Los únicos dos partidos que se opusieron en 1997 a la ley, IU y BNG, siguen demandando su derogación, al igual que CAS y las 'mareas blancas'. Sostienen que es esencial defender lo público excluyendo a lo privado, y consideran que la situación actual es
propicia para ello.
Imagen de archivo de las protestas de los sanitarios contra las privatizaciones sanitarias./ CAS
"Apenas
nadie hace referencia a la génesis de la privatización continua del
sistema sanitario en España". Un 10 de abril de 1997 el Congreso de los
Diputados "aprobaba la ley que abría la puerta a que entidades privadas
se beneficiaran de la sanidad pública". Gobernando Aznar en minoría, el
texto salió adelante con los únicos votos en contra de Izquierda Unida y
el Bloque Nacionalista Galego, que supieron prever lo que años después
sucedería:
"La óptica liberal que impusieron defiende que un empresario
se arriesga para poder ganar rentabilidad en el futuro, pero en este
caso ni siquiera fue así. Las empresas privadas no arriesgaban nada
porque contaban con financiación pública y una clientela asegurada,
además de que podían elegir libremente el tipo de contrato que hacían a
los sanitarios, algo que no ocurre en la pública", recuerda Ángeles
Maestro, diputada por aquel entonces de IU.
Ángeles Maestro
La ley que marcó un
antes y un después respecto a la calidad de la sanidad en España fue
"aprobada por el PP, el PSOE, CiU, PNV y CC, con un resultado de 290
votos a favor, 19 en contra y una abstención". Los nacionalistas
gallegos, además de IU, también se opusieron. Tal y como explica
Guillerme Vázquez, diputado del BNG en aquellos momentos, "aprobaron esa
ley con esas características, un subterfugio, porque la sanidad no se podía privatizar igual que se hacía con las eléctricas".
Vicente Clavero
De hecho, esta política licenciada en Medicina no se olvida de mencionar la reforma constitucional del artículo 135, en el que se supedita la financiación de los servicios públicos al pago de la deuda externa: "Pasa desapercibida esta reforma, pero es clave. Parece que estamos siempre en una batalla entre el PP, que quiere privatizarlo todo, y el PSOE, que defiende lo público, cuando la realidad ha demostrado que están de acuerdo a la hora de recortar en gastos sociales", en sus propios términos.
El mencionado texto
de un único artículo reza en su tercer apartado que "la prestación y
gestión de los servicios sanitarios y sociosanitarios podrá llevarse a
cabo, además de con medios propios, mediante acuerdos, convenios o
contratos con personas o entidades públicas o privadas, en los
términos previstos en la Ley General de Sanidad". Una redacción a la que
Maestro también alude: "Ojo con eso de 'sociosanitarios', porque ya
estamos viendo lo que pasa en las residencias, donde los mayores únicamente son productos con los que ganar dinero".
El Informe Abril, la precuela de la ley
Para realizar un
análisis real de la situación, Antonio Liébana, profesional sanitario de
Madrid y portavoz de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad
(CAS), se retrotrae al Gobierno socialista de Felipe González: "Abril
Martorell llegó a presentar en el Congreso un informe en 1991 en el que se empezaba a hablar de copagos y comparativas con otros países europeos, en los que se proponía la posibilidad de dejar entrar entidades privadas en el sistema sanitario público", declara el activista.
Precisamente, las conclusiones de ese informe fueron filtradas a Maestro, que en una rueda de prensa alertó de las consecuencias que podía conllevar legislar en base al mismo. "Junto a Julio Anguita, recientemente fallecido, hicimos una declaración pública en la que advertimos que se planteaba el copago de los medicamentos para los pensionistas y otras cuestiones que ya llegaron a ser realidad. Tuvo tanta repercusión que incluso CCOO y UGT amenazaron con una huelga general", relata la antigua diputada, por lo que el informe se guardó en un cajón.
Así que la calle estaba caldeada. Llegó 1999 y se abrió el primer hospital con unas características público-privadas. "En Alzira, Valencia, una empresa privada construyó un hospital para su posterior explotación" y al que la Conselleria de Sanidad de la región le traspasaría los usuarios del área sanitaria determinada, un lugar en el que "todos los profesionales los pone la empresa privada y lo único público que hay es el dinero y los pacientes", recalca Liébana.
Julio Anguita
Esta dinámica, que se desarrolló hasta en cuatro enclaves valencianos más, encontró eco en la Comunidad de Madrid. Bajo el mandato de Esperanza Aguirre, los hospitales de Valdemoro, Torrejón, Móstoles y Collado-Villalba también responden a una explotación privada con recursos públicos. Así explica el negocio el portavoz de CAS:
"Se les cede terreno
gratuito, los construyen, lo explotan con aparcamientos, tiendas de
flores, de prensa, servicios de cafetería, y el personal sanitario
también les pertenece. Por su construcción la Administración pública les
paga un canon que recuperan a los pocos años, más una cuantía anual por
cada usuario de su zona sanitaria".
El sector privado controla ya más de un tercio del gasto sanitario
Vicente Clavero
Vicente Clavero
La calle se moviliza en contra de la 15/97
Cuatro años después de que se efectuara la transferencia de las competencias en sanidad a todas las comunidades autónomas en el último consejo de ministros de 2001, surgió CAS. La Coordinadora consiguió, tras cientos de charlas por los pueblos y barrios de Madrid, crear un poso social que se vio reflejado en 2007 al juntar a 40.000 personas en la calle reclamando la derogación de la ley 15/97.
"A partir de ahí empezamos a recoger firmas para
que la gente viera que la privatización de Aguirre respondía a un
acuerdo entre PP y PSOE. Cuando llegamos a las 400.000, las entregamos
al Congreso y una persona del PSOE se entrevistó con nosotros. Lo único
que nos dijo es que nos olvidáramos de esa ley porque se trataba de un
asunto de Estado y nunca se iba a derogar", relata Liébana.
"La solución no se
centra en financiar con más y más dinero la sanidad pública, sino en
protegerla de la intromisión de entidades privadas que quieren lucrarse
con ella", parafraseando a Maestro:
Antonio Liébana
"Si ahora el PSOE habla de blindar la sanidad pública aumentando el
gasto sanitario, se está volviendo a confundir, porque mientras la
privada siga dentro como un parásito, nada surtirá efecto", en los
propios términos de la exdiputada de IU y médica de formación,
especialista en salud pública y medicina preventiva.
Llega la Marea Blanca
La lucha constante que venían realizando desde CAS años atrás tuvo un reflejo en las 'mareas blancas'
que inundaron España en contra de la 'privatización' de la sanidad.
Carmen Esbrí, portavoz de la Coordinadora Estatal de Mareas Blancas,
explica la dinámica que se llevó a cabo: "Quitaron camas, redujeron personal
y provocaron listas de espera".
Después, "utilizaban este argumento para
decir que lo público es lo malo porque no funciona, y lo privado lo
bueno, así que terminamos financiando con dinero público a unos
empresarios que ven aumentada su riqueza y que encima, muchos de ellos,
son fondos buitre, por lo que sus ingresos no se quedan en España".
De hecho, un año después de empezar a constituirse las 'mareas blancas' en 2012, los Presupuestos Generales del Estado marcaron la menor cifra destinada a sanidad, dejándola en 61.702 millones de euros, cuando se venía de 69.400 en 2010. Los datos más actualizados responden al ejercicio de 2018, en los que se invirtieron desde el Estado 71.145 millones de euros, de los cuales un 11,1% se destinaron a "los gastos en compras al sector privado a través de conciertos", según explicita el informe del Ministerio de Sanidad.
"Es una estafa en toda índole, un robo manifiesto, vieron la sanidad como una oportunidad de negocio y no les importa nada lo público, porque centran todo en el mercado y lo único que han hecho es poner en venta nuestra salud", incide la propia Esbrí. De esta forma, las 'mareas blancas' también se posicionan contra la ley 15/97 y la reforma constitucional del artículo 135: "Demandamos un proceso de desprivatización. No tiene que ser tan difícil, tan solo es un problema de gestión y de enfoque, pero para este cambio debe haber políticos que realmente sean éticos y respondan a las directrices que marca la ciudadanía, en teoría la soberana del país", reflexiona la activista.
Carmen Esbrí
A su vez, Maestro
realiza un ejercicio colectivo al pensar más allá del personal sanitario
y reflejar la realidad que sufren todos los trabajadores que conforman
los servicios del hospital, recalcando que "la privatización a trozos,
de servicio en servicio, ha hecho que, por ejemplo, se recorte en
personal de limpieza, cuando es algo esencial. Antes, los
profesionales de la limpieza eran funcionarios públicos y gente formada
al respecto, algo que no sucede en estos momentos por la laxitud del
control por parte de las Consejerías con las empresas privadas". "Es ahora
cuando vemos que estas decisiones de recortar en plantilla y hacer unos
contratos precarios redundan en la salud de las personas, porque la
limpieza de un hospital es clave. Por eso, desde que esto sucede las
infecciones dentro de los centros se dispararon y hoy son la principal
causa de muerte hospitalaria", incide la antigua parlamentaria.
El futuro de la sanidad pública
Manuel Ruiz Rico
Vázquez, cuestionado por su lectura de la situación actual, considera como 'sorprendente' que en una situación de colapso de la sanidad pública el Gobierno no interviniera la privada y se les obligara a participar en la solución de la crisis sanitaria. "No sirve de nada que el Gobierno diga que defiende y hay que blindar la sanidad pública si después no se expulsa a las empresas privadas que se lucran con ella, aunque no sé si lo llegaremos a ver, porque esto significaría pelearse con Europa", argumenta el gallego.
Desde el punto de
vista de la antigua parlamentaria de IU, "ahora es buena ocasión para
derogar la ley, pero hay que movilizarse". Ella, que actualmente milita
en Red Roja, defiende que este "sueño cumplido de las empresas privadas
que se benefician del dinero público" debe terminar. En sus propios
términos: "Nunca como ahora la gente ha sido tan consciente del valor de
la sanidad pública, y de que no puede estar sometida a criterios del
mercado o beneficios empresariales".
El empujón de conciencia que
la sociedad ha podido adquirir con la crisis del coronavirus y el papel
que la privada ha jugado en ella da esperanzas a Esbrí: "Somos
apartidistas, no apolíticos, así que la sociedad tiene que implicarse de
forma política, decidirse por el bien común, y espero que eso suceda
después de esta prueba de estrés tan tremenda en la que muchas personas
han visto cómo la han estado engañando durante tanto tiempo".
FUENTE: publico.es
Guillermo Martínez
Madrid - 19/05/2020
¡'Pssst'!..
Los que nos roban siguen estando ahí.
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