las corridas de toros en Madrid
En este caso, Madrid bajó los tipos impositivos de cada tramo de renta. ¿Cuál fue el resultado? El que declaraba 13.300 euros tuvo una rebaja de 69 euros en el impuesto. El de 260.000 euros en cambio fue mucho más afortunado, Ayuso le rebajó 3.170 euros. "Una rebaja 46 veces mayor que la primera". Un premio por ser rico. Cuanto más gana cada contribuyente más se beneficia de la rebaja. Y así en todos los ejercicios en los que el PP presumió de bajar los impuestos.
En el siguiente gráfico se muestran, expresados en euros, los 6 tramos seleccionados, desde 13.300 euros hasta 260.000 de base liquidable; aquélla a la que ya se han descontado las deducciones. Se muestra también la escala, tanto de la mitad que corresponde al Estado, como de la que corresponde a la Comunidad de Madrid. Es la cuantía a partir de la cual se aplica el tipo impositivo por cada tramo, que figura en la columna siguiente.
La cuota líquida es lo que finalmente tiene que pagar el contribuyente. "La última columna refleja cuánto supone la rebaja aplicada por la Comunidad de Madrid, respecto a los tipos establecidos por el Estado". La rebaja es más elevada cuanto más se gana.
Fuente: Elaboración propia con datos de la Agencia Tributaria.
Pero hay más, Madrid es la única comunidad en la que "no se tributa por la riqueza y perdona 900 millones de euros". El PP decidió no aplicar el impuesto de patrimonio, que solo pagan algo más de 27.000 personas en todo el país, las más ricas de los 19 millones de contribuyentes que hay en España. Y en Madrid, no hace falta decirlo, es donde más ricos hay. Es otro premio a la riqueza, otorgado por Ayuso y sus antecesoras a quienes tienen más dinero.
Además, si estos fallecen, sus herederos directos no tendrán que pagar por el impuesto de sucesiones, como en otras partes del país. Y claro, son especialmente beneficiados los más ricos, que por lógica son los que más heredan.
"Las rentas medias heredan poco y las bajas casi nada". Hay que recordar para los que usan el falso argumento de que con el impuesto mucha gente no podría pagar por la casa heredada, que la vivienda familiar donde se reside no tributa en ningún caso porque está exenta.
Esto, que constituye la base de los impuestos que maneja el Gobierno autonómico, explica que a la comunidad madrileña se la considere como una especie de paraíso fiscal, "solamente para los ricos", he de apostillar siempre. Por eso no debería extrañar a nadie que un beneficiado por una gran rebaja del IRPF y por no tener que pagar el impuesto de patrimonio como es Kike Sarasola, regalase a la presidenta Ayuso un número indeterminado de días en una suite de un establecimiento hotelero de su propiedad.
Pero Ayuso le ha regalado mucho más, 'vía rebaja de impuestos', con el dinero de los madrileños. Pero sí extraña, en cambio, que el candidato del PSOE en la comunidad madrileña, Ángel Gabilondo, no sea partidario de modificar la fiscalidad que he descrito.
La vivienda
En 2013, la Comunidad de Madrid vendió a un fondo buitre 3.000 viviendas sociales que tenía alquiladas a otras tantas familias de renta baja. Fue en 'uno de los peores momentos de la crisis'; gobernaba por entonces Ignacio González, detenido poco después por corrupción, como tantos otros. Ahora libre, como tantos otros. Los buitres del fondo comenzaron a expulsar de sus casas a los inquilinos: "1.213 familias se quedaron en la calle".
Muchos otros estaban en procesos de desahucio, "paralizados gracias a las sentencias que declararon nula esta venta masiva de un bien social público". La Comunidad de Ayuso recurrió la decisión judicial "en un claro acto de connivencia y reafirmación con la tropelía de Ignacio González".
"La Justicia falló en su contra y el fondo buitre devolverá a la Comunidad de Madrid las viviendas que aún tiene en su poder. El resto habrá que reclamarlas a los nuevos compradores". No obstante, la Comunidad asegura que "devolverá las casas, una a una, a sus inquilinos originarios, pero solo si lo solicitan vía judicial".
Esta información, recogida de diversos medios, es la representación más fiel de la política de vivienda del PP en la Comunidad de Madrid. Pero no solo fue perpetrada por el órgano autonómico: el Ayuntamiento, con Ana Botella al frente, hizo lo propio con 1.860 viviendas sociales. En Tres Cantos, 1.000 viviendas de protección oficial para alquiler corrieron la misma suerte.
El último presupuesto de la comunidad madrileña, el de 2019 -dos veces prorrogado por Ayuso- contempla la construcción de 44 viviendas de protección pública para alquiler. A ese ritmo, "completar un parque de viviendas públicas para alquiler como el que vendió el gobierno madrileño del PP llevaría ¡67 años!".
Ese mismo presupuesto destina dinero para actuaciones de vivienda: "ayudas a la construcción, rehabilitación o alquiler por un total de 66 millones de euros". Pues bien, de ellos la mayoría, 'el 65 por ciento', es dinero que pone el Estado con el Plan Estatal de Vivienda.
"Esto no quiere decir que no se hagan viviendas en Madrid. Claro que se hacen y más que en ningún otro sitio". En los últimos años, 2019 y 2020, se terminaron en la Comunidad de Madrid unas 31.670 viviendas, superando incluso a Andalucía y Cataluña, con más población. "Hablamos, claro está, de viviendas libres, de puro mercado".
Además, "en toda la región hay más de 43.000 viviendas nuevas sin vender". El grueso procede del 'boom del ladrillo' en 2008, pero en el caso de Madrid, en lugar de descender, el stock va en aumento, algo casi único. Ese exceso de vivienda no significa que los precios se hayan moderado. Desde 2014, el precio por comprar una vivienda en la autonomía madrileña ha subido un 52 por ciento y el alquiler el 40. En ese tiempo, desde 2014, fueron expulsadas de sus casas unas 44.545 familias por no poder pagar la vivienda, la gran mayoría inquilinos. Con ello se completa el círculo del mercado de la vivienda: "más casas vacías, casas más caras y más gente expulsada de sus casas".
La sanidad
Son conocidos los desatinos acompañados de propaganda indecente que está padeciendo la gestión de la sanidad madrileña durante la pandemia. No voy a dedicar este artículo a todo lo derivado de la Covid. No creo que pueda aportar más de lo ya dicho por otros.
Solo recordaré que la preocupación de Ayuso, real o simulada, "es dar prioridad al negocio (lo que llaman la economía) sobre la salud". Este principio puede considerarse el paradigma de la política sanitaria del PP, en este caso, "el negocio de unos pocos frente a la salud de todos".
Durante el mandato de Ignacio González, el PP pretendió hacer una privatización completa de la sanidad pública madrileña. Javier Fernández Lasquetty, actual consejero de Hacienda, lo era entonces de Sanidad.
Javier Fdez. Lasquetty, actual consejero de Hacienda
En 1996, el año en el que el Partido Popular llegó al poder en la Comunidad de Madrid, "la sanidad pública disponía de 14.000 camas hospitalarias. 26 años después tiene 800 menos. Mientras disminuían las plazas para ingresar en un hospital, la población madrileña ha aumentado en 1.600.000 personas". En esto, como en tantas otras cosas, se comprueba el “ahorro” del que hablaba el consejero de Hacienda de Ayuso y que en realidad supone el abandono de parte de los servicios públicos.
El cuidado de la salud es una de las obligaciones que tiene encomendada la Comunidad de Madrid. Sin embargo, lo mismo que al resto de los servicios básicos, se le puede sacar partido, se puede conseguir que sea un negocio. La carencia de hospitales públicos se ha suplido creando más hospitales privados, gran parte de los cuales son un auténtico negocio. Pero ésa es solo la parte más pequeña de la tarta del negocio sanitario.
Esperanza Aguirre acordó la construcción de 8 hospitales para lo que destinó 2.280 millones de euros. Los construyeron empresas en su gran mayoría del sector del ladrillo a cambio de quedarse con la gestión de los hospitales y recibir un canon durante casi 30 años. No fue suficiente y muchos reclamaron más dinero, que la Comunidad de Madrid les pagó.
Esperanza Aguirre y Gil de Biedma
No hay ni que decir que muchas de las empresas concesionarias o sus dueños, figuran en la relación de investigados por las conocidas redes de corrupción del PP, Gürtel o Púnica. Tampoco aporto novedad alguna al recordar que los consejeros de Sanidad de esos años, Manuel Lamela y Juan José Güemes, ocuparon puestos directivos en empresas de sanidad vinculadas a estos negocios.
La colaboración público-privada en el campo de la sanidad no es nueva
y se justifica por considerarla 'más eficiente' y por tanto 'menos costosa'
para el ciudadano. "Es un argumento falaz, porque no tiene en cuenta la
calidad o falta de calidad del servicio que se presta a los pacientes".
Pero, con todo y con eso, "también es falaz el argumento de que el sector sanitario privado es más 'eficiente'". He tomado los dos hospitales más emblemáticos de cada sector: La Paz y la Fundación Jiménez Díaz. Este último, por cierto, es propiedad de una multinacional alemana del sector sanitario: Fresenius. Lo de 'fundación' es un adorno proveniente del pasado.
Hospital privado, Fundación Jiménez Díaz (Madrid)
A lo que voy, "La Paz tiene un coste de 526 millones de euros al año, según los presupuestos de la Comunidad de Madrid y dispone de 1.308 camas, por lo que el coste por cama es de 400.000 euros anuales. La Fundación Jiménez Díaz cuenta con 659 camas y recibe 372 millones. Eso es, un coste por cama de 564.000 euros". Conclusión: "sale mucho más caro el gran hospital privado de Madrid que el público". Eso sin tener en cuenta la calidad, medios y profesionales de que dispone La Paz frente a la FJD.
Se pueden contar otras muchas cosas sobre el papel del Partido Popular al frente de la sanidad madrileña. Según los datos del Ministerio de Sanidad, "la atención primaria madrileña es la más pobre de España, siendo la región más rica en renta". Sólo dispone de 6,3 centros de salud por cada 100.000 habitantes frente a los 16 de Cataluña, por ejemplo. "Es la segunda comunidad con menos hospitales públicos por habitante, detrás de Baleares.
Acabo. "Mientras el PP siga gobernando, solo o en compañía de otros, lo hará como hasta ahora: en favor de los ricos y en detrimento del resto".
Hospital público, La Paz (Madrid)
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