Desde el inicio de las concentraciones, el 28 de abril, se han reportado 37 asesinatos de jóvenes manifestantes y más de 1.700 casos de violencia por parte de la policía, incluyendo violaciones a mujeres
Desde el 28 de abril, Colombia vive una multitudinaria ola de movilizaciones similar a la que se produjo en 2019, con causas de descontento semejantes. Este nuevo ciclo de protestas tiene lugar en el tercer pico de la pandemia, en medio de un frágil proceso de paz y con los peores indicadores sociales de la historia del país.
El Covid-19 se ha cebado fuertemente con la sociedad colombiana: a día de hoy, Colombia es el tercer país con mayor número de muertos y contagiados en América Latina. Además, el nivel de pobreza llegó al 42%, un valor que desde hace una década no se veía. Hoy, el 15% de los colombianos viven en la pobreza extrema y no consiguen hacer 3 comidas al día.
En este contexto, el renunciado ministro de Haciend,a Alberto Carrasquilla "presentó la reforma tributaria más ambiciosa, en términos de recaudación, de los últimos años. Lo hizo, principalmente, para pagar la elevada deuda del país e intentar frenar una posible pérdida del grado de inversión de las calificadoras internacionales". Lo hizo también, aunque en menor medida, para invertir en programas sociales.
"La reforma tributaria, que el gobierno llamó eufemísticamente «Ley de Solidaridad Sostenible», fue impopular incluso antes de que su contenido se diera a conocer." El ministerio socializó partes de la reforma antes de que fuera erradicada con gremios empresariales amigos e incluso estuvo en una reunión cerrada en palacio con Tomás Uribe, el hijo del expresidente Álvaro Uribe, quien no tiene ningún cargo político o mandato oficial.
Como era de esperar, esto incomodó a varios políticos. Una vez que se conoció la reforma, los partidos políticos de oposición promovieron una votación negativa en el Congreso. Algunos partidos cercanos al gobierno, como Cambio Radical, también se opusieron a la propuesta, y ni el mismo Álvaro Uribe parecía muy convencido de ella.
Hasta ese momento, parecía tratarse de otra propuesta de reforma tributaria impopular que iba a ser aprobada en la sede parlamentaria. Hay que recordar que, en 2016, el expresidente Juan Manuel Santos aumentó la tarifa general del IVA de 16% a 19%. Además, las dos pasadas reformas de Iván Duque incluían 'beneficios tributarios onerosos' para grandes empresas. Todas éstas fueron medidas impopulares que lograron aprobación parlamentaria sin mayor escrutinio.
Las cuentas en el Congreso para aprobar la Ley de Solidaridad no parecían fáciles, dado el rechazo de los partidos cercanos al gobierno. Sin embargo, Uribe ya se estaba encargando de conversar personalmente con ellos para lograr los votos necesarios con el fin de alcanzar una mayoría. Con la presión directa del expresidente, era más que probable que finalmente se consiguiera el resultado deseado.
Sin embargo, el futuro de la reforma no se definió en el Congreso, como había sucedido siempre, sino en las calles, lo que marca un hecho inédito en Colombia. Si bien aun antes de la erradicación del proyecto, las centrales obreras habían convocado un paro para el 28 de abril, la divulgación del articulado de la ley días antes de la protesta convirtió el rechazo hacia la reforma –y hacia el ministro– en el lema de la movilización.
El malestar venía por algunos puntos específicos de la ley, como ciertos aumentos en el IVA a servicios públicos e impuestos a los combustibles, y el congelamiento de los salarios de los empleados públicos, quienes tienen el convenio colectivo con mayor cobertura en el país.
El problema principal no eran los eventuales resultados de la reforma –podía beneficiar a los más pobres con ayudas sociales y reducir la desigualdad de ingresos–, sino el sujeto al que presionaba para conseguir su objetivo. La presión tributaria no iba dirigida principalmente a los estratos más ricos de la sociedad, sino a los golpeados sectores medios.
Resulta que lo que hoy en día se conoce en Colombia como 'clase media' "es un amplio conglomerado integrado mayoritariamente por personas que no ganan ni siquiera el salario mínimo y que tienen una limitada capacidad contributiva, en un país con pocos servicios y escasos bienes sociales públicos".
"La ley dejó en evidencia la desconexión total entre la tecnocracia colombiana y su pueblo". Este alejamiento quedó patente en una entrevista en la que 'el ministro', mientras explicaba las medidas sobre el IVA que llevarían al aumento del precio de los huevos, señaló que 12 huevos costaban en Colombia menos de una tercera parte de lo que en realidad valen.
Tras las declaraciones, "el huevo se convirtió en un símbolo que se incorporó en las pancartas de las manifestaciones, y 'el ministro', pasó a personificar la absoluta desconexión del gobierno con la sociedad".
Una desconexión similar se vio también entre el pueblo y la academia ortodoxa, que constantemente trató a los manifestantes de individuos desinformados que no entendían la filigrana de la reforma y por eso se oponían a ella. 30 destacados economistas del país llegaron a redactar una carta pública apoyando la propuesta tributaria.
A pesar de que Colombia está pasando por el 'tercer pico de la pandemia' –el más grave hasta el momento–, las manifestaciones han sido multitudinarias, incluso en ciudades intermedias bastante conservadoras. Su prevalencia ha sido tal que las protestas han continuado, pese a que, el 27 de abril, un tribunal ordenó su suspensión, y de que rigen diversos decretos de toques de queda (algunos regían ya por la pandemia y otros se implantaron para frenar las protestas).
En algunas ciudades las manifestaciones han sido particularmente fuertes. Cali, que hoy se autodenomina la 'capital de la resistencia', en medio de un desabastecimiento general y del bloqueo de todas las entradas, incluso la del aeropuerto, es quizás la expresión máxima de ello.
Los líderes locales de las grandes ciudades como Bogotá, Medellín y la misma Cali, no solo desafiaron los decretos de suspensión y los toques de queda, sino que se posicionaron directamente en contra de la militarización ordenada por el gobierno. Algunas ciudades medianas buscaron salidas pacíficas, por ejemplo en mesas conjuntas entre la ciudadanía y los militares, como sucedió en Cartagena.
Aunque ya hubo muertos en las manifestaciones anteriores, el estado de violencia y represión que se ha vivido no tiene precedentes. Temblores, una importante organización de defensa de los derechos humanos, ha reportado, entre el 28 de abril y el 6 de mayo, 37 víctimas por homicidios por parte de la policía y más de 1.700 casos de violencia, incluida la violencia sexual contra mujeres. La Defensoría del Pueblo reporta un número de 89 desaparecidos, mientras que organizaciones no gubernamentales hablan de más de 170.
"Muchos temen que la ineficacia del sistema judicial lleve otra vez a la impunidad de estos crímenes, como ya sucedió con casos semejantes en 2020". Los medios y el establishment han sostenido que se han producido graves e injustificables ataques contra la policía, y vandalismo contra propiedad pública y privada.
En una sociedad que, tras años de conflicto interno, se encuentra inmersa en un proceso de justicia transicional cuyo lema es el de 'no repetición', el escenario resulta aterrador. Colombia ya ha padecido ciclos muy fuertes de conflicto interno como para ignorar que 'más violencia provoca aún más violencia', en una espiral que parece no tener fin.
Para ponerlo en contexto, "las violaciones de derechos humanos por parte de la policía superan, en solo 4 días, las cometidas en Chile durante varios meses de protesta en 2019". Organizaciones de la sociedad civil colombiana denuncian que la violencia policial es una práctica difundida durante las manifestaciones.
CONTINÚA...
2.jpg)
.jpg)
No hay comentarios:
Publicar un comentario