La banca española anuncia, a bombo y platillo, la previsible desaparición de unos 18.000 empleos en los próximos meses, con lo qué la destrucción de puestos de trabajo bancario, superaría la cifra de 120.000 desde que se inició la crisis sistémica en 2008. Solo en un año en toda la historia hubo un ajuste mayor, fue en 2012, el año del rescate de Bankia, y entonces la cifra fue de 18.398 en todo el ejercicio. Teniendo en cuenta que solo estamos en abril, todo parece indicar que en 2021 se batirá el récord del mayor recorte de empleo en el sector.
Mirando hacia atrás, hacia el rescate bancario llevado a cabo en España con ayudas públicas (unos 65.000 millones de euros incluyendo el Fondo de Garantía de Depósitos) y fondos proporcionados por la Unión europea, cabe preguntarse si esos mismos bancos que se beneficiaron descaradamente del rescate y que, según cálculos del FROB (Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria), nos deben aún a los ciudadanos de este 'pís' más de 43.000 millones (un 75% de las ayudas públicas concedidas) tienen la desvergüenza de rescindir plantillas para mejorar su situación económica.
La sangría en ciernes agravará aún más la precaria situación del mercado laboral español, elevando su tasa de desempleo, presumiblemente, más allá de los 4 millones de parados-as, todo eso sin contar los casi 900.000 trabajadores que continúan en ERTE (expediente de regulación temporal). Ante tamaña calamidad, que la banca se permita echar gente a la calle, ya sea con disfraz de ERE (expediente de regulación de empleo - subterfugio lingüístico para denominar a los despidos de toda la vida) de prejubilaciones o de acuerdos personales, clama al cielo.
Ante tamaño atentado laboral y social que, indefectiblemente, irá en franco detrimento de la economía de los ciudadanos, cabe preguntarse qué podemos hacer para defendernos de esos buitres insaciables, pero ante mi asombro, la mayoría ni siquiera se atreve a planteárselo.
Miguel Ángel G. Yanes
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