DESABASTECIMIENTO FARMACÉUTICO

¿Una guerra comercial? 

Acopiar la medicación habitual se ha convertido para muchos pacientes, sobre todo los crónicos, en una molesta aventura abocada a largas esperas:

 — «vuelva mañana a ver si hay suerte», «lo pedimos todos los días al distribuidor», «le aseguro que no es usted el único»— y demasiadas veces infructuosas.

El desabastecimiento de productos farmacéuticos se ha instalado como una incómoda rutina en las farmacias españolas, cada día más impotentes para dispensar un listado de medicamentos que no para de crecer, y que hasta hace poco eran fáciles de conseguir.

Esta situación sume un estado de alarma a muchos enfermos, sobre todo si sus medicinas son de presentación única y no hay disponibilidad de otras marcas ni tampoco de un genérico que las sustituya, o al menos de un medicamento con un principio activo similar que resuelva como alternativa parcial su necesidad terapéutica. Pero que este problema del desabastecimiento se haya agravado de un modo exponencial hasta llegar a las altas cotas actuales, no significa que nos encontremos ante algo nuevo.

En contra de lo que podría parecer, el origen del desabastecimiento data desde hace casi quince años, y una referencia clave la encontramos en mayo de 2005 cuando se celebró la primera rueda de prensa para abordar los fallos en la distribución de fármacos, presidida por la entonces ministra Elena Salgado junto con representantes de la industria farmacéutica.

Desde entonces, y a pesar de los intentos por minimizar el problema con informaciones ambiguas por parte de los laboratorios, la situación ha empeorado año tras año. Según el Centro de Información online de Medicamentos (CIMA), actualmente hay problemas para encontrar un total de 547 referencias en las farmacias.

Si bien es cierto que en la mayoría de los casos es posible —por ahora— resolver el problema con equivalentes genéricos, el exceso súbito de demanda de estas alternativas hace previsible que también los genéricos entren en desabastecimiento al desaparecer las existencias por imposibilidad de hacer frente a las necesidades del mercado.

Antes de analizar las causas y las soluciones para el desabastecimiento, quisiera llamar la atención sobre la escasa repercusión que este problema está teniendo en los medios (no recuerdo haber escuchado la noticia en ningún telediario de gran difusión), siendo que este tema surge a diario en las salas de espera de los consultorios médicos, en las visitas a los facultativos y en las oficinas de farmacia, donde las quejas de los clientes son constantes ante unos farmacéuticos que para nada son culpables de no recibir los medicamentos afectados.

CAUSAS Y SOLUCIONES

Se impone plantearse cuales puedan ser las causas que han conducido a tan incómoda situación. Todo apunta a que, más allá de los posibles problemas que puedan afectar a la fabricación o la capacidad de distribución de los medicamentos, nos encontramos ante un conflicto de tipo económico en el que los bajos precios de los medicamentos en nuestro país (de los más baratos de Europa) juegan un papel crucial.

Tanto es así que a la industria farmacéutica le resulta incómodo trabajar con un mercado donde muchos medicamentos se venden a unos precios que les obligan a replantearse si elegirlo o no como cliente. Y, reconozcámoslo, es lógico que una empresa decida dónde quieren colocar —o dejar de suministrar— sus productos en su empeño por obtener los mayores beneficios posibles o, en casos ya extremos, de no incurrir en pérdidas.

Según Juan Pedro Rísquez, vicepresidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, «la bajada progresiva de precios está repercutiendo negativamente, y poniendo en peligro la viabilidad en la comercialización, por lo que están surgiendo propuestas de poner un suelo de precio que evite esta situación».

Un ilustrativo ejemplo lo tenemos en el Ibuprofeno, un medicamento muy conocido y utilizado cuyo coste de materia prima era de 10€ por kilo y hoy se ha triplicado mientras que una caja de 40 comprimidos se sigue vendiendo en nuestro país al mismo precio de 1,97€ . 

Otro llamativo ejemplo afecta al Omeprazol, un fármaco también muy popular que en los dos últimos decenios ha bajado su precio de referencia de 23 € a 2,42 € mientras que el IPC subía un 40% en ese mismo periodo.

 Ante estos datos, es comprensible que la industria farmacéutica exija al Gobierno una revisión al alza de los precios de referencia, sobre todo cuando los costes de producción, los controles de calidad y los índices de pecios de consumo van en ascenso. También es comprensible el empeño de las empresas farmacéuticas para que su negocio sea rentable, aunque nada justifique que tantas veces sus estrategias rocen las finas líneas que delimitan el negocio de la ética, máxime cuando lo que estas empresas producen no son piezas para yates de recreo sino unos productos de consumo sanitario a los que todos, sin excepción, deberían tener acceso.

Una primera conclusión, es la necesidad de que la Administración reflexione acerca de que, entre disponer de medicamentos muy baratos (en su empeño por fijar unos precios más asequibles que garanticen la sostenibilidad del sistema sanitario) o no disponer de ellos, resulta obvio que lo primero sería tomar medidas para que los laboratorios no dejen de fabricar y de abastecernos, máxime cuando en nuestro sistema sanitario, un elevado porcentaje del costo de los medicamentos lo financia el Estado y no repercute directamente en el bolsillo de los pacientes.

Una segunda conclusión es que, pese a la penalización que supone para los laboratorios que los medicamentos no suban de precio en consonancia con el resto de la economía del país, no es ética ni socialmente admisible la estrategia comercial de castigar con el desabastecimiento de ciertos fármacos, algo que sin duda está sucediendo por más que lo niegue la industria farmacéutica.

Es comprensible que cualquier empresa dé prioridad como cliente a un país con los precios fijados más altos que a otro con bajos precios de referencia, pero de ningún modo es admisible —ni lo debe tolerar la Administración— que un laboratorio decida no vender un medicamento en un país por no serle rentable el precio fijado por el Estado.

Para el vicepresidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, Manuel Martínez del Peral «una bajada sostenida de precios ha hecho que España esté dejando de interesar; hay que tener en cuenta que el precio de la materia prima ha subido, todo ha subido y los medicamentos no dejan de bajar».

Cuando falta medio año para que finalice 2019, los últimos datos oficiales de que disponemos reconocen que en 2018 hubo un incremento del 44% en los problemas de suministro y desabastecimiento de fármacos; cifras que ponen en evidencia la gravedad de un asunto que afecta ya a muchos medicamentos de uso frecuente.

Es por ello que ante el imparable aumento de notificaciones de problemas de suministro de medicamentos, se impone cuestionarse si la administración sanitaria está haciendo todo lo que debería o si, por el contrario, tiene las manos atadas en el pulso que mantiene con la industria farmacéutica.

Aunque la mayoría de los casos (algún dato apunta que 9 de cada 10) los resuelve el farmacéutico cuando afecta a medicamentos que pueden ser sustituidos por otros de marcas diferente o genéricos, un problema grave surge cuando no existe un fármaco sustitutivo y el médico se encuentra en la disyuntiva de recurrir a fármacos que, por mucho que se aproximen a la finalidad terapéutica deseada, no cumplen plenamente los objetivos logrados por el medicamento no disponible.

Para abordar las soluciones, deberíamos partir de la premisa de que la industria farmacéutica, como negocio, recurrirá a todo lo que esté en sus manos con tal de no entrar en pérdidas, independientemente de que las medidas que adopte cubran o no las necesidades de los pacientes. Es por ello que las autoridades sanitarias (en España el Ministerio de Sanidad y a la Agencia Española del Medicamento) deberán ser rigurosas y exigentes para asegurar que los laboratorios no vulneren ningún derecho de los pacientes —como es el acceso a los medicamentos que cada cual necesite— ni incumplan ninguna de sus obligación legales.

También se hace necesario revisar la legislación vigente —y hacerlo rápida y eficazmente siendo que el problema ya se ha asentado en nuestro día a día— con el objetivo de que los precios de los fármacos afectados por el desabastecimiento resulten más atractivos para que los laboratorios decidan mantenerlos en el mercado. Consideremos que si un medicamento congela o baja su precio mientras el coste de la materia prima sube, la industria farmacéutica obrará en consecuencia.

En este sentido, el Gobierno debería mantener un contacto continuo con los laboratorios farmacéuticos, y hacerlo ininterrumpidamente día y noche mientras sólo un paciente que acuda a una farmacia no encuentre la medicación que precise porque los laboratorios y los distribuidores no quieren suministrarla. 

Consideremos que aunque España sea uno de los países más afectados, este es un problema global que afecta a Europa. De hecho, un informe sobre el desabastecimiento realizado por la PGEU (Agrupación Farmacéutica Europea) concluye que en 2018, en 21 países del Viejo Continente, los farmacéuticos dedicaron 5,6 horas semanales a gestionar stocks y búsqueda de medicamentos alternativos, etc. relacionados con esta problemática. En este estudio, la PGEU propone que se generen canales de información y comunicación para asegurar un seguimiento puntual y eficaz de los desabastecimientos.

Nos encontramos en pleno siglo XXI ante un grave problema de índole económico e industrial del que apenas se nos informa y que cada año que pasa repercute cada vez más en el derecho a la salud. Es obligación de los gobiernos evitar que este conflicto revierta en un problema sanitario. También, que de ningún modo afecte a la disponibilidad de los fármacos que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera imprescindibles en todo momento, en cantidades suficientes, en las formas farmacéuticas apropiadas, con una calidad garantizada, y a un precio asequible para las personas y para la comunidad.

FUENTE: nuevatribuna.es
Alberto Soler Montagud
14/07/2019 

Creo que "cómo no nos echemos" a la calle (como es menester) "no nos harán" ni puñetero caso.