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10/3/21

SECRETOS DE ESTADO

El cuarto intento para reformar la ley de secretos oficiales acumula ya 8 meses de retraso en el Congreso

La desclasificación de documentos secretos y reservados, reclamada por historiadores e investigadores, arrojaría luz sobre cuestiones que aún se mantienen bajo llave, como las actuaciones del Estado durante la dictadura franquista, la Transición, el golpe de Estado fallido del 23F, la matanza del 3 de marzo en Vitoria en 1976 o los asesinatos de los GAL

El portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, y el secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, Rafael Simancas, durante una sesión de Control al Gobierno.  E. Parra / Europa Press

El Congreso de los diputados tiene pendiente desde hace 8 meses acometer una reforma de la 'ley de secretos oficiales', una norma promulgada por el dictador Francisco Franco hace casi 53 años. Éste es el cuarto intento para intentar modificarla y, aunque su toma en consideración el pasado mes de junio contó con el respaldo de una holgada mayoría absoluta de la Cámara Baja —197 votos a favor, 53 en contra (Vox) y 99 abstenciones (PP)—,"la proposición legislativa acumula una continua prórroga del plazo de enmiendas desde septiembre de 2020, un mal que abocó a los anteriores intentos de reforma al fracaso".

El PNV lleva planteando esta iniciativa desde 2016. La reforma pretende incorporar la obligación de que en toda clasificación de una materia se establezca el plazo de su vigencia, "no pudiendo superar los 25 años para materias calificadas secretas y los 10 años para las reservadas", salvo que el Consejo de Ministros disponga su prórroga excepcional y motivada, en el exclusivo caso de las materias secretas, por un nuevo período máximo de 10 años.

Consejo de Ministros

El portavoz del grupo impulsor, Aitor Esteban, afeó en rueda de prensa que la Mesa del Congreso, presidida por Meritxell Batet, acordara una nueva ampliación del periodo de modificaciones a la norma. Cabe destacar que es un procedimiento habitual para la mayoría de iniciativas legislativas, incluso, hay otras que permanecen muchos más meses en el cajón.

Además, la Mesa toma esta decisión tras la propuesta de uno o varios partidos, tal como reconocen fuentes del órgano de gobierno de la Cámara Baja. Si bien, estas voces alegan que el retraso de la reforma se debe a una cuestión política: "Moncloa y el PSOE no quieren". No obstante, el grupo socialista justifica que el PNV debería impulsar la Comisión de Secretos Oficiales para debatir la propuesta, pese a que actualmente se tramita en la Comisión Constitucional.

Aitor Esteban

En este sentido, "la desclasificación de información oficial, reclamada por historiadores e investigadores, arrojaría luz sobre cuestiones que aún se mantienen bajo llave, como las actuaciones del Estado durante la dictadura franquista, la Transición, el golpe de Estado fallido del 23F, la matanza del 3 de marzo de 1976 en Vitoria o los asesinatos de los GAL durante los gobiernos de Felipe González".

No obstante, la norma ha sido aprovechada por los diferentes gobiernos de España. Es más, "no solo el Ejecutivo puede calificar como secreto un documento, sino también la propia Presidencia del Gobierno, el Ministerio de Exteriores, de Defensa, del Interior, de Justicia, de Industria y otras agencias".

Ciudadanos muertos en la masacre impune de Vitoria el 03/03/1976

Por ello, "hoy en día están clasificados como 'secretos' la mayoría de los documentos militares, de relaciones diplomáticas, de lucha antiterrorista, de gastos reservados... Prácticamente la totalidad, y muchos documentos, insisto, no pasan por el Consejo de Ministros", criticó el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, en el debate de admisión a trámite de esta norma.

"Destacan por su especial importancia aquellas cuestiones cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o ponga en riesgo la 'seguridad del Estado' o los 'intereses fundamentales de la Nación' y que constituyen los verdaderos secretos oficiales, protegidos por sanciones penales que, tanto en el Código Penal Común como en el de Justicia Militar, alcanzan penas de la máxima severidad".

 Secretos oficiales. 

El gran secreto de los secretos oficiales - Ana María Pascual

"Pero esa sanción penal, especialmente represiva, sólo de una manera indirecta, por medio de la intimidación, protege el descubrimiento o revelación de secretos", recoge la vigente norma.

Sin embargo, el grupo nacionalista vasco sostiene que en la ley franquista "no hay criterios sobre qué se puede o no se puede clasificar ni sobre cómo se tiene que justificar, porque no hay que justificarlo, no hay obligaciones; y como no las hay, existe una auténtica desidia a la hora de desclasificarlos", señaló Esteban para defender que "hay que acabar con esta práctica abusiva y generalizada".

FUENTE: publico.es

25/12/20

PRIVILEGIOS DE LA IGLESIA

Un juzgado ampara el retraso del Gobierno en entregar la lista de las inmatriculaciones de la Iglesia

El juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Madrid indica que el Ejecutivo no debe entregar el listado de 30.000 bienes registrados a nombre de la Conferencia Episcopal Española bajo el auspicio de la 'Ley Aznar' a Maldita.es, según estableció el Consejo de Transparencia. El Gobierno lleva 2 años de retraso para entregar esa información al Congreso.

Carmen Calvo se reúne con Juan José Omella 
Reunión de la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, y del presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, el pasado mes de junio. (Fuente: La Moncloa).

El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Madrid dictamina "que el Gobierno no tiene que entregar el listado de 30.000 bienes inmatriculados por la Iglesia Católica, dando así la razón al Ministerio de Justicia frente a la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que dictaminó que debía entregar una copia a Maldita.es".

Ha sido este medio el que ha dado la noticia, destacando que, de esta forma, "el juez anula la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que instaba al Ministerio a darle una copia de ese listado de propiedades que la Iglesia se había adjudicado aprovechando la vía abierta por el gobierno de José María Aznar, en 1998, de poder poner a su nombre todos aquellos bienes que no estuvieran previamente inscritos en el Registro de la Propiedad".

"El Gobierno sostiene que no lo puede entregar porque lo está actualizando desde 2018". Debía haberlo entregado en el Congreso de los Diputados hace ya 2 años, pero el asunto se sigue dilatando, y, ahora, ese retraso, además, cuenta con el aval de la Justicia.

Cartel a la entrada de la sede de la Conferencia Episcopal, en Madrid. E.P./Jesús Hellín​

El Congreso de los Diputados instó al Gobierno a elaborar un estudio en abril de 2017, a propuesta del PSOE y bajo el mandato de Mariano Rajoy. Ese estudio "debía recoger todos los bienes inmatriculados desde 1998 por la Iglesia Católica y se debía entregar en noviembre de 2017. Pero el Gobierno de Rajoy nunca llegó a entregar esa lista de bienes inmatriculados".

Desde 2018, el Ejecutivo de Pedro Sánchez viene reuniéndose con la Conferencia Episcopal Española para tratar el asunto, después de que la vicepresidenta Carmen Calvo abordará el tema de las inmatriculaciones y del pago del IBI por parte de la Iglesia española en el Vaticano.

"Al amparo de la normativa aprobada por José María Aznar, entre 1998 y 2015 se pusieron a nombre de la Iglesia, 34.984 fincas, de las que 18.535 se refieren a templos o dependencias complementarias a los mismos, y 15.171 a fincas con otros destinos". No se contabiliza en este listado de nuevas matriculaciones hechas por la Iglesia, el patrimonio inmobiliario recibido de herencias.

La Iglesia demanda a los franciscanos y a IU por la propiedad de un templo en Palencia, declarado de dominio público - Público

Sin prisas por parte del Gobierno

El juzgado señala en su auto que "cuando el estudio sobre estos bienes esté terminado debe ser remitido al Congreso y publicado en el boletín de las Cortes Generales". Hace unos días, EH Bildu y Esquerra presentaron una proposición no de ley por la que piden al Gobierno que, en un plazo de 3 meses, presenten al Congreso el listado de bienes inmatriculados por la Iglesia desde 1946; y que en 6 meses habilite los mecanismos necesarios para que estos sean recuperados por sus legítimos dueños.

Las dos formaciones califican de 'escándalo' las inmatriculaciones de la Iglesia Católica, que contabilizan en unos 100.000 bienes en 74 años, y piden 'una solución global', mientras que en los juzgados de toda España se siguen dirimiendo pleitos de particulares y de ayuntamientos que han visto como tierras, templos y edificaciones que no habían pasado por el Registro de la Propiedad nunca, porque no es obligatorio, habían acabado a nombre de la Iglesia Católica.


FUENTE: publico.es
Madrid - 24/12/2020

¿Se han preguntado ustedes alguna vez por qué el patrimonio histórico de nuestros países limítrofes, Francia y Portugal, es propiedad del Estado, y en España de la Iglesia? ¿No? Pues la explicación es bien sencilla:
 
En Francia y en Portugal, donde la religión católica también ha sido oficial durante siglos, la Iglesia conserva el derecho de uso de los monumentos histórico-artísticos para sus actividades litúrgicas, pero la titularidad es pública. El argumento jurídico que lo fundamenta es idéntico para ambos países. Todos esos bienes han sido edificados a lo largo de la historia gracias al esfuerzo nacional de todos los ciudadanos. Y es que tanto en Francia como en Portugal fue siempre el Estado quien asumió los gastos de mantenimiento del culto y también del clero. Y con la secularización y la separación de facto entre la religión y el Estado, todo ese ingente patrimonio cultural fue desafectado y quedó bajo el dominio de la administración pública. Cosa que en España aún está por solucionar.