PRIVILEGIOS DE LA IGLESIA

Un juzgado ampara el retraso del Gobierno en entregar la lista de las inmatriculaciones de la Iglesia

El juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Madrid indica que el Ejecutivo no debe entregar el listado de 30.000 bienes registrados a nombre de la Conferencia Episcopal Española bajo el auspicio de la 'Ley Aznar' a Maldita.es, según estableció el Consejo de Transparencia. El Gobierno lleva 2 años de retraso para entregar esa información al Congreso.

 

Reunión de la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, y del presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, el pasado mes de junio. (Fuente: La Moncloa).

El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Madrid dictamina "que el Gobierno no tiene que entregar el listado de 30.000 bienes inmatriculados por la Iglesia Católica, dando así la razón al Ministerio de Justicia frente a la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que dictaminó que debía entregar una copia a Maldita.es".

Ha sido este medio el que ha dado la noticia, destacando que, de esta forma, "el juez anula la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que instaba al Ministerio a darle una copia de ese listado de propiedades que la Iglesia se había adjudicado aprovechando la vía abierta por el gobierno de José María Aznar, en 1998, de poder poner a su nombre todos aquellos bienes que no estuvieran previamente inscritos en el Registro de la Propiedad".

"El Gobierno sostiene que no lo puede entregar porque lo está actualizando desde 2018". Debía haberlo entregado en el Congreso de los Diputados hace ya 2 años, pero el asunto se sigue dilatando, y, ahora, ese retraso, además, cuenta con el aval de la Justicia.

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El Congreso de los Diputados instó al Gobierno a elaborar un estudio en abril de 2017, a propuesta del PSOE y bajo el mandato de Mariano Rajoy. Ese estudio "debía recoger todos los bienes inmatriculados desde 1998 por la Iglesia Católica y se debía entregar en noviembre de 2017. Pero el Gobierno de Rajoy nunca llegó a entregar esa lista de bienes inmatriculados".

Desde 2018, el Ejecutivo de Pedro Sánchez viene reuniéndose con la Conferencia Episcopal Española para tratar el asunto, después de que la vicepresidenta Carmen Calvo abordará el tema de las inmatriculaciones y del pago del IBI por parte de la Iglesia española en el Vaticano.

"Al amparo de la normativa aprobada por José María Aznar, entre 1998 y 2015 se pusieron a nombre de la Iglesia, 34.984 fincas, de las que 18.535 se refieren a templos o dependencias complementarias a los mismos, y 15.171 a fincas con otros destinos". No se contabiliza en este listado de nuevas matriculaciones hechas por la Iglesia, el patrimonio inmobiliario recibido de herencias.

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Sin prisas por parte del Gobierno

El juzgado señala en su auto que "cuando el estudio sobre estos bienes esté terminado debe ser remitido al Congreso y publicado en el boletín de las Cortes Generales". Hace unos días, EH Bildu y Esquerra presentaron una proposición no de ley por la que piden al Gobierno que, en un plazo de 3 meses, presenten al Congreso el listado de bienes inmatriculados por la Iglesia desde 1946; y que en 6 meses habilite los mecanismos necesarios para que estos sean recuperados por sus legítimos dueños.

Las dos formaciones califican de 'escándalo' las inmatriculaciones de la Iglesia Católica, que contabilizan en unos 100.000 bienes en 74 años, y piden 'una solución global', mientras que en los juzgados de toda España se siguen dirimiendo pleitos de particulares y de ayuntamientos que han visto como tierras, templos y edificaciones que no habían pasado por el Registro de la Propiedad nunca, porque no es obligatorio, habían acabado a nombre de la Iglesia Católica.

FUENTE: publico.es

Madrid - 24/12/2020

¿Se han preguntado ustedes alguna vez por qué el patrimonio histórico de nuestros países limítrofes, Francia y Portugal, es propiedad del Estado, y en España de la Iglesia? ¿No? Pues la explicación es bien sencilla:

 

En Francia y en Portugal, donde la religión católica también ha sido oficial durante siglos, la Iglesia conserva el derecho de uso de los monumentos histórico-artísticos para sus actividades litúrgicas, pero la titularidad es pública. El argumento jurídico que lo fundamenta es idéntico para ambos países. Todos esos bienes han sido edificados a lo largo de la historia gracias al esfuerzo nacional de todos los ciudadanos. Y es que tanto en Francia como en Portugal fue siempre el Estado quien asumió los gastos de mantenimiento del culto y también del clero. Y con la secularización y la separación de facto entre la religión y el Estado, todo ese ingente patrimonio cultural fue desafectado y quedó bajo el dominio de la administración pública. Cosa que en España aún está por solucionar.

PATADA EN EL CULO

Los obispos dan una patada al Gobierno en el culo de los pobres

Luis Argüello García

Según informó la Cadena Ser, el portavoz de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, ha declarado que el ingreso mínimo vital o renta básica que prepara el gobierno para ayudar a quienes se han quedado en paro o lo necesitan "es indispensable, pero sólo mientras dure la crisis del coronavirus" pues, en su opinión, "pensar en una permanencia de grupos amplios de cuidadanos que vivan de manera subsidiada yo creo que no sería un horizonte deseable a largo plazo para el bien común".

Naturalmente, la jerarquía de la Iglesia católica española está en su derecho de mantener las posiciones políticas que desee y es lógico que lo haga, teniendo tantos privilegios heredados de la dictadura, que le conviene proteger. Sin embargo, me parece que la declaración que ha hecho su portavoz se puede considerar objetivamente como tramposa, cínica y tan falsa y oportunista que incluso es contraria a la propia doctrina católica y a lo que propone Cáritas, que es la organización a la que los propios obispos españoles confían la lucha contra la pobreza. A continuación, justifico mi opinión.

Declaración tramposa

Obispos españoles

Los obispos han hecho una declaración tramposa porque la renta básica, ingreso mínimo, renta de inserción... o como se quiera llamar a lo que va a aprobar el gobierno ya existe en todas las comunidades autónomas de España, gobernadas por partidos de distinto signo.

Lo único que ahora parece que pretende hacer el gobierno es establecer en España lo que ya existe en todos los países miembros de la Unión Europea, un ingreso o renta mínima nacional para combatir la pobreza, algo que en nuestro país (y esto sí que es criticable) no existe porque lo que tenemos son rentas mínimas en todas las comunidades autónomas, aunque con distinto nombre, condiciones y contenido y conformando todas ellas un conjunto (más bien una maraña) con grandes deficiencias, inequidades y disfuncionalidades que sí conviene reformar.

Por lo tanto, los obispos españoles hacen trampa cuando se meten en el rifirrafe contra el gobierno con la excusa de estar preocupados porque haya "grupos amplios de cuidadanos que vivan de manera subsidiada", como ha dicho su portavoz.

Son tramposos porque están criticando como si fuera nuevo lo que ya existe. Si su preocupación por esa situación fuese sincera la hubieran expresado ya hace tiempo en todas las comunidades autónomas y no ahora; y, además, habrían criticado ese ingreso mínimo o renta básica no sólo en España sino en toda Europa.

¿Por qué lo hacen ahora, justo en este momento político? Obviamente, no puedo saber las intenciones de sus eminencias pero, en fin, es como eso de que sale de una vaca, es blanca y se mete en una botella...

Declaración cínica

Además de tramposa, la declaración de los obispos españoles es cínica porque la institución que recibe más subsidios en España y la que tiene más privilegios democráticamente injustificables, y a diferencia de lo que ocurre en cualquier otro país europeo, es precisamente la Iglesia Católica.

Sin necesidad de entrar en el debate de si una parte del dinero que recibe del Estado es como contraprestación a servicios que realiza a la sociedad (algo que es bastante discutible pero que incluso puedo dar por bueno), lo cierto es que la Iglesia Católica tiene en España una financiación privilegiada que se puede considerar como un auténtico subsidio: entre otros, multitud de exenciones fiscales, el pago a sacerdotes o la posibilidad de inmatricular propiedades (se ha calculado que se ha apropiado de unas 100.000 desde que la dictadura franquista le permitió quedarse con ellas sólo con que el obispo correspondiente certificara que era suya).

Es muy cínico, pues, que los obispos españoles se preocupen ahora porque las personas sin empleo ni ingreso puedan recibir un subsidio para sobrevivir cuando su Iglesia católica española no podría vivir como vive ni hacer lo que hace si no fuera por los subsidios que recibe del Estado.

Y es particularmente cínico que la Conferencia Episcopal haga esa crítica cuando la jerarquía católica española hace un uso tan poco ejemplar del dinero que recibe del Estado. Por ejemplo, cuando dedica más dinero (10 millones de euros últimamente y más en años anteriores) a una cadena de televisión derechista y muy deficitaria (13TV) que a Cáritas (6 millones).

Con tal de atacar al gobierno, los obispos españoles se saltan a la torera su propia doctrina. El Papa Francisco acaba de reclamar hace unos días un 'salario universal' para "garantizar y hacer realidad esa consigna tan humana y tan cristiana: ningún trabajador sin derechos".

Una reivindicación que, en puridad, es mucho más radical que la de una renta básica pues implica que el precio del trabajo no se fije en función de la oferta y la demanda en los mercados sino de tal manera que "reconozca y dignifique las nobles e insustituibles tareas que realizan" quienes "viven el día a día sin ningún tipo de garantías legales que los proteja".

¿Qué ocurre, entonces, cuando hay personas que no tienen los recursos necesarios para sobrevivir porque el Estado no cumple con la obligación de concederle el subsidio de desempleo al ser despedidos involuntariamente (un millón de parados en España no recibe ayudas) o cuando, por cualquier otra circunstancia indeseada, no encuentran empleo? Para los obispos españoles está claro: esas personas empobrecidas deben mantenerse en la indigencia o vivir de la caridad. 

El gobierno, como antes todas las comunidades autónomas y todos los gobiernos europeos sin excepción, trata de evitar -con más eficacia de la que se consigue hasta ahora- que quienes estén en esa situación permanezcan en la pobreza. Y esto le parece mal a los obispos españoles, unos señores que en nombre de Dios se llenan la boca pregonando justicia, amor al prójimo, solidaridad, generosidad o paz.

La prueba palpable de que la propuesta que acaban de hacer los obispos españoles (dejar sin ingreso mínimo a las personas que no están empleadas y carecen de rentas una vez que pase la crisis del coronavirus) es contraria a su propia doctrina la ofrece Cáritas, la organización católica que tan ejemplar y esforzadamente se dedica a combatir la pobreza y a tratar de remediar el daño que produce a tantas personas.

Basta dedicar unos minutos a indagar en Google o en cualquier otro buscador para encontrar pruebas de que, quienes de verdad siguen la doctrina católica y luchan día a día contra la pobreza como hace Cáritas, sí defienden un ingreso o renta mínimos, antes y después de la crisis del coronavirus. Yo ofrezco modestamente estas primeras que he encontrado sobre la marcha por si de su lectura pudiera brotarles a sus eminencias algo de arrepentimiento y propósito de la enmienda:

• Cáritas seguirá promoviendo la renta mínima garantizada
• Cáritas pide que los Presupuestos de 2020 amplíen la cobertura de la Renta Mínima y un plan de apoyo a las familias
• Cáritas solicita la renta básica como garantía para erradicar la pobreza
• Cáritas edita un manual de referencia sobre el actual marco legal de la protección social en España (...) la autora propone la articulación de un marco legal básico de garantía de mínimos para todo el territorio
• Cáritas insiste en establecer un Ingreso Mínimo Garantizado que proteja a las familias más golpeadas por el coronavirus. Urge al Gobierno a establecer un IMG equivalente para todo el Estado y que se mantenga en el futuro
• Cáritas: La propuesta de ingreso mínimo garantizado para la inclusión no puede quedar circunscrita a la actual crisis que estamos atravesando

Como he dicho antes, los obispos están en su derecho de militar contra el gobierno y de defender sus intereses y privilegios. Por mí pueden seguir haciéndolo pero, como acabo de demostrar, lo que han hecho con esta declaración es muy feo. Si de verdad creen en el infierno y en todo lo que predican yo les aconsejo humildemente que vayan corriendo a confesarse.

FUENTE: publico.es

La tramoya

Juan Torres López

21/04/2020

RAPIÑA ECLESIÁSTICA

Transparencia apremia al Gobierno para que publique la lista de los 35.000 bienes registrados por la Iglesia

El Consejo emitió una resolución el 16 de septiembre para que el listado, que está en manos del Ministerio de Justicia desde el 6 de febrero de 2018, fuera publicado por el Ejecutivo antes del 1 de octubre, algo que todavía no ha ocurrido.

Unas monjas visitan la Mezquita-Catedral de Córdoba. AFP / Gerard Julien

"El Gobierno sigue sin hacer público el listado de 35.000 bienes que la Iglesia española ha registrado desde el año 1998". El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) emitió el pasado 16 de septiembre una resolución que daba de plazo hasta el primer día de octubre para que el Ejecutivo de Sánchez "publicara la extensa lista de inmatriculaciones realizadas por el ente eclesiástico en los últimos 21 años".

No obstante, "sigue sin haber ninguna publicación al respecto" de un asunto que puede desembocar en numerosos procesos judiciales por la propiedad de dichos bienes.

"El proceso para sacar a la luz las propiedades de la Iglesia lleva cerca de dos años y medio en marcha". En abril de 2017 el PSOE, principal partido de la oposición en ese momento, impulsó una proposición no de ley  para que el Gobierno, entonces presidido por Marino Rajoy, "hiciera público en un plazo de 6 meses el desglose de los bienes que la organización religiosa más importante de España tiene a su nombre".

Expulsión de los mercaderes del templo

El Ejecutivo no cumplió con la fecha marcada por el Congreso de los Diputados, pero sí puso en marcha los trámites necesarios para iniciar esa contabilidad . Así, "el Colegio de Registradores de la Propiedad inició un proceso en el que se vieron involucrados 1.083 auditores, remitiendo el listado al Ministerio de Justicia el 5 de febrero de 2018".

"En total se consiguieron 34.984 notas simples expedidas por los registradores", como se muestra en una serie de comunicaciones entre ambas entidades recogida por Maldita.es. En ellas se hace un pequeño desglose de los tipos de inmuebles registrados por la Iglesia: "18.535 templos o dependencias complementarias a los mismos y 15.171 clasificados como fincas con otros destinos".

"Seis meses de silencio después", el director general de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia, Francisco Javier Gómez, solicitó una modificación en el documento para que en el listado aparecieran los nombres conocidos de los inmuebles, algo que se materializó el 18 de agosto de 2018, cuando se entrego un pendrive con el listado por Comunidades Autónomas, Provincias y Registros. Desde entonces, "el Ministerio de Justicia ha rechazado hacer públicos los datos", aludiendo a que el listado está todavía elaborándose.

Ave de rapiña

"Entre las bienes que la Iglesia Católica tiene registrados a su nombre se encuentran, además de los edificios de culto, propiedades tan variopintas como viñedos, fuentes o plazas públicas y hasta la cima de un monte, el de Oiz, en Bizkaia, según informaba El País".

"De igual forma que la mezquita-catedral de Córdoba, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1984, se encuentran registradas las catedrales de Burgos, Sevilla y Toledo, que son también Patrimonio Mundial de la Humanidad".

FUENTE: publico.es

Madrid - 15/10/2019

Queda patente la debilidad del Estado español ante el poder y la avaricia desmedida de la Iglesia.

LA IGLESIA LADRONA

Ha pasado ya un año desde que el Colegio de Registradores remitió al Gobierno el listado de todos los bienes de los que la Iglesia católica se ha apropiado en virtud de la ley de 1998 que promovió José Mª Aznar, inspirándose a su vez en una ley franquista.

Los bienes que la Iglesia ha inscrito a su nombre asciende ya a 30.000, sin que haya pasado por La Moncloa un sólo Gobierno con el coraje de evitar este saqueo… ni siquiera de publicar el listado.

El País filtra que la Iglesia ha inmatriculado 30.000 bienes desde 1998

La avaricia de la Iglesia no tiene límites: no sólo se ha apropiado de catedrales, iglesias o ermitas, también de cementerios, de plazas, de casas de maestros, de locales comerciales, de parcelas… incluso de fuentes y frontones… Un robo en toda regla, un saqueo legalizado por el Partido Popular (PP) y consentido por el PSOE, que siempre ha sido tan servil a la Iglesia como los populares.

La presión contra estas apropiaciones está creciendo gracias a la labor de colectivos como la Coordinadora Recuperando, cuyo objetivo es detener estar sangría de patrimonio público que va a parar al agujero negro de la Iglesia católica, que se enriquece explotando bienes como la Mezquita de Córdoba. 

Mezquita de Córdoba

Esa Iglesia vil que disfruta viendo cómo unas Administraciones cobardes permiten que sean nuestros impuestos los que financien las rehabilitaciones de muchos de esos edificios y que los beneficios sólo lleguen a la propia Iglesia.

Esta es una prueba más de la mezquindad de ese grupo de poder. No se puede hablar de las dos caras de la Iglesia, intentando hablar de una lado bueno (el que siempre se asocia a Cáritas) y otro malo, con esta avaricia material que la condena al más profundo de los infiernos, según sus propias directrices. Y no se puede, sencillamente, porque las malas prácticas son tan deleznables que terminan por dominarlo todo.

No hay acción lo suficientemente buena que consiga hacer menos nauseabundo el comportamiento de la Iglesia, que se enriquece a costa de todas y todos, que amasa fortunas que no llegan a quienes más lo necesitan.

Querer justificar estas más de 30.000 inmatriculaciones indebidas es ponerse del lado del saqueo. En lo que al Gobierno se refiere, no pararlo, no publicar el listado para que se abra la veda a los pleitos que reclamarán legítimamente la recuperación de todo ese patrominio, es volver a arrodillarse ante una Iglesia que tanto daño ha hecho históricamente a la democracia española.

¡De rodillas!... ¡siempre de rodillas!

FUENTE: publico.es
Posos de Anarquía
David Bollero
12/08/2019

David: por el hecho de parafrasear "La gazza ladra" ("La urraca ladrona") de Rossini, identificándola con la Iglesia católica, tengo claro que te van a crucificar. Me ofrezco para acompañarte por la izquierda. No sé si tendrás quién lo haga por la derecha.

SaludyAna.