'DELITO DE EXPRESIÓN'

Juristas y organizaciones de derechos humanos alertan sobre el encarcelamiento de Hasél por un 'delito de expresión'

 

Pablo Hasel

La Audiencia Nacional ha dado este jueves a Pablo Hasél un plazo de 10 días para ingresar por su propio pie en un centro penitenciario para cumplir una condena de 9 meses de cárcel. En un comunicado difundido ante su 'inminente' encarcelamiento, Hasél ha anunciado que “el 'brazo armado del Estado' tendrá que secuestrarlo 'a la fuerza' si quiere encarcelarlo, pues él no va a ingresar en prisión de 'forma voluntaria'”. 

“Obviando el exilio, decidí quedarme aquí para que esta oportunidad sea aprovechada para desenmascararlos aún más”, ha añadido. Además, ha asegurado que su encarcelamiento es "un 'ataque' no sólo contra él, sino también 'contra la libertad de expresión' y por ello contra la inmensa mayoría que no tenemos garantizadas, como tantas otras libertades democráticas”.

La Red Jurídica Abogados/as ha destacado en su perfil de Twitter que Hasél ha sido condenado por 'delitos de expresión' y que si finalmente ingresara en prisión, sería “el primer rapero de Europa que vaya a la cárcel por decir lo que piensa”, pues “otros 13 raperos han sido condenados en el Estado español, pero ninguno de ellos ha ingresado en prisión".

La Red Jurídica Abogados/as ha recordado asimismo que el GEPC (Grupo de Estudio de Política Criminal) –integrado por académicos, jueces, fiscales y abogados– propuso hace algo más de un año las ‘Propuestas alternativas a los delitos de expresión’, una serie de reformas legislativas entre las que se encuentran “la despenalización de los delitos de injurias, la restricción de los delitos de calumnias a su comisión con publicidad, la despenalización de los delitos contra los sentimientos religiosos, limitar los delitos de odio a la incitación pública a cometer delitos contra grupos vulnerables y hacer lo mismo con los delitos de enaltecimiento del terrorismo”.

Un planteamiento que excluye “las expresiones que simplemente fomenten o favorezcan la creación de climas de hostilidad y violencia”, pues “la libertad de expresión, en una sociedad plural y democrática, debe incluir manifestaciones que ofendan, conmocionen o perturben”.

“La prisión por delito de expresión es siempre un despropósito”, ha manifestado, también en su perfil de Twitter, Jacobo Dopico, catedrático de Derecho Penal de la UC3M (Universidad Carlos III de Madrid) y autor de más de 60 publicaciones, entre monografías y artículos doctrinales.

Jacobo Dopico

Dopico ha calificado de “desafortunada” y “banalizadora” la locución “libertinaje de expresión” contenida en la sentencia del Tribunal Supremo que ha condenado a Hasél y ha considerado que “votos particulares como los recogidos en las dos sentencias condenatorias –la de la Audiencia Nacional y la del propio Supremo– anticipan una 'probable condena' a España por parte del TEDH (Tribunal Europeo de Derechos Humanos) o Tribunal de Estrasburgo, si la condena al rapero no fuera anulada antes por el Tribunal Constitucional".

“La conclusión es que en ninguno de los 62 tuits que se han traído a este juicio se puede identificar un llamamiento a la violencia, y no parece que puedan ser susceptibles de generar situación de riesgo para persona alguna. Por ello, no pueden considerarse constitutivos del delito de enaltecimiento del terrorismo”, establece uno de esos votos particulares.

El catedrático de Derecho Penal ha analizado asimismo los 'hechos probados' de los tres bloques de delitos por los que el rapero ha sido condenado: "injurias al rey, injurias a la Policía y enaltecimiento del terrorismo".

 

Sobre el primer bloque –injurias al rey–, Dopico ha considerado que la condena del discurso de Hasél como discurso criminal “infringe las garantías de la libertad de expresión”, ha asegurado que 'la mayoría de los tuits' por los que el rapero ha sido condenado “ni siquiera se refieren al rey, sino a la monarquía o a sus amigos” y ha insistido en que "tras recientes 'revelaciones periodísticas', columnistas de la ‘prensa seria’ dicen 'cosas más explícitas' que las escritas por Hasél".

Sobre el segundo bloque –injurias a la Policía–, el catedrático ha destacado que la crítica del rapero a determinadas actuaciones policiales –como las que acabaron con la vida de 15 personas en la playa ceutí del Tarajal, con la de Martín Luna en Barcelona o con la de Íñigo Cabacas en Bilbao– es “una crítica en términos brutales”. Pero ha advertido de que una condena penal por ella “transgrede los estándares que el TEDH ha impuesto en materia de libertad de expresión y discurso antipolicial” en las sentencias de casos como el de Savva Terentyev o el de Stomakhin contra Rusia.

Sobre el tercer y último bloque –enaltecimiento del terrorismo– y los 11 tuits de Hasél que “determinan una condena de más de 2 años de prisión, no suspendible”, Dopico destaca que algunos de esos tuits, como “ante el terrorismo de Estado, barrio organizado”, ni siquiera tienen “relación comprensible con la acusación” y que los demás “no son constitutivos de delito de enaltecimiento”, pues –“como muy bien dicen en sus respectivos votos particulares los magistrados del Supremo, Ana Ferrer y Miguel Colmenero y la magistrada de la Audiencia Nacional, Manuela de Prado”, apunta el catedrático– “no suponen una incitación idónea a la violencia”.

Organizaciones de derechos humanos también se han pronunciado ante la notificación de la Audiencia Nacional sobre el ingreso en prisión del rapero.

Así, Amnistía Internacional España ha recordado en su perfil de Twitter que “nadie debería ser condenado penalmente por tuitear o cantar algo desagradable o escandaloso” y ha recordado que la organización lleva 'años' pidiendo que delitos como el de enaltecimiento del terrorismo o el de injurias a las instituciones del Estado deben ser 'eliminados' del Código Penal español, pues “no cumplen con los estándares internacionales de derechos humanos sobre libertad de expresión”.

Y es que el Derecho Internacional sólo permite la persecución penal de expresiones “que incitan de manera directa a cometer actos violentos y sólo si hay probabilidad de que se produzca dicha violencia y existe conexión clara y directa entre esas expresiones y los actos violentos”.

FUENTE: kaosenlared.net

Javier Lezaola

01/02/2021

 

A ver: ¿A este joven le van a enchufar 9 meses de 'talego', y sin embargo el militar que dijo lo de fusilar a la mitad de los españoles, se va a ir de rositas?

 

¿Qué pasa, que la libertad de expresión va por 'barrios'?

IRENE MONTERO SOBRE EL 'CASO DINA'

"Ha sido un intento de subvertir la democracia fabricando pruebas falsas"

Irene Montero

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha asegurado en La Hora de La 1, al ser preguntada por el archivo de la causa contra el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, por el denominado 'caso Dina', que era 'evidente' lo que el Tribunal Supremo iba a decir porque:

Pablo Iglesias

"No hay 'caso Dina', lo que hay es un 'caso Villarejo', un 'caso cloacas del Estado', una mafia criminal, policial, política, mediática también, que ha intentado subvertir la democracia fabricando pruebas falsas, bulos y atacando a quienes consideraba adversarios políticos para intentar que la gente no les votase en unas elecciones".

José Manuel Villarejo

La ministra, de Unidas Podemos, ha señalado que la Audiencia Nacional ya había dicho a este mismo juez que Pablo Iglesias es una "víctima de las cloacas del Estado," y que también lo ha dicho la propia Dina Bousselham, exasesora de Podemos: "Y lo ha dicho, ya que ella es tan víctima de las cloacas del Estado como el propio Pablo Iglesias".

Dina Bousselham

FUENTE: rtve.es/alacarta/videos/la-hora-de-la-1 

28/01/2021

LOS RESUCITADORES

Los hombres que resucitaron a Liberty Valance

El Tribunal Supremo ha decidido volver a juzgar a Otegi, y lo ha hecho por unanimidad, lo que es un indicio de algo enrarecido en la Justicia, más profundo de lo previsto

 

1- Estamos en un proceso constituyente, en el que, si todo sale mal, ya no será necesario el enojo de retocar una Constitución, como en 2012. Si, a su vez, este articulete me sale como calculo ahora que me fumo un pito y escucho una versión sobrecogedora de La Belleza, de Aute, acabaré haciendo un chimpón con la frase inicial de este punto, y trayendo a colación, por el mismo precio, un libro formidable de Jordi Nieva, 'El hombre que mató a Liberty Valance', un ¿manual? ¿una poética democrática? de derecho, a partir de aquella genialidad homónima de John Ford. ¡Rayos!, hacia años que no decía homónimo. Parece el nombre de un mono simpático. "Homónimo, homónimo... No puedo parar, ¡brrrr!"

2- Otegi ha dado lugar al caso homónimo.

Arnaldo Otegi y otros miembros de EH Bildu

3-. En su día –2011; sentencia en 2012–, Otegi y otros líderes abertzales fueron juzgados en la Audiencia Nacional. Sinopsis: En un momento en el que estaban realizando un esfuerzo notorio para hacerle el ERE a ETA, y canalizar su entorno a la no violencia, se decidió juzgarles por intentar crear otra formación, distinta a la ilegalizada Batasuna, con la que –agárrense, ¿qué será lo siguiente?– concurrir a elecciones. Posiblemente, por tanto, el juicio no obedecía tanto a un delito, como a cierta voluntad colectiva –en un determinado colectivo jurídico-político– de prolongar la cosa ETA, clave de bóveda de la propaganda del PP en aquellos años. Y, glups, en estos. El resultado fueron varias condenas, por pertenencia a banda armada –zas–, que iban de 6 a 7 años y medio. Poca broma. Durante el juicio, la jueza se puso castiza en un par de instantes. Lo justo, y más, para invalidar su imparcialidad en aquella extraña vista. Tras pasar por el Tribunal Superior y el Tribunal Constitucional, la cosa acabó en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos –rajó en 2018– que, previamente, ya se había pronunciado a favor de una recusación de la jueza por parcialidad. Se dice rápido. La actuación del TEDH fue importante posteriormente. Moduló la estética del juicio al procés, en el que hubo un notorio esfuerzo de contención anti-lapsus lacaniano. El TS, vamos, se sintió observado, que es lo peor que te puede pasar en un WC de gasolinera y en un tribunal de república bananera. De manera que lo estremecedor de aquel juicio –su instrucción, su sentencia– no transcurrió en su sala Primera y en tiempo real. Finalmente, en 2020, la sala Segunda del TS acabó anulando la sentencia de Otegi, tras la revisión interpuesta por sus defensas. Terminaba un segmento jurídico inquietante, en el que se conjugó la figura jurídica del 'pabernosmatao' con la del ' bien-está-lo-que-bien-acaba'. Dos figuras sumamente turbadoras, en tanto no son jurídicas.

4- Pues bien, ahora, el TS se ha puesto las pilas, o lo que se ponga, y ha decidido "volver a juzgar a Otegi. Por unanimidad. Es decir, en comunión con todos sus hipotéticos sectores". Verdaderamente ésa es la noticia en este asunto. Son 16 bravos jueces 16. Lo que supone una ausencia de matices en una decisión radical y de riesgo. Una apuesta por una jugada democráticamente cuestionable –la Justicia debe ser democrática, o apaga y vámonos; la justicia no es un estado de ánimo, es la ley formulada en democracia, un corpus que ya no es exclusivamente estatal–, en la que el TS tiene mucho que perder. "Más que Otegi y los otros acusados, incluso, que pueden no perder más de lo ya perdido en esta partida. Mucho. Varios años de su vida". Interpretación sobre la unanimidad: presupone presiones –es decir, también premios y castigos– y la sospecha de que es, a su vez y únicamente, una exhibición ante el TEDH, para que "esos chupatintas de Washington, que no entienden ni el Gran Estado de Mississippi, ni sus costumbres, se callen". Esa unanimidad es infrecuente, por definición, en una institución democrática para decisiones de ese calado y tendencia. "Esa unanimidad es un indicio de algo, efectivamente, enrarecido en la Justicia, más profundo de lo previsto". Y lo que es peor, presagia votaciones unánimes futuras. Para encarcelar a Lula, por ejemplo, y sea lo que sea Lula por aquí. El TS, en fin, puede estar a dos votaciones unánimes de proclamar la unanimidad. ¡Socorro!.

Tribunal Supremo español

5- ¿Qué pierde el TS? El TS puede perder lo único que tienen los TS mundiales. Su prestigio. En su día –antes de que el TEDH abriera la boca de la cara–, si quería quedar mono, el TS debería haber ordenado repetir el juicio. Pero "aplicar eso cuando se han superado todas las instancias, es una interpretación contra-reo. Es decir, una perversión de la Justicia. Inconstitucional, por otra parte". Si bien, me temo, no inconstitucionalista, ese chicle. Si existiera un TC posterior a su reforma y a su sacrificio ritual durante el procés, tendría deberes. "No los tiene/estará votando unánimemente por ahí".

6- Para su pirueta unánime, el TS ha forzado la interpretación del texto del TEDH. Sí, daba pie a repetir el juicio. Pero sólo a petición del reo, que se cuidaría mucho, a presión y temperatura estables, de hacerlo. Es decir, con su ejercicio de fuerza –más fuerza al uso que interpretativa– el TS no entiende que no es la última instancia. No entiende que el marco jurídico español es también europeo. "Añora una soberanía que ya no existe para él. Y la ejerce. La ejerce por segunda vez en un año". Eso es lo segundo importante. El TS, que decidió no respetar la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de diciembre de 2019 sobre la inmunidad de Junqueras, sino recrearla, ha decidido algo parecido y con otro Tribunal. Ha decidido algo más elaborado y forzado, incluso.

7- Hay serios indicios sobre el carácter político de esta segunda decisión, que aleja la Justicia española de Europa conscientemente. Es decir, hay serios indicios del carácter político del tramo alto de la Justicia. Más ahora, cuando el TS se saca de la manga –bueno, de la puñeta– una repetición de juicio, antes de la votación en el Congreso de los Presupuestos Generales del Estado, en los que Bildu votará afirmativamente, si-no-hacemos-algo.  Es un claro intento de participar en política por otros medios. Y es un ensayo –como las rabietas de los niños de dos años– para ver hasta dónde llega la autoridad de sus padres. En este caso, el TEDH y el TJUE.

8- El Gobierno debería optar por la opción más moderada ante este problema. "Tomar medidas contundentes ante una justicia politizada y en trance, como su nombre indica, de alejarse del imperio de la ley hacia el Imperio, antes de que sea demasiado tarde para el propio Gobierno". Incluso para más cosas y objetos. Debe recurrir, en defensa de la Justicia y de la Democracia, al mismísimo TEDH, al Consejo de Europa y a la Comisión Europea. Es un problema central, serio, estructural. "Sólo aprovechando este exceso del TS se puede plantear en Europa el problema político y democrático de la Justicia española, y su reforma".

Actual Gobierno español

9- Suponiendo que alguien quiera.

10- Repito: estamos en un proceso constituyente, en el que, si todo sale mal, ya no será necesario el enojo de retocar una Constitución, como en 2012. En toda Europa, ésa es la tensión. En España es la verdadera tensión territorial, la política, la tensión en el seno del Gobierno. En esta pandemia, todo apunta a ello, se están planteando cambios estructurales por la vía de los hechos, "privatizaciones de lo poco que quedaba sin privatizar". La reforma de las pensiones, aplazada en Francia, a-ver-qué, en España, será la metáfora. El Estado del Bienestar, la forma de democracia en Europa, seriamente herida –en España, desaparecida, nos pongamos como nos pongamos, con la reforma constitucional exprés– es el centro del conflicto. Quizás la Justicia que se verbaliza a sí misma es la pretendida. Quizás sea la más pertinente para esta época de reformulación de derechos. "Nadie cede sus derechos sin ejercicios de fuerza". Para lo que una Justicia politizada y al servicio del Estado –debidamente ocupado su Ejecutivo– sería algo de primera necesidad. "Si no se combate, ferozmente, por su reforma, se producirá un gran indicio de que no se quiere ninguna reforma". Lo que nos lleva a Liberty Valance.

11- En El hombre que mató a Liberty Valance, John Ford describe la democracia y el Estado. Ford era libertarian, algo con cierta operatividad y protocolo hasta Reagan. Se negó a declarar contra comunistas en el Hollywood del macartismo –“Me llamo John Ford y hago películas del Oeste, y lo que proponéis es una cabronada”–. Empleó a minorías, cuando eso no era frecuente y se animaba a todo lo contrario. "No le caía bien el Estado, e hizo una peli en la que planteaba el Estado: los ganaderos y sus pistoleros, y la democracia,  y un abogado del Este, y emigrantes alemanes sin derechos" -John Wayne, sin saber nada de todo eso, hizo posible la libertad en un pequeño pueblo-. "Democracia y Estado no siempre han sido lo mismo. La democracia no es más que Justicia. Un Estado puede existir sin ello". De eso, 'Estado ganadero vs. democracia', va el libro de Jordi Nieva . Homónimo, homónimo, homónimo... Brrrrrr.

FUENTE: ctxt.es

La vita nuova

Guillem Martínez

16/12/2020

 

Iba a escribir que 'no nos merecemos la Justicia que tenemos', pero.. a lo mejor sí, porque, como pueblo soberano, no presionamos lo suficente para que conseguir que cambie.

ENREDOS

Los hilos visibles del magistrado Román con Botella y Gallardón

El ponente del auto que impide al Supremo resolver sobre la venta de viviendas sociales a un fondo buitre fue secretario de Estado de Justicia con el PP, cuando Alberto Ruiz-Gallardón era ministro

Foto de archivo del entonces ministro de Justicia del PP, Alberto Ruiz Gallardón, con su secretario de Estado, Fernando Román, actual magistrado del Supremo y ponente del auto que absuelve a Ana Botella. EFE

"Las 'puertas giratorias' están presentes en el auto que confirma la absolución de la exalcaldesa de Madrid Ana Botella por la venta de 1.860 pisos sociales a 'fondos buitre' en 2013".

"El 'ponente de la resolución' es el magistrado Fernando Román, quien fue secretario de Estado de Justicia en la época de Alberto Ruiz-Gallardón como ministro del Gobierno del PP de Mariano Rajoy".

Este caso riza varios rizos. El primero, el mero hecho de que "Fernando Román sea una persona con un dilatada 'vinculación' con el PP -del que llegó a ser su secretario de Estado- y es el partido de Botella, quien, a su vez, es 'sucesora' de Gallardón al frente del Ayuntamiento de Madrid".

"El magistrado es también 'primo hermano' de Antonio Román, líder del PP durante décadas como diputado, senador y alcalde de Guadalajara (2007-2019)".

Fernando Román, el poder en la sombra de la Justicia

Julia Pérez

Apariencia de imparcialidad

"A pesar de estos 'vínculos', el juez Román no se abstuvo de ser el ponente de un litigio contencioso-administrativo con 'alto impacto social y político'".

"Las causas de abstención están 'muy limitadas'" -tener una relación familiar o una animadversión personal-," con el fin de que no sirva para eludir el principio de que juzga el juez predeterminado por la ley. "'Ninguna de estas causas' concurren en Román".

Pero existe una interpretación extensiva: "la 'apariencia de imparcialidad', porque está en juego la 'confianza' de la sociedad en sus tribunales". Esto es, "no solo se necesita ser 'imparcial' sino también parecerlo".

Denuncian vínculos de Aznar Jr. con los fondos buitre que compraron pisos sociales en Madrid

ALEJANDRO TORRÚS

"Fernando Román podría haberlo planteado al resto de los magistrados, con el fin de que la Sala decidiera si sus 'vínculos' con el PP y Gallardón afectaban a la apariencia de 'imparcialidad' del tribunal. Pero no lo hizo". Y la concejal socialista Mercedes González 'tampoco lo recusó'.

Vericuetos para absolver a la exalcaldesa

Un segundo rizo es "el 'extremo rigor formal' con el que el auto tumba la pretensión de esta 'vecina y concejal' de que el Supremo aporte la última palabra sobre la venta de las viviendas de protección pública al 'fondo buitre'".

"En lugar de realizar una 'interpretación flexible', el auto opta por rechazarla de plano por medio de 'vericuetos'": La recurrente no cumplió con un requisito de la Ley de Bases de Régimen Local. Esto es, "González no se dirigió previamente al ayuntamiento para requerir que presente un 'recurso de casación' ante el Supremo. Lo hizo como concejal, pero para la Sala 'no sirve' porque pretende comparecer como vecina ante el Supremo".

El Supremo confirma la absolución de Ana Botella por la venta de pisos de protección pública a un fondo buitre

público / europa press

"Los mismos argumentos con los que el auto rechaza a la 'concejal-vecina', podrían haber servido para admitir su recurso, máxime cuando hay 'dos sentencias discrepantes'", sostienen fuentes jurídicas.

Sea concejal o vecina, el caso es que "el Supremo 'no podrá entrar en este litigio' donde colisionan dos interpretaciones, ya que Botella y su equipo fueron 'condenados en primera instancia y absueltos en segunda'".

Vínculos de Aznar Jr. con el fondo buitre

En tercer rizo es "la venta de las 1.860 viviendas a Fidere, la filial de Blackstone. Este 'fondo buitre' mantenía 'importantes vínculos' con Gesnova Gestión Inmobiliaria Integral, de la que en esa época era consejero José María Aznar Botella, 'hijo' de Ana Botella y del expresidente Aznar".

Un magistrado del Supremo denuncia una "desviación de poder" para apartarle de la sección que juzga al Gobierno

JULIA PÉREZ

Hay un cuarto rizo: "la composición del tribunal que ha dictado el auto".

Tres amigos

"'Tres de los cinco' firmantes del auto forman parte de los 'GAL', como se tilda en el Tribunal Supremo al 'Grupo de Amigos de Lesmes' y que han sido aupados hasta el alto tribunal por el actual presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes".

Estos tres 'GAL' son "Fernando Román, Luis María Díez-Picazo, presidente de la Sala Tercera que está pendiente de su renovación en el cargo y Dimitry Berberoff, a su vez 'amigo personal' de Román".

Fernando Román

Luis María Díez-Picazo

Dimitry Berberoff

El cuarto integrante es "José Luis Requero, quien fue un 'polémico vocal' del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PP".

Y el quinto es "César Tolosa, expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria".

"'Todos ellos' integran la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Y son los 'encargados' de juzgar los actos del Gobierno y del propio CGPJ".

FUENTE: publico.es 
Julia Pérez 
Madrid - 11/06/2020

20 AÑOS MÁS

Un CGPJ en funciones nombra a 46 cargos, la mayoría afines a Lesmes y el PP, y condiciona la Justicia para los próximos 20 años

Los nuevos presidentes de tribunales superiores de justicia y audiencias provinciales permanecerán en las plazas cinco años. Y los nuevos magistrados del Supremo hasta la jubilación. Esta cúpula judicial la tendría que haber nombrado el próximo Consejo.

El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes,

junto al rey Felipe VI, en la apertura del año judicial. EFE/Mariscal

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "ha emprendido una 'vertiginosa carrera', a pesar de estar en funciones desde hace un año, y ha nombrado o convocado las plazas de 46 presidentes de tribunales y magistrados del Tribunal Supremo que tendría que haber nombrado el próximo Consejo". En su mayoría son "afines al presidente Carlos Lesmes y a los vocales nombrados a instancia del PP" que gobiernan el órgano constitucional. 

"Los altos cargos de la cúpula judicial se renuevan cada 5 años, excepto los magistrados del Supremo que permanecen en la plaza hasta la jubilación". Y así lo hizo el actual Consejo cuando fue elegido el 4 de diciembre de 2013.

"Este 4 de diciembre cumple un año de un CGPJ en funciones". Y Carlos Lesmes, el presidente interino que maneja el poder en el órgano constitucional y dirige la mayoría afín al PP, ha impulsado una "convocatoria masiva de plazas para renovar la cúpula judicial".

Dicha competencia correspondería al "próximo Consejo pendiente de nombrar por las Cortes Generales" y que va a tener una composición política diferente de la actual, creada cuando "Alberto Ruiz-Gallardón era el ministro de Justicia del PP" en tiempos de bipartidismo. La sensibilidad social y la representación política ha cambiado en el Congreso de los Diputados y el Senado.

Alberto Ruiz Gallardón

Grave cuestionamiento

"Sólo 4 de los 20 vocales del Consejo interino se han opuesto" a esta fiebre: Enrique Lucas Murillo -designado a propuesta del PNV-, así como las vocales progresistas Roser Bach, María Victoria Cinto y Concepción Sáenz.

"Acabemos con la vertiginosa carrera para agotar todos los nombramientos posibles a la que se ha lanzado”. Los vocales Lucas, Bach y Cinto pidieron el pasado septiembre a sus compañeros que se moderaran y, aunque consideran legal el ejercicio de estas atribuciones estando en funciones, sostienen en un voto particular que "el CGPJ debe autocontenerse y evitar un 'grave cuestionamiento' de su propia legitimidad".

"Pero Lesmes y la mayoría formada conservadora han seguido adelante, con el apoyo de un sector de la minoría progresista". Sólo necesita de dos votos de la izquierda para sacar adelante los nombramientos más reforzados, y "la división de los progresistas se los facilita cuando ofrece concesiones a uno u otro sector".

Victoria Cinto, Enrique Lucas, Concepción Sáez y Roser Bach

Sólo desde mayo pasado, "han nombrado o convocado el nombramiento de 46 presidentes de tribunales superiores de justicia, de las audiencias provinciales, Audiencia Nacional, de las salas de las distintas jurisdicciones, así como de magistrados del Supremo".

A diferencia de lo que ocurre con el Gobierno, "no existe una sentencia del Supremo que limite el alcance de un mandato en funciones". Aunque la propia Ley Orgánica del Poder Judicial prevé un Consejo interino y, dado su carácter político, las fuentes jurídicas consultadas consideran que "se están usurpando competencias del próximo Consejo".

Control del Supremo

Mientras, el CGPJ ha emprendido la carrera de sacar las plazas del Tribunal Supremo pendientes. Incluso "ya se ha convocado la plaza del expresidente de la Sala Tercera, José Manuel Sieira, cuando no se jubila hasta el 15 de diciembre".

José Manuel Sieira

"Desde que accedió al poder en 2013, Lesmes ha tenido entre sus objetivos el control del Tribunal Supremo" al que ha logrado dar un vuelco en su composición .

“Hoy, las 5 salas del alto tribunal tienen una mayoría de tendencia conservadora, y los políticos que negocian ahora los pactos no saben que no podrán gobernar con un Tribunal Supremo de cara”, explica en fuentes progresistas del CGPJ.

Por si fuera poco, "Lesmes ha logrado nombrar magistrados del Supremo a personas afines que rondan la cincuentena, de tal manera que se ha asegurado su presencia en los próximo 15 ó 20 años", hasta la jubilación.

Las asociaciones recurren

"Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) han recurrido al Supremo esta retahíla de nombramientos del CGPJ en funciones" y que no se hayan elaborado reglamentos sobre los baremos a tener en cuenta adaptados a la nueva legislación.

Los baremos genéricos fueron definidos por el Pleno después de la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El nuevo artículo 326.2 de dicha Ley estableció el pasado diciembre que deberán existir unas bases en cada convocatoria donde se definirán los méritos a tener en consideración para cada puesto. "Esta reforma pretendía responder las críticas del Consejo de Europa que ha afeado a España por su falta de transparencia en los nombramientos de la cúpula judicial".

“Pero ni se elige conforme al mérito de los candidatos, ni se propone acorde con la ley en materia de igualdad”, zanja Ignacio Ubaldo González Vega, portavoz de JJpD, quien tiene claro que "el objetivo es nombrar a sus afines antes de que termine el mandato”.

Ignacio Ubaldo González Vega

El portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, Jorge Fernández Vaquero, cree que "toda la situación de interinidad está acompañada de cierta parálisis ante iniciativas de calado. Pero llama la atención de que, sin embargo, no se haya producido en los nombramientos”.

Vuelco al Tribunal Supremo

Carlos Lesmes siempre ha tenido una fijación: la Sala de lo Contencioso-Administrativo. "Es la que juzga los actos del Gobierno, los actos administrativos y las decisiones del propio Consejo". Es su especialidad. "Desde que llegó al poder, Lesmes ha conseguido colocar en esta Sala a un tercio de todos sus magistrados afines".

"Como su íntimo amigo Luis María Díez Picazo, al que nombró presidente de esta Sala en detrimento del independiente Sieira". O la persona que lo propuso a Gallardón, Fernando Román. Sin olvidar a Dimitry Berberoff, su exdirector de Gabinete Técnico.

Luis María Díez Picazo

En la Sala de lo Social -que juzga asuntos derivados de la reforma laboral, por ejemplo- "el vuelco dado en estos 6 años es histórico. Lesmes y su mayoría han nombrado la mitad de sus magistrados".

En la Sala de lo Penal -que juzga a los aforados, por ejemplo- "han designado a 9 de sus 14 integrante", con algunas concesiones al sector progresista.

También han dado un giro a la Sala Primera, la de lo Civil -que juzga cuestiones como los derechos de los consumidores y las cláusulas abusivas-. "Su presidente es su amigo Francisco Marín Castán, cuyo hermano Fernando ha sido nombrado este noviembre magistrado de la Sala Quinta. Es la Sala de lo Militar, donde se designó magistrado a Jacobo Barja de Quiroga, quien en 2013 fue el que convenció a Alfredo Pérez Rubalcaba (PSOE) de que Lesmes era el candidato ideal para el CGPJ".

Espejel y Barrientos, los favoritos

Jesús María Barrientos - Concepción Espejel

Estos días se celebran las entrevistas para cubrir tres plazas de magistrado en la Sala Segunda del Tribunal Supremo. "Se presentan un total de 28 candidatos, 11 de ellos mujeres". Las entrevistas no han finalizado, pero fuentes jurídicas aseguran que "Lesmes habría hecho llegar a su entorno los nombres de sus preferidos":

Concepción Espejel -presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y recusada por el caso Gürtel por su afinidad al PP-; Jesús María Barrientos -que aún no ha terminado su mandato de presidente del TSJ de Catalunya- así como un posible magistrado de JJpD como podría ser Javier Hernández -presidente de la Audiencia de Tarragona (en funciones)-.

Acaba de convocar también una plaza para la Sala Tercera."Y en el entorno de Lesmes ya se asegura que su preferida es Esperanza Córdoba Castroverde, una alto cargo del CGPJ que saltaría desde allí directamente al Supremo" cuando lleva seis años sin poner sentencias, indican fuentes jurídicas. 

Jefa de la Inspección de los tribunales, "es hermana de su íntimo amigo Diego Córdoba Castroverde", elevado también a magistrado de esa misma sala durante este mandato.

FUENTE: publico.es

Julia Pérez

04/12/2019

 

¿Apestosilla la puñetera Justi ¡eh!?