LA IGLESIA Y EL IRPF

La Iglesia gasta más de 4 millones en publicitar su casilla del IRPF, el doble de lo que paga a los obispos

La memoria de la Conferencia Episcopal de 2018 señala que ese año se destinaron 4.728.111 euros para la campaña de la renta, que dejó un ingreso récord de 285.115.796 euros

El presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella, durante la celebración en la Sagrada Familia de una misa por las personas fallecidas a causa de la pandemia. EFE/Quique García

"Un 'mensaje claro', que haga aflorar los 'sentimientos' y 'afloje el bolsillo'. Año tras año, la Iglesia busca 'convencer a sus seguidores' para que marquen la 'casilla católica' en sus respectivas 'declaraciones de la renta', algo tan sencillo para los contribuyentes como 'millonario' para la Conferencia Episcopal". No en vano, la 'campaña de comunicación' en torno a la asignación tributaria se lleva cerca de 5 millones de euros, el doble de lo que destina a los sueldos de sus obispos.

Los datos económicos de la Conferencia Episcopal Española (CEE) aparecen reflejados en la 'memoria de actividades de 2018' entregada la pasada semana al Gobierno. Este documento cuenta con el 'aval' de un informe de 'aseguramiento razonable' de la auditora internacional PwC, que subraya que "dicha 'memoria' presentada por la Iglesia ha sido preparada de manera 'adecuada y fiable'".

En ese documento de 107 páginas, la CEE defiende que "quiere ofrecer a la sociedad 'su verdadero rostro', dando a conocer su forma de 'organización', su 'estructura', su 'financiación' y las 'actividades' que desarrolla en el marco de sus 'fines propios': la 'evangelización', la 'vivencia de la fe' y el 'ejercicio de la caridad'".

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En el 'apartado económico', destaca que en 2018 recibió 285.115.796 euros en el marco de la 'campaña de la renta', lo que supone la 'cifra más alta' desde el comienzo de la 'asignación tributaria'. "En 2018 los españoles colaboraron en la 'financiación de la Iglesia' con 17 millones de euros más 'que el año anterior', lo que supone un incremento del 6,37%", subraya.

La 'campaña de comunicación' en torno a la 'asignación tributaria' estuvo dotada en 2018 con 4.728.111 euros. Esa cantidad supuso el 92,1% del presupuesto destinado al concepto 'campañas de comunicación y plan de transparencia' de la Conferencia Episcopal. De hecho, al 'plan de transparencia' se destinaron 402.623 euros.

"El dinero destinado a esas 'campañas' significa 'más del doble' de la cantidad total empleada en la 'retribución del conjunto de los obispos de España'", que en 2018 alcanzó los 2.322.505 euros. Según ha podido confirmar Público, esta cifra "abarca a 82 obispos en activo, cuyo sueldo medio es de 1.250 euros dirigidos a cubrir 'gastos personales'". Sus 'gastos corrientes' –pago de facturas o relacionados con la vivienda– 'corren a cargo de cada diócesis'.

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"No cuestionamos los ingresos que tiene la Iglesia o si cobran 1.200 o 1.500 euros, sino 'lo que se hace con el dinero público'", destaca Juanjo Picó, portavoz de Europa Laica. Este periódico ha consultado también a la Conferencia Episcopal sobre estas 'retribuciones', pero de momento 'no ha habido respuesta'.

La CEE subraya además que "el 80% de los 'recursos' que llegan a través de la 'asignación tributaria' se envían directamente a las diócesis para 'su sostenimiento'". Se trata concretamente de 202.095.202,98 euros que "son enviados a las 70 diócesis españolas e incorporados a sus 'presupuestos' para la realización de sus 'actividades'". Por su parte, el 20% restante de los recursos "se distribuye según los criterios aprobados anualmente en Asamblea Plenaria: Seguridad Social del 'clero y obispos', 'proyectos de rehabilitación' y 'construcción de templos de las distintas diócesis', 'actividades pastorales', 'Cáritas diocesanas', etcétera".

'Artimañas'

 

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Con estos datos sobre la mesa, Picó habla de 'la pescadilla que se muerde la cola'. "Se pide dinero del IRPF, y lo que se obtiene se utiliza para 'pagar campañas' con ese mismo objetivo", destaca a Público. Esta organización lleva años denunciando las 'artimañas' de la Iglesia católica para obtener 'financiación'. "Es uno 'desmadre democrático': son los gobiernos de turno quienes siguen permitiendo que la Iglesia tenga esos 'privilegios'", subraya.

Precisamente, en mayo pasado Europa Laica denunció "la existencia en el IRPF de las casillas de Asignación Tributaria a la Iglesia y a Fines Sociales que 'detraen impuestos de la hucha común' en lugar de dedicarlos a 'servicios públicos de interés general'" y exigió que el Gobierno de coalición "no participe apoyando 'campañas publicitarias' que persiguen 'detraer fondos de las cuentas públicas' o fomentar una 'ideología de caridad' frente a la 'solidaridad social' y la 'neutralidad confesional'".

'Aportaciones voluntarias'

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La CEE destaca en su memoria que "la principal 'fuente de financiación' para las 'diócesis españolas' es la que proviene de las 'aportaciones' directas y voluntarias de los 'fieles', que suponen 'más de un tercio' de los recursos disponibles de las diócesis". De hecho, en 2018 alcanzaron los 326.019.427 euros y representaron el '33% de sus recursos económicos'. "Se trata de 'recursos recibidos de los fieles' sin contraprestación por 'colectas ordinarias', popularmente conocidas como 'cepillos'. También hace mención a 'suscripciones periódicas' y otros ingresos que carecen de 'contraprestación'".

Por su parte, el Fondo Común Interdiocesano, constituido a través de la 'asignación tributaria', "supone, de media, un 23% de la 'financiación básica' de las diócesis españolas. Hubo además 106.178.987 euros correspondientes a ingresos del 'patrimonio inmobiliario, financiero y actividades económicas diversas'". Asimismo, en el capítulo de 'otros ingresos corrientes' figuran "264.193.358 euros que corresponden a 'servicios diversos', 'subvenciones','ingresos de otras instituciones religiosas' y 'otros ingresos'".

Más de 17.000 sacerdotes

Orden sacerdotal

El 'informe' también ofrece un pantallazo de la 'realidad eclesiástica' a día de hoy en España. Se señala que hay 22.997 parroquias, 783 monasterios y 4.785 comunidades religiosas. Existen además 13.149 entidades religiosas inscritas en el 'registro correspondiente', de las cuales 5.968 son asociaciones.

El 'plantel' de la Iglesia está compuesto, entre otros, por 17.337 sacerdotes, 9.151 monjas y monjes de clausura, 102.859 catequistas y 1.203 seminaristas. Se detalla además que cuentan con 3.096 bienes inmuebles de interés cultural. "En total, el 'impacto global' estimado de los bienes de interés cultural y de las fiestas religiosas equivale a 'más 3% del PIB de España'", añade el documento.

FUENTE: publico.es
Danilo albín 
Bilbao - 27/07/2020

Quiero aclarar, para los que desconozcan el dato, que gran parte de las ONG españolas están vinculadas a la Iglesia católica, de modo y manera que, ya sea por una u otra casilla de la declaración de Hacienda, los dineros van a parar a las sagradas arcas. No obstante no dejo de reconocer que algunas de esas ONG (como es el caso de Cáritas) realizan una ímproba labor, pero hay otras que están enfocadas básicamente a proyectos de difusión y adoctrinamiento católico.

Aclarar también con respecto a Cáritas, que tan solo el 2% de su presupuesto proviene de la Iglesia, el 98% restante lo aportan el Estado mediante subvenciones y las donaciones privadas.

PATADA EN EL CULO

Los obispos dan una patada al Gobierno en el culo de los pobres

Luis Argüello García

Según informó la Cadena Ser, el portavoz de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, ha declarado que el ingreso mínimo vital o renta básica que prepara el gobierno para ayudar a quienes se han quedado en paro o lo necesitan "es indispensable, pero sólo mientras dure la crisis del coronavirus" pues, en su opinión, "pensar en una permanencia de grupos amplios de cuidadanos que vivan de manera subsidiada yo creo que no sería un horizonte deseable a largo plazo para el bien común".

Naturalmente, la jerarquía de la Iglesia católica española está en su derecho de mantener las posiciones políticas que desee y es lógico que lo haga, teniendo tantos privilegios heredados de la dictadura, que le conviene proteger. Sin embargo, me parece que la declaración que ha hecho su portavoz se puede considerar objetivamente como tramposa, cínica y tan falsa y oportunista que incluso es contraria a la propia doctrina católica y a lo que propone Cáritas, que es la organización a la que los propios obispos españoles confían la lucha contra la pobreza. A continuación, justifico mi opinión.

Declaración tramposa

Obispos españoles

Los obispos han hecho una declaración tramposa porque la renta básica, ingreso mínimo, renta de inserción... o como se quiera llamar a lo que va a aprobar el gobierno ya existe en todas las comunidades autónomas de España, gobernadas por partidos de distinto signo.

Lo único que ahora parece que pretende hacer el gobierno es establecer en España lo que ya existe en todos los países miembros de la Unión Europea, un ingreso o renta mínima nacional para combatir la pobreza, algo que en nuestro país (y esto sí que es criticable) no existe porque lo que tenemos son rentas mínimas en todas las comunidades autónomas, aunque con distinto nombre, condiciones y contenido y conformando todas ellas un conjunto (más bien una maraña) con grandes deficiencias, inequidades y disfuncionalidades que sí conviene reformar.

Por lo tanto, los obispos españoles hacen trampa cuando se meten en el rifirrafe contra el gobierno con la excusa de estar preocupados porque haya "grupos amplios de cuidadanos que vivan de manera subsidiada", como ha dicho su portavoz.

Son tramposos porque están criticando como si fuera nuevo lo que ya existe. Si su preocupación por esa situación fuese sincera la hubieran expresado ya hace tiempo en todas las comunidades autónomas y no ahora; y, además, habrían criticado ese ingreso mínimo o renta básica no sólo en España sino en toda Europa.

¿Por qué lo hacen ahora, justo en este momento político? Obviamente, no puedo saber las intenciones de sus eminencias pero, en fin, es como eso de que sale de una vaca, es blanca y se mete en una botella...

Declaración cínica

Además de tramposa, la declaración de los obispos españoles es cínica porque la institución que recibe más subsidios en España y la que tiene más privilegios democráticamente injustificables, y a diferencia de lo que ocurre en cualquier otro país europeo, es precisamente la Iglesia Católica.

Sin necesidad de entrar en el debate de si una parte del dinero que recibe del Estado es como contraprestación a servicios que realiza a la sociedad (algo que es bastante discutible pero que incluso puedo dar por bueno), lo cierto es que la Iglesia Católica tiene en España una financiación privilegiada que se puede considerar como un auténtico subsidio: entre otros, multitud de exenciones fiscales, el pago a sacerdotes o la posibilidad de inmatricular propiedades (se ha calculado que se ha apropiado de unas 100.000 desde que la dictadura franquista le permitió quedarse con ellas sólo con que el obispo correspondiente certificara que era suya).

Es muy cínico, pues, que los obispos españoles se preocupen ahora porque las personas sin empleo ni ingreso puedan recibir un subsidio para sobrevivir cuando su Iglesia católica española no podría vivir como vive ni hacer lo que hace si no fuera por los subsidios que recibe del Estado.

Y es particularmente cínico que la Conferencia Episcopal haga esa crítica cuando la jerarquía católica española hace un uso tan poco ejemplar del dinero que recibe del Estado. Por ejemplo, cuando dedica más dinero (10 millones de euros últimamente y más en años anteriores) a una cadena de televisión derechista y muy deficitaria (13TV) que a Cáritas (6 millones).

Con tal de atacar al gobierno, los obispos españoles se saltan a la torera su propia doctrina. El Papa Francisco acaba de reclamar hace unos días un 'salario universal' para "garantizar y hacer realidad esa consigna tan humana y tan cristiana: ningún trabajador sin derechos".

Una reivindicación que, en puridad, es mucho más radical que la de una renta básica pues implica que el precio del trabajo no se fije en función de la oferta y la demanda en los mercados sino de tal manera que "reconozca y dignifique las nobles e insustituibles tareas que realizan" quienes "viven el día a día sin ningún tipo de garantías legales que los proteja".

¿Qué ocurre, entonces, cuando hay personas que no tienen los recursos necesarios para sobrevivir porque el Estado no cumple con la obligación de concederle el subsidio de desempleo al ser despedidos involuntariamente (un millón de parados en España no recibe ayudas) o cuando, por cualquier otra circunstancia indeseada, no encuentran empleo? Para los obispos españoles está claro: esas personas empobrecidas deben mantenerse en la indigencia o vivir de la caridad. 

El gobierno, como antes todas las comunidades autónomas y todos los gobiernos europeos sin excepción, trata de evitar -con más eficacia de la que se consigue hasta ahora- que quienes estén en esa situación permanezcan en la pobreza. Y esto le parece mal a los obispos españoles, unos señores que en nombre de Dios se llenan la boca pregonando justicia, amor al prójimo, solidaridad, generosidad o paz.

La prueba palpable de que la propuesta que acaban de hacer los obispos españoles (dejar sin ingreso mínimo a las personas que no están empleadas y carecen de rentas una vez que pase la crisis del coronavirus) es contraria a su propia doctrina la ofrece Cáritas, la organización católica que tan ejemplar y esforzadamente se dedica a combatir la pobreza y a tratar de remediar el daño que produce a tantas personas.

Basta dedicar unos minutos a indagar en Google o en cualquier otro buscador para encontrar pruebas de que, quienes de verdad siguen la doctrina católica y luchan día a día contra la pobreza como hace Cáritas, sí defienden un ingreso o renta mínimos, antes y después de la crisis del coronavirus. Yo ofrezco modestamente estas primeras que he encontrado sobre la marcha por si de su lectura pudiera brotarles a sus eminencias algo de arrepentimiento y propósito de la enmienda:

• Cáritas seguirá promoviendo la renta mínima garantizada
• Cáritas pide que los Presupuestos de 2020 amplíen la cobertura de la Renta Mínima y un plan de apoyo a las familias
• Cáritas solicita la renta básica como garantía para erradicar la pobreza
• Cáritas edita un manual de referencia sobre el actual marco legal de la protección social en España (...) la autora propone la articulación de un marco legal básico de garantía de mínimos para todo el territorio
• Cáritas insiste en establecer un Ingreso Mínimo Garantizado que proteja a las familias más golpeadas por el coronavirus. Urge al Gobierno a establecer un IMG equivalente para todo el Estado y que se mantenga en el futuro
• Cáritas: La propuesta de ingreso mínimo garantizado para la inclusión no puede quedar circunscrita a la actual crisis que estamos atravesando

Como he dicho antes, los obispos están en su derecho de militar contra el gobierno y de defender sus intereses y privilegios. Por mí pueden seguir haciéndolo pero, como acabo de demostrar, lo que han hecho con esta declaración es muy feo. Si de verdad creen en el infierno y en todo lo que predican yo les aconsejo humildemente que vayan corriendo a confesarse.

FUENTE: publico.es

La tramoya

Juan Torres López

21/04/2020

TOCA RENEGOCIAR EL CONCORDATO

"Modificar las relaciones entre el Estado español y la Santa Sede (y por consiguiente con la Conferencia Episcopal Española) no es, en realidad, asunto fácil ni, desde luego, rápido. Sin embargo, este es quizá el mejor momento para abrir ese proceso de revisión", primero porque los principales partidos que se presentan a las elecciones generales (PSOE, Ciudadanos, Podemos, Unidad Popular), salvo el PP, incluyen en sus programas explícitamente ese objetivo y, segundo, porque "es posible que la Santa Sede, bajo el papado de Francisco, sea más receptiva que en otras ocasiones a algunos de esos cambios".

Este es también un momento en el que "los sectores más duros de la Iglesia española están desprestigiados", en Roma e incluso entre buena parte de sus seguidores o fieles, lo que debería facilitar la tarea.

"El año 2016 debería marcar el inicio de una nueva época, en la que 'la no confesionalidad del Estado', proclamada en la Constitución de 1978 (y desmentida solo unos días después, el 3 de enero de 1979, con la firma del núcleo duro del tratado conocido como Concordato) se traduzca finalmente en un verdadero respeto a la laicidad y se supriman privilegios que resultan absolutamente anacrónicos".

"Las relaciones entre la Santa Sede y el Estado español están reguladas en 6 acuerdos, que sustituyeron al Concordato de 1953, firmado en plena etapa del nacional-catolicismo y la dictadura del general Franco".

Los acuerdos tienen fecha de 1976 (uno, relacionado con el fuero judicial de los sacerdotes y el nombramiento de obispos) y sobre todo, de 1979 (cuatro, sobre asuntos jurídicos, enseñanza y cultura, asuntos económicos y asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas). El sexto acuerdo, de 1994, trata asuntos de interés común en Tierra Santa (Israel y Palestina).

Jerusalem (Tierra Santa)

"Los acuerdos de 1979, fueron negociados a toda velocidad por el Gobierno de Adolfo Suárez con el cardenal Vicente Enrique Tarancón, seguramente el más progresista de la democracia e impulsados por un ministro que representaba al sector demócrata-cristiano de UCD, Marcelino Oreja".

"El acuerdo tiene rango de tratado internacional y, como tal, puede ser denunciado por cualquiera de las partes firmantes. Sin embargo, y esa es la primera dificultad, no tienen fecha de caducidad" y, en principio, abrir un proceso de revisión exige que existan 'causas importantes', y que las dos partes estén de acuerdo en iniciarlo. No sirve de nada, pues, denunciarlo.

"Existen, evidentemente, dos causas indiscutibles de revisión: que alguno de los acuerdos sea inconstitucional; o que una posible reforma de la Constitución de 1978 suprima la mención expresa a la Iglesia Católica que figura en el texto actual".

El artículo 16.3 establece, textualmente: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”.

"Si, como propone por ejemplo el programa del PSOE, se suprimiera esa mención, la causa 'importante' de revisión sería evidente": adecuar los acuerdos a un nuevo texto constitucional. "Sin embargo, al encontrarse el artículo 16 en la llamada zona protegida, ‘De los derechos fundamentales y de las libertades públicas’, el método de reforma constitucional es especialmente largo y complicado".

"El deseo de cambiar las relaciones con la Santa Sede y de introducir una mayor laicidad en la vida pública española es ya muy antiguo". El acuerdo sobre enseñanza y cultura, por ejemplo, no obtuvo en el Congreso de los Diputados en 1979 el mismo respaldo que obtuvieron los otros tres. Solo consiguió 170 votos a favor, frente a 125 en contra y una abstención. "Al rechazo de los diputados comunistas, que también votaron contra el acuerdo económico, se unió en este caso el del Grupo Socialista", que compartió los argumentos expuestos por el entonces miembro del PSUC, Jordi Solé Tura: "el acuerdo podía ser incompatible con la recién aprobada Constitución. Ningún grupo, sin embargo, llegó a plantear un recurso al respecto".

"Hoy, todos los partidos salvo Unidad Popular asumen que la convivencia entre escuelas públicas y colegios religiosos concertados es inevitable". En el curso 2013-14 había en España 4.976 colegios concertados, según datos oficiales, y "el 90% eran religiosos, es decir católicos". Pero nadie sabe exactamente cuántos colegios católicos concertados se han abierto durante los últimos 4 años, aunque sí se sabe que "algunos de ellos han nacido al calor de tramas corruptas como la Púnica".

Algunos afirman que "no se trata de suprimir esas escuelas concertadas, sino de garantizar que los fondos públicos sean empleados de manera constitucional y que no se privilegie a las escuelas católicas sobre la enseñanza pública", como ha ocurrido durante muchos periodos de la historia reciente.

"La realidad es que, hasta ahora, los partidos de izquierda han hablado mucho de la denuncia de esos acuerdos y de la necesidad de poner freno a las 'ansias expansionistas de la jerarquía católica española', pero a la hora de la verdad no han hecho prácticamente nada". Los socialistas, que incluyeron la denuncia en el Congreso de 2012, cuando gobernaban "estimaron que era más importante sacar adelante nuevas leyes de Educación o la asignatura de la Educación para la Ciudadanía que abordar la reforma del marco jurídico global".

"Los paños calientes no sirvieron para calmar a la 'jerarquía católica', que jamás aceptó la Educación para la Ciudadanía y que peleó denodadamente, incluso con manifestaciones callejeras, contra ella".

"Tampoco ha servido de mucho la benevolencia de los sucesivos gobiernos socialistas con la financiación de la Iglesia, que debería ser ya 'absolutamente privada', y que ha dispuesto cada vez de más fondos públicos". Toda actitud contemporizadora con la 'jerarquía católica española' solo ha servido para ampliar sus exigencias y 'su discurso intolerante'.

PSOE, Podemos y Unidad Popular, con el apoyo puntual de Ciudadanos, cuyo programa es menos tajante pero "habla de la laicidad como premisa básica de la enseñanza”, tendrán seguramente suficiente fuerza en el nuevo Congreso como para "solicitar a Roma la apertura del proceso de revisión de los acuerdos del 79" y para declarar una especie de moratoria de los acuerdos actuales, como medida de presión.

"Mientras la Santa Sede no acepte abrir la negociación y mientras el Parlamento español no apruebe un marco jurídico nuevo, lo razonable es que no se acepte ni un solo colegio religioso concertado más" ni la inscripción de nuevas entidades religiosas dedicadas a la enseñanza.

"Igualmente, y "con la máxima urgencia, las autoridades deben hacer un inventario de todos los bienes, edificios, casas y residencias supuestamente dedicadas al culto 'pero que están destinados a otros fines' y que eluden así su obligación de someterse al régimen fiscal general, obviando su obligación de pagar impuestos, IBI y demás tasas".

"Según las estimaciones de la asociación Europa Laica, la Iglesia española recibe cada año, por acción, elusión, omisión, asistencia, mantenimiento, subvenciones y el 0.7% del IRPF, un total de 11.000 millones de euros del Estado". Quizá la cifra sea exagerada, pero es urgente confirmar el montante global y "emplazar al Vaticano a negociar un acuerdo nuevo, transparente, sin privilegios ni abusos".

El Vaticano

FUENTE: ctxt.es

Editorial

09/12/2015

 
¡Cuatro añitos ya, 
y ni Pamplona!

MANIPULADORES DE CONCIENCIA

Los obispos analizarán la situación política y social de España en la Comisión Permanente

Detectan la necesidad de elaborar un texto que invite a los católicos a ir a votar el 10 de Noviembre

Ante las próximas elecciones generales, el debate sobre "la situación política y social de España" también llega a la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) que se celebra estos días en Madrid.

"Desde los primeros tiempos de la Transición política, los obispos, ante las jornadas electorales de carácter nacional, emitían una nota orientadora del voto en conciencia". Textos en los que se ofrecían una serie de criterios que ayudaban a discernir el voto de los católicos. Una práctica que se rompió bajo la presidencia del cardenal Ricardo Blázquez.

 

 Cardenal Ricardo Blázquez

"Ni en las elecciones generales de 2015, 2016 y 2019 los obispos, colegialmente, han dicho nada". Sí lo hicieron los obispos andaluces ante las elecciones en esa comunidad autónoma, con un comunicado con fecha de 2 de diciembre de 2018.

Sin embargo, la inédita situación por la que atraviesa la política española –cuatro elecciones generales en cuatro años–, con un bloqueo que tiene consecuencias políticas y sociales, y que "necesita de un discernimiento moral público", ha hecho que un grupo de prelados, "encabezado por el arzobispo de Valencia, el cardenal Antonio Cañizares*", manifiesten la necesidad de elaborar un texto en el seno de la CEE, como ejercicio de colegialidad, para enviar "un mensaje de esperanza" a la sociedad española.

Cardenal Antonio Cañizares

Un texto "que recuerde los valores sobre los que se construyó la Transición política" e invite a los católicos, y a las personas de buena voluntad, a ir a votar el próximo 10 de Noviembre.

La oportunidad de celebrar la Comisión Permanente en el inicio de este nuevo período, "alejado de la fecha de la celebración de las elecciones", eliminaría "cualquier acusación a los obispos españoles de inmiscuirse en el proceso electoral inmediato".

Iglesia y Transición política

FUENTE: periodistadigital.com
24/09/2019

Pero que morro tienen.

¿Qué coño pintan los obispos impartiendo directrices políticas a la feligresía?

¡Dedíquense a los temas religiosos y dejen de meterse donde nadie los llama... jodidos manipuladores de conciencia!