TOCA RENEGOCIAR EL CONCORDATO

"Modificar las relaciones entre el Estado español y la Santa Sede (y por consiguiente con la Conferencia Episcopal Española) no es, en realidad, asunto fácil ni, desde luego, rápido. Sin embargo, este es quizá el mejor momento para abrir ese proceso de revisión", primero porque los principales partidos que se presentan a las elecciones generales (PSOE, Ciudadanos, Podemos, Unidad Popular), salvo el PP, incluyen en sus programas explícitamente ese objetivo y, segundo, porque "es posible que la Santa Sede, bajo el papado de Francisco, sea más receptiva que en otras ocasiones a algunos de esos cambios".

Este es también un momento en el que "los sectores más duros de la Iglesia española están desprestigiados", en Roma e incluso entre buena parte de sus seguidores o fieles, lo que debería facilitar la tarea.

"El año 2016 debería marcar el inicio de una nueva época, en la que 'la no confesionalidad del Estado', proclamada en la Constitución de 1978 (y desmentida solo unos días después, el 3 de enero de 1979, con la firma del núcleo duro del tratado conocido como Concordato) se traduzca finalmente en un verdadero respeto a la laicidad y se supriman privilegios que resultan absolutamente anacrónicos".

"Las relaciones entre la Santa Sede y el Estado español están reguladas en 6 acuerdos, que sustituyeron al Concordato de 1953, firmado en plena etapa del nacional-catolicismo y la dictadura del general Franco".

Los acuerdos tienen fecha de 1976 (uno, relacionado con el fuero judicial de los sacerdotes y el nombramiento de obispos) y sobre todo, de 1979 (cuatro, sobre asuntos jurídicos, enseñanza y cultura, asuntos económicos y asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas). El sexto acuerdo, de 1994, trata asuntos de interés común en Tierra Santa (Israel y Palestina).

Jerusalem (Tierra Santa)

"Los acuerdos de 1979, fueron negociados a toda velocidad por el Gobierno de Adolfo Suárez con el cardenal Vicente Enrique Tarancón, seguramente el más progresista de la democracia e impulsados por un ministro que representaba al sector demócrata-cristiano de UCD, Marcelino Oreja".

"El acuerdo tiene rango de tratado internacional y, como tal, puede ser denunciado por cualquiera de las partes firmantes. Sin embargo, y esa es la primera dificultad, no tienen fecha de caducidad" y, en principio, abrir un proceso de revisión exige que existan 'causas importantes', y que las dos partes estén de acuerdo en iniciarlo. No sirve de nada, pues, denunciarlo.

"Existen, evidentemente, dos causas indiscutibles de revisión: que alguno de los acuerdos sea inconstitucional; o que una posible reforma de la Constitución de 1978 suprima la mención expresa a la Iglesia Católica que figura en el texto actual".

El artículo 16.3 establece, textualmente: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”.

"Si, como propone por ejemplo el programa del PSOE, se suprimiera esa mención, la causa 'importante' de revisión sería evidente": adecuar los acuerdos a un nuevo texto constitucional. "Sin embargo, al encontrarse el artículo 16 en la llamada zona protegida, ‘De los derechos fundamentales y de las libertades públicas’, el método de reforma constitucional es especialmente largo y complicado".

"El deseo de cambiar las relaciones con la Santa Sede y de introducir una mayor laicidad en la vida pública española es ya muy antiguo". El acuerdo sobre enseñanza y cultura, por ejemplo, no obtuvo en el Congreso de los Diputados en 1979 el mismo respaldo que obtuvieron los otros tres. Solo consiguió 170 votos a favor, frente a 125 en contra y una abstención. "Al rechazo de los diputados comunistas, que también votaron contra el acuerdo económico, se unió en este caso el del Grupo Socialista", que compartió los argumentos expuestos por el entonces miembro del PSUC, Jordi Solé Tura: "el acuerdo podía ser incompatible con la recién aprobada Constitución. Ningún grupo, sin embargo, llegó a plantear un recurso al respecto".

"Hoy, todos los partidos salvo Unidad Popular asumen que la convivencia entre escuelas públicas y colegios religiosos concertados es inevitable". En el curso 2013-14 había en España 4.976 colegios concertados, según datos oficiales, y "el 90% eran religiosos, es decir católicos". Pero nadie sabe exactamente cuántos colegios católicos concertados se han abierto durante los últimos 4 años, aunque sí se sabe que "algunos de ellos han nacido al calor de tramas corruptas como la Púnica".

Algunos afirman que "no se trata de suprimir esas escuelas concertadas, sino de garantizar que los fondos públicos sean empleados de manera constitucional y que no se privilegie a las escuelas católicas sobre la enseñanza pública", como ha ocurrido durante muchos periodos de la historia reciente.

"La realidad es que, hasta ahora, los partidos de izquierda han hablado mucho de la denuncia de esos acuerdos y de la necesidad de poner freno a las 'ansias expansionistas de la jerarquía católica española', pero a la hora de la verdad no han hecho prácticamente nada". Los socialistas, que incluyeron la denuncia en el Congreso de 2012, cuando gobernaban "estimaron que era más importante sacar adelante nuevas leyes de Educación o la asignatura de la Educación para la Ciudadanía que abordar la reforma del marco jurídico global".

"Los paños calientes no sirvieron para calmar a la 'jerarquía católica', que jamás aceptó la Educación para la Ciudadanía y que peleó denodadamente, incluso con manifestaciones callejeras, contra ella".

"Tampoco ha servido de mucho la benevolencia de los sucesivos gobiernos socialistas con la financiación de la Iglesia, que debería ser ya 'absolutamente privada', y que ha dispuesto cada vez de más fondos públicos". Toda actitud contemporizadora con la 'jerarquía católica española' solo ha servido para ampliar sus exigencias y 'su discurso intolerante'.

PSOE, Podemos y Unidad Popular, con el apoyo puntual de Ciudadanos, cuyo programa es menos tajante pero "habla de la laicidad como premisa básica de la enseñanza”, tendrán seguramente suficiente fuerza en el nuevo Congreso como para "solicitar a Roma la apertura del proceso de revisión de los acuerdos del 79" y para declarar una especie de moratoria de los acuerdos actuales, como medida de presión.

"Mientras la Santa Sede no acepte abrir la negociación y mientras el Parlamento español no apruebe un marco jurídico nuevo, lo razonable es que no se acepte ni un solo colegio religioso concertado más" ni la inscripción de nuevas entidades religiosas dedicadas a la enseñanza.

"Igualmente, y "con la máxima urgencia, las autoridades deben hacer un inventario de todos los bienes, edificios, casas y residencias supuestamente dedicadas al culto 'pero que están destinados a otros fines' y que eluden así su obligación de someterse al régimen fiscal general, obviando su obligación de pagar impuestos, IBI y demás tasas".

"Según las estimaciones de la asociación Europa Laica, la Iglesia española recibe cada año, por acción, elusión, omisión, asistencia, mantenimiento, subvenciones y el 0.7% del IRPF, un total de 11.000 millones de euros del Estado". Quizá la cifra sea exagerada, pero es urgente confirmar el montante global y "emplazar al Vaticano a negociar un acuerdo nuevo, transparente, sin privilegios ni abusos".

El Vaticano

FUENTE: ctxt.es

Editorial

09/12/2015

 
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