PEDRO GOROSPE, Bilbao
No estaban obligadas a hacerlo, pero en tiempos de recaudaciones a la baja, podrían haber mirado para otro lado. El diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, del PNV, abanderó ayer la frontal oposición de los nacionalistas a aplicar la amnistía fiscal de Rajoy, que calificó de “eufemismo” para “blanquear capitales” de manera oficial.
Aunque la competencia exclusiva de las Diputaciones vascas para regular IRPF y Sociedades ha hecho que a veces adopten medidas al límite de la legalidad, como los pagarés forales en la década de los noventa, o las actuales sociedades de promoción de empresas (SPE), y la han sobrepasado claramente en otras, como las vacaciones fiscales —rebajas en el impuesto de sociedades consideradas ayudas ilegales de Estado por la UE—, Bilbao se negó ayer a perdonar a los defraudadores por motivos de “ética y conciencia”.
“No da igual” que su dinero “proceda de la droga, del tráfico de armas o del pelotazo inmobiliario. No vale todo”, dijo el diputado, pese a que extender la medida le podría haber supuesto a Euskadi unos 156 millones de euros, que salen de aplicar el 6,24% —el teórico peso que se atribuye a la economía vasca en el concierto nacional— de los 2.500 millones que estima recaudar Rajoy.
La postura de Bilbao y del PNV cierra la puerta a que Bizkaia y Áraba apliquen la medida. En Bizkaia el PNV tiene mayoría absoluta y, aunque en Áraba gobierna el PP, lo hace en minoría, y sin el apoyo del PNV —el PSE también la rechaza— no puede aplicarla. En la Diputación de Gipuzkoa, la coalición abertzale Bildu, que gobierna con mayoría, tampoco la va a aplicar.
Con esta medida, el PNV se aleja del PP en Euskadi, pese a que ha sido su aliado en materia fiscal para frenar la reforma tributaria del lehendakari.
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