Los dueños de Las Teresitas cedieron el frente de playa al Ayuntamiento en 1967
Documentos hallados por Urbanismo demuestran
que la Junta de Compensación aportó las parcelas para que se hiciera la
obra del dique y se acondicionara la costa
Las Teresitas en los años 30
El caso Las Teresitas ha dado un nuevo giro. El Ayuntamiento santacrucero anunció que ha enviado a la Fiscalía y al Juzgado de Instrucción número 6 de Santa Cruz de Tenerife una documentación que podría cambiar el curso del proceso abierto en la vía civil e incluso afectar a la instrucción penal. Según ha podido saber la opinión de tenerife, estas nuevas pruebas documentales vendrían a demostrar que los terrenos del frente de playa que compró el Consistorio en 2001 por 53 millones de euros a Inversiones Las Teresitas (ILT) con el pretexto de evitar la urbanización de la playa eran de propiedad municipal desde 1967.
Las fuentes consultadas por este periódico precisaron que dichas parcelas pasaron a ser de titularidad pública antes de que se llevaran a cabo las obras para construir la playa artificial de Las Teresitas. Fue la Junta de Compensación, un órgano que aglutinaba a muchos de los propietarios de las parcelas en esta zona del municipio, quien le cedió al Ayuntamiento los terrenos como contrapartida por mejorar el frente; es decir, los miembros de la Junta tendrían que haber ingresado en las arcas municipales 50 millones de pesetas (301.000 euros) pero, al no disponer de fondos, cedieron los terrenos a Santa Cruz hasta que lograran el dinero.
Pese a que este era el acuerdo al que llegaron ambas partes cuando Pedro Doblado era alcalde de Santa Cruz y la Presidencia de la Junta la ostentaba José Delgado, parece ser que la Junta nunca llegó a abonar la totalidad de los 301.000 euros que tenían que haber pagado los propietarios por la obra para construir la playa artificial y los diques que la protegían, por lo que los terrenos quedaron en manos del Consistorio capitalino.
José Delgado, primer presidente de la Junta de Compensación, explicaba todo este acuerdo en una de las últimas entrevistas que concedió antes de fallecer y apuntaba a la posibilidad de que el Ayuntamiento se hubiera comprado los terrenos a sí mismo.
Este no es el único documento que el actual equipo de Gobierno –formado por Coalición Canaria y el PSOE– ha enviado a la Fiscalía y al Juzgado de Instrucción número 6 de Santa Cruz de Tenerife, pues entre las pruebas remitidas también figura una ficha de Patrimonio –con fecha de 1998– en la que el frente de la playa está registrado a nombre del Ayuntamiento de Santa Cruz.
Entre los documentos remitidos a la Fiscalía y al Juzgado se encuentran también unas notas manuscritas de funcionarios de alto rango de la Corporación municipal que probarían, según el Ayuntamiento, que se llevó a cabo una confabulación que tenía por objeto que la titularidad de los terrenos volviera a pasar la Junta de Compensación, punto de partida imprescindible para el resto del proceso que actualmente se investiga.
Ahora, el hecho de que el actual equipo de Gobierno haya encontrado esos documentos en los que figuraría dicha cesión y notas manuscritas podría cambiar las tornas. El Consistorio reclama a Inversiones Las Teresitas –empresa montada por Antonio Plasencia e Ignacio González– que le devuelva no sólo los 53 millones de euros que en su momento le pagó por esos terrenos, sino también otros 21 millones de euros en concepto de intereses. La aparición de esta documentación vendría a reforzar los argumentos esgrimidos por el Ayuntamiento para que le sea reembolsado el dinero que, en su momento, pagó a ILT por los terrenos de Las Teresitas.
Los servicios jurídicos de Santa Cruz presentaron esta demanda contra ILT como respuesta a una denuncia interpuesta previamente por la sociedad mediante la que los empresarios le exigían al Consistorio una indemnización de 116 millones de euros por no haber podido construir en el frente de la playa desde que adquirió las parcelas. Además, los empresarios consideran que el Ayuntamiento les debe devolver los terrenos.
En un principio, estaba previsto que tanto Ayuntamiento como los empresarios se vieran las caras en la vista previa que se iba a celebrar durante la mañana de ayer con motivo de la reclamación de los 74 millones de euros que le exige el Consistorio a Inversiones Las Teresitas. Sin embargo, la presentación de esta documentación supuso que el Juzgado de Instrucción número 6 no sólo decidiera suspender dicha vista, sino que también abriera un plazo de varios días para que la otra parte personada en este caso pueda presentar alegaciones.
Aún se desconoce si la Fiscalía decidirá elevar esta nueva documentación al Supremo, tribunal en el que se investigan todas las implicaciones penales que podría tener el caso Las Teresitas que afectan a Miguel Zerolo, por su condición de aforado al ser senador por comunidad canaria, y al juzgado de instrucción número de Santa Cruz de Tenerife, que lleva la parte penal del caso que afecta a los no aforados, 13 empresarios, funcionarios y exconcejales del Ayuntamiento santacrucero. La causa investiga la posible comisión de delitos de corrupción urbanística debido a los indicios de que el Ayuntamiento pagó a González y Plasencia –los empresarios están entre los imputados– por unos terrenos que ya eran de su propiedad, los que cedió la Junta de Compensación y un 30% del frente de playa que estaba dentro del dominio marítimo-terrestre y, por lo tanto, era público.
Varios años antes de que se constituyera la Junta de Compensación en 1964 –se creó cuando los propietarios de las parcelas se enteraron de que el Ayuntamiento tenía previsto redactar un plan parcial para la playa– ya existía un proyecto de 1956 para urbanizar Las Teresitas. En dicho plan, que nunca llegó a prosperar, se hablaba de la posibilidad de que se construyera un hotel encima de la batería militar de San Andrés.
Ocho años después de que se redactara este proyecto, los ingenieros Pompeyo Alonso y Miguel Pintor planteaban al Ayuntamiento crear la playa artificial de Las Teresitas, un proyecto muy costoso para el que se requeriría invertir mucho dinero por lo que llegan a la conclusión de que se deberán urbanizar los terrenos de la zona para conseguir los fondos. Fue por este motivo por el que los propietarios de las parcelas constituyeron la Junta de Compensación.
Pese a que la Junta de Compensación logró que se incluyeran las propuestas de Pier de Bonní, a quien le encargaron que elaborara una nueva solución, al proyecto de Alonso y Pintor, a principios de los años 70 ya se empezaba a construir la escollera y se traían desde el Sahara cuatro millones de sacos de arena rubia para embellecer la costa. A partir de entonces, comienza la carrera de algunos por enriquecerse a costa de la playa.
FUENTE: La Opinión de Tenerife
Haridian del Pino
03.10.2013
No he podido reprimirme a adjuntarles las fotografías de los muchachos en cuestión:
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