PRIVILEGIOS DE LA IGLESIA

Un juzgado ampara el retraso del Gobierno en entregar la lista de las inmatriculaciones de la Iglesia

El juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Madrid indica que el Ejecutivo no debe entregar el listado de 30.000 bienes registrados a nombre de la Conferencia Episcopal Española bajo el auspicio de la 'Ley Aznar' a Maldita.es, según estableció el Consejo de Transparencia. El Gobierno lleva 2 años de retraso para entregar esa información al Congreso.

 

Reunión de la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, y del presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, el pasado mes de junio. (Fuente: La Moncloa).

El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Madrid dictamina "que el Gobierno no tiene que entregar el listado de 30.000 bienes inmatriculados por la Iglesia Católica, dando así la razón al Ministerio de Justicia frente a la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que dictaminó que debía entregar una copia a Maldita.es".

Ha sido este medio el que ha dado la noticia, destacando que, de esta forma, "el juez anula la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que instaba al Ministerio a darle una copia de ese listado de propiedades que la Iglesia se había adjudicado aprovechando la vía abierta por el gobierno de José María Aznar, en 1998, de poder poner a su nombre todos aquellos bienes que no estuvieran previamente inscritos en el Registro de la Propiedad".

"El Gobierno sostiene que no lo puede entregar porque lo está actualizando desde 2018". Debía haberlo entregado en el Congreso de los Diputados hace ya 2 años, pero el asunto se sigue dilatando, y, ahora, ese retraso, además, cuenta con el aval de la Justicia.

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El Congreso de los Diputados instó al Gobierno a elaborar un estudio en abril de 2017, a propuesta del PSOE y bajo el mandato de Mariano Rajoy. Ese estudio "debía recoger todos los bienes inmatriculados desde 1998 por la Iglesia Católica y se debía entregar en noviembre de 2017. Pero el Gobierno de Rajoy nunca llegó a entregar esa lista de bienes inmatriculados".

Desde 2018, el Ejecutivo de Pedro Sánchez viene reuniéndose con la Conferencia Episcopal Española para tratar el asunto, después de que la vicepresidenta Carmen Calvo abordará el tema de las inmatriculaciones y del pago del IBI por parte de la Iglesia española en el Vaticano.

"Al amparo de la normativa aprobada por José María Aznar, entre 1998 y 2015 se pusieron a nombre de la Iglesia, 34.984 fincas, de las que 18.535 se refieren a templos o dependencias complementarias a los mismos, y 15.171 a fincas con otros destinos". No se contabiliza en este listado de nuevas matriculaciones hechas por la Iglesia, el patrimonio inmobiliario recibido de herencias.

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Sin prisas por parte del Gobierno

El juzgado señala en su auto que "cuando el estudio sobre estos bienes esté terminado debe ser remitido al Congreso y publicado en el boletín de las Cortes Generales". Hace unos días, EH Bildu y Esquerra presentaron una proposición no de ley por la que piden al Gobierno que, en un plazo de 3 meses, presenten al Congreso el listado de bienes inmatriculados por la Iglesia desde 1946; y que en 6 meses habilite los mecanismos necesarios para que estos sean recuperados por sus legítimos dueños.

Las dos formaciones califican de 'escándalo' las inmatriculaciones de la Iglesia Católica, que contabilizan en unos 100.000 bienes en 74 años, y piden 'una solución global', mientras que en los juzgados de toda España se siguen dirimiendo pleitos de particulares y de ayuntamientos que han visto como tierras, templos y edificaciones que no habían pasado por el Registro de la Propiedad nunca, porque no es obligatorio, habían acabado a nombre de la Iglesia Católica.

FUENTE: publico.es

Madrid - 24/12/2020

¿Se han preguntado ustedes alguna vez por qué el patrimonio histórico de nuestros países limítrofes, Francia y Portugal, es propiedad del Estado, y en España de la Iglesia? ¿No? Pues la explicación es bien sencilla:

 

En Francia y en Portugal, donde la religión católica también ha sido oficial durante siglos, la Iglesia conserva el derecho de uso de los monumentos histórico-artísticos para sus actividades litúrgicas, pero la titularidad es pública. El argumento jurídico que lo fundamenta es idéntico para ambos países. Todos esos bienes han sido edificados a lo largo de la historia gracias al esfuerzo nacional de todos los ciudadanos. Y es que tanto en Francia como en Portugal fue siempre el Estado quien asumió los gastos de mantenimiento del culto y también del clero. Y con la secularización y la separación de facto entre la religión y el Estado, todo ese ingente patrimonio cultural fue desafectado y quedó bajo el dominio de la administración pública. Cosa que en España aún está por solucionar.