UN INDULTO NECESARIO

Genere los gritos que genere, toca corregir una anomalía que nunca debió darse: la justicia haciendo el trabajo sucio de la política

Salida de la cárcel de Lledoners de siete líderes independentistas tras la concesión del tercer grado el pasado 29 de enero.

El 16 de octubre de 2017 los Jordis entraban en prisión. Eran los primeros líderes catalanes en pisar la cárcel por el 1-O y sus alrededores. Lo hacían acusados de delitos gravísimos –rebelión, desobediencia, sedición– que, hasta ese momento, nos sonaban de alguna peli americana sobre la Guerra Fría. ¿Vendió usted uranio a los rusos? Casi 4 años ya de aquello. "Casi 4 años de prisión política, como político fue el delito que se juzgó y condenó, y político será el indulto que asoma por la esquina".

Pasadas las elecciones madrileñas y con lo peor de la pandemia quedando atrás, Pedro Sánchez va preparando el terreno para lo que podría suponerle a su gobierno no ya un chaparrón, sino el diluvio universal. O nacional, para ser más precisos, que tampoco es plan de exportarle al universo nuestras miserias. "Debemos construir el futuro desde el entendimiento y no desde la venganza", ha declarado Sánchez desde Bruselas con esa seguridad que da saber que, a 2.000 kilómetros de casa, uno puede hablar de entendimiento con catalanes sin que un grupo de 'garantes de la democracia' aparezcan aporreándote el coche oficial al grito de 'arribaspaña'. 

Recibimiento a Pedro Sánchez en la ciudad autónoma de Ceuta el 18/05/2021

Cuando un presidente del gobierno hace unas declaraciones como estas, no es hablar por hablar. La estrategia de Sánchez, adelantando lo que aún no es oficial, es clara: "ir abriéndole la puerta al escándalo que supondrá esta decisión. Ir dejando escapar la presión de la olla para evitar que se produzca un estallido político, social y mediático el día que esos 9 condenados por sedición –vaya palabro– crucen en libertad la puerta de la cárcel tras ser indultados por el Gobierno". Si la estrategia de Sánchez es clara, la de la oposición de derechas es cristalina: hablando de pelis americanas, se trata de que Pedro Sánchez... 'no sienta las piernas'. 

Casado ya ha anunciado que, "si se concede ese indulto, se acabó la legislatura para Sánchez". Viniendo de alguien que pedía elecciones a la semana de arrancar la legislatura, no sabemos qué podría significar esto. Que Cataluña es el 'plato especialidad de la casa' de la derecha española nadie lo duda. Y es que le sale de rechupete. ¿Se imaginan una oportunidad más sabrosa que tener sobre la mesa ingredientes como el indulto a independentistas y un gobierno socialcomunista que lo concede? 'Vellos de punta'. 

 

"Prepárense para un desfile de la crispación pocas veces visto, lo cual ya es decir. Háganse a la idea de Aznar acudiendo a una manifestación en desagravio por el indulto y denunciando, con gesto grave, el ataque a la democracia que esto supone". Por supuesto, sin caer en la cuenta de los 6.132 indultos que concedió durante sus 8 años de gobierno. 'Dos indultos al día', lo cual le deja a uno el tiempo justo para liberalizar el suelo, negociar con el Frente Vasco de Liberación Nacional, meternos en una guerra y poco más.

"Prepárense para ver al Pablo Casado que bloquea el gobierno de los jueces presentándose ante la sociedad civil de Gotham como el Batman de la independencia de la justicia. Preparen la pupila para disfrutar de Abascal desfilando marcial por el barri de Gràcia de Barcelona con aquella camiseta de la legión que un buen día se compró por Amazon". No descarten que, incluso Leopoldo López, participante en un golpe de Estado en 2002 y huido de Venezuela tras ser condenado por liderar un alzamiento público que, al contrario que en Cataluña, acabó con 43 muertos, se pase por la fiesta.

 

Pablo Casado y José María Aznar

"Háganse a la idea de que el chaparrón es inevitable, pero también de que España nunca avanza sin chaparrones. El indulto es necesario para cerrar algunas de las heridas abiertas por un proceso tan caótico y doloroso como fue 'el procés' y su gestión desde Barcelona y Madrid". El indulto es necesario porque, a pesar de lo repetido por televisiones y guardias civiles que han desfilado por el tribunal, la única violencia que se produjo aquellos días en Cataluña fue la que sufrieron quienes acudieron a votar en unas elecciones que fueron una chapuza, un acto de desobediencia o una performance, pero nunca, como quedó demostrado, 'un golpe de Estado'. 

"El indulto es necesario porque, pasados los años, algunos prestigiosos juristas poco sospechosos de independentistas siguen sin ver clara una condena por sedición que se pareció más a una salida digna para el Estado que a una sentencia aplicada con rigor". Pero, sobre todo, el indulto es necesario porque, "genere los gritos que genere, llueva lo que llueva, toca corregir una anomalía que nunca debió darse: la justicia haciendo el trabajo sucio de la política".

FUENTE: ctxt.es

Tecetipo

Gerardo Tecé

26/05/2021 

 

 

Reitero mi apreciación de qué, tras 45 años de 'democracia', lo que menos ha evolucionado en este 'pís', es la Justicia. Sigue atufando a franquismo que da miedo.

LOS RESUCITADORES

Los hombres que resucitaron a Liberty Valance

El Tribunal Supremo ha decidido volver a juzgar a Otegi, y lo ha hecho por unanimidad, lo que es un indicio de algo enrarecido en la Justicia, más profundo de lo previsto

 

1- Estamos en un proceso constituyente, en el que, si todo sale mal, ya no será necesario el enojo de retocar una Constitución, como en 2012. Si, a su vez, este articulete me sale como calculo ahora que me fumo un pito y escucho una versión sobrecogedora de La Belleza, de Aute, acabaré haciendo un chimpón con la frase inicial de este punto, y trayendo a colación, por el mismo precio, un libro formidable de Jordi Nieva, 'El hombre que mató a Liberty Valance', un ¿manual? ¿una poética democrática? de derecho, a partir de aquella genialidad homónima de John Ford. ¡Rayos!, hacia años que no decía homónimo. Parece el nombre de un mono simpático. "Homónimo, homónimo... No puedo parar, ¡brrrr!"

2- Otegi ha dado lugar al caso homónimo.

Arnaldo Otegi y otros miembros de EH Bildu

3-. En su día –2011; sentencia en 2012–, Otegi y otros líderes abertzales fueron juzgados en la Audiencia Nacional. Sinopsis: En un momento en el que estaban realizando un esfuerzo notorio para hacerle el ERE a ETA, y canalizar su entorno a la no violencia, se decidió juzgarles por intentar crear otra formación, distinta a la ilegalizada Batasuna, con la que –agárrense, ¿qué será lo siguiente?– concurrir a elecciones. Posiblemente, por tanto, el juicio no obedecía tanto a un delito, como a cierta voluntad colectiva –en un determinado colectivo jurídico-político– de prolongar la cosa ETA, clave de bóveda de la propaganda del PP en aquellos años. Y, glups, en estos. El resultado fueron varias condenas, por pertenencia a banda armada –zas–, que iban de 6 a 7 años y medio. Poca broma. Durante el juicio, la jueza se puso castiza en un par de instantes. Lo justo, y más, para invalidar su imparcialidad en aquella extraña vista. Tras pasar por el Tribunal Superior y el Tribunal Constitucional, la cosa acabó en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos –rajó en 2018– que, previamente, ya se había pronunciado a favor de una recusación de la jueza por parcialidad. Se dice rápido. La actuación del TEDH fue importante posteriormente. Moduló la estética del juicio al procés, en el que hubo un notorio esfuerzo de contención anti-lapsus lacaniano. El TS, vamos, se sintió observado, que es lo peor que te puede pasar en un WC de gasolinera y en un tribunal de república bananera. De manera que lo estremecedor de aquel juicio –su instrucción, su sentencia– no transcurrió en su sala Primera y en tiempo real. Finalmente, en 2020, la sala Segunda del TS acabó anulando la sentencia de Otegi, tras la revisión interpuesta por sus defensas. Terminaba un segmento jurídico inquietante, en el que se conjugó la figura jurídica del 'pabernosmatao' con la del ' bien-está-lo-que-bien-acaba'. Dos figuras sumamente turbadoras, en tanto no son jurídicas.

4- Pues bien, ahora, el TS se ha puesto las pilas, o lo que se ponga, y ha decidido "volver a juzgar a Otegi. Por unanimidad. Es decir, en comunión con todos sus hipotéticos sectores". Verdaderamente ésa es la noticia en este asunto. Son 16 bravos jueces 16. Lo que supone una ausencia de matices en una decisión radical y de riesgo. Una apuesta por una jugada democráticamente cuestionable –la Justicia debe ser democrática, o apaga y vámonos; la justicia no es un estado de ánimo, es la ley formulada en democracia, un corpus que ya no es exclusivamente estatal–, en la que el TS tiene mucho que perder. "Más que Otegi y los otros acusados, incluso, que pueden no perder más de lo ya perdido en esta partida. Mucho. Varios años de su vida". Interpretación sobre la unanimidad: presupone presiones –es decir, también premios y castigos– y la sospecha de que es, a su vez y únicamente, una exhibición ante el TEDH, para que "esos chupatintas de Washington, que no entienden ni el Gran Estado de Mississippi, ni sus costumbres, se callen". Esa unanimidad es infrecuente, por definición, en una institución democrática para decisiones de ese calado y tendencia. "Esa unanimidad es un indicio de algo, efectivamente, enrarecido en la Justicia, más profundo de lo previsto". Y lo que es peor, presagia votaciones unánimes futuras. Para encarcelar a Lula, por ejemplo, y sea lo que sea Lula por aquí. El TS, en fin, puede estar a dos votaciones unánimes de proclamar la unanimidad. ¡Socorro!.

Tribunal Supremo español

5- ¿Qué pierde el TS? El TS puede perder lo único que tienen los TS mundiales. Su prestigio. En su día –antes de que el TEDH abriera la boca de la cara–, si quería quedar mono, el TS debería haber ordenado repetir el juicio. Pero "aplicar eso cuando se han superado todas las instancias, es una interpretación contra-reo. Es decir, una perversión de la Justicia. Inconstitucional, por otra parte". Si bien, me temo, no inconstitucionalista, ese chicle. Si existiera un TC posterior a su reforma y a su sacrificio ritual durante el procés, tendría deberes. "No los tiene/estará votando unánimemente por ahí".

6- Para su pirueta unánime, el TS ha forzado la interpretación del texto del TEDH. Sí, daba pie a repetir el juicio. Pero sólo a petición del reo, que se cuidaría mucho, a presión y temperatura estables, de hacerlo. Es decir, con su ejercicio de fuerza –más fuerza al uso que interpretativa– el TS no entiende que no es la última instancia. No entiende que el marco jurídico español es también europeo. "Añora una soberanía que ya no existe para él. Y la ejerce. La ejerce por segunda vez en un año". Eso es lo segundo importante. El TS, que decidió no respetar la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de diciembre de 2019 sobre la inmunidad de Junqueras, sino recrearla, ha decidido algo parecido y con otro Tribunal. Ha decidido algo más elaborado y forzado, incluso.

7- Hay serios indicios sobre el carácter político de esta segunda decisión, que aleja la Justicia española de Europa conscientemente. Es decir, hay serios indicios del carácter político del tramo alto de la Justicia. Más ahora, cuando el TS se saca de la manga –bueno, de la puñeta– una repetición de juicio, antes de la votación en el Congreso de los Presupuestos Generales del Estado, en los que Bildu votará afirmativamente, si-no-hacemos-algo.  Es un claro intento de participar en política por otros medios. Y es un ensayo –como las rabietas de los niños de dos años– para ver hasta dónde llega la autoridad de sus padres. En este caso, el TEDH y el TJUE.

8- El Gobierno debería optar por la opción más moderada ante este problema. "Tomar medidas contundentes ante una justicia politizada y en trance, como su nombre indica, de alejarse del imperio de la ley hacia el Imperio, antes de que sea demasiado tarde para el propio Gobierno". Incluso para más cosas y objetos. Debe recurrir, en defensa de la Justicia y de la Democracia, al mismísimo TEDH, al Consejo de Europa y a la Comisión Europea. Es un problema central, serio, estructural. "Sólo aprovechando este exceso del TS se puede plantear en Europa el problema político y democrático de la Justicia española, y su reforma".

Actual Gobierno español

9- Suponiendo que alguien quiera.

10- Repito: estamos en un proceso constituyente, en el que, si todo sale mal, ya no será necesario el enojo de retocar una Constitución, como en 2012. En toda Europa, ésa es la tensión. En España es la verdadera tensión territorial, la política, la tensión en el seno del Gobierno. En esta pandemia, todo apunta a ello, se están planteando cambios estructurales por la vía de los hechos, "privatizaciones de lo poco que quedaba sin privatizar". La reforma de las pensiones, aplazada en Francia, a-ver-qué, en España, será la metáfora. El Estado del Bienestar, la forma de democracia en Europa, seriamente herida –en España, desaparecida, nos pongamos como nos pongamos, con la reforma constitucional exprés– es el centro del conflicto. Quizás la Justicia que se verbaliza a sí misma es la pretendida. Quizás sea la más pertinente para esta época de reformulación de derechos. "Nadie cede sus derechos sin ejercicios de fuerza". Para lo que una Justicia politizada y al servicio del Estado –debidamente ocupado su Ejecutivo– sería algo de primera necesidad. "Si no se combate, ferozmente, por su reforma, se producirá un gran indicio de que no se quiere ninguna reforma". Lo que nos lleva a Liberty Valance.

11- En El hombre que mató a Liberty Valance, John Ford describe la democracia y el Estado. Ford era libertarian, algo con cierta operatividad y protocolo hasta Reagan. Se negó a declarar contra comunistas en el Hollywood del macartismo –“Me llamo John Ford y hago películas del Oeste, y lo que proponéis es una cabronada”–. Empleó a minorías, cuando eso no era frecuente y se animaba a todo lo contrario. "No le caía bien el Estado, e hizo una peli en la que planteaba el Estado: los ganaderos y sus pistoleros, y la democracia,  y un abogado del Este, y emigrantes alemanes sin derechos" -John Wayne, sin saber nada de todo eso, hizo posible la libertad en un pequeño pueblo-. "Democracia y Estado no siempre han sido lo mismo. La democracia no es más que Justicia. Un Estado puede existir sin ello". De eso, 'Estado ganadero vs. democracia', va el libro de Jordi Nieva . Homónimo, homónimo, homónimo... Brrrrrr.

FUENTE: ctxt.es

La vita nuova

Guillem Martínez

16/12/2020

 

Iba a escribir que 'no nos merecemos la Justicia que tenemos', pero.. a lo mejor sí, porque, como pueblo soberano, no presionamos lo suficente para que conseguir que cambie.

LA VERDAD SOBRE LOS JUECES

Tendríamos que hacer algo más de caso a nuestros clásicos. Quevedo, por ejemplo, aconsejaba no mostrar nunca la verdad desnuda, sino en camisa. O lo que es lo mismo, "no llamar exactamente a las cosas por su nombre para esquivar a esos que siempre están dispuestos a ofenderse" casi como actitud ante la vida.

"La verdad es tan molesta que, tal y como hemos comprobado recientemente, no se puede tildar de nazi a un nazi porque el tío se rasga las vestiduras, monta un cirio y hasta le dan la razón por la calle". Y tampoco se puede decir que la Justicia española ha sido humillada por los tribunales europeos a cuenta del procés porque nuestro 'independiente' tercer poder se lía la manta a la cabeza y te saca tarjeta amarilla nada más salir al terreno de juego para marcar territorio.

En este último caso, además, "lo de la humillación es discutible porque requiere que el afectado la experimente como tal, algo que ni se les pasa por la cabeza a nuestros excelentísimos y soberbios señores, que se creen dotados del don de la infalibilidad".

"Los de la toga, especialmente si esta es de raso y con puñetas de encaje como es moda en el Tribunal Supremo, son seres 'puros y perfectos', sobre todo ahora que se creen llamados a la misión histórica de defender la unidad nacional frente a la chusma de políticos que, o son incapaces, o son populistas y bolivarianos, que es bastante peor". De ahí su amonestación a Pablo Iglesias, al que desde aquí se le requiere más precisión:

"la Justicia española no ha sido humillada;

lo que ha hecho es el ridículo"

 

En cualquier caso, "lo que denota el comunicado de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial en el que pide prudencia y mesura y exige al Gobierno abstenerse de hacer una utilización política de la Justicia o cuestionar su independencia, es que (por si no tenía bastante con la actitud ultramontana y encorajinada de la derecha) el Ejecutivo ha de prepararse para otra oposición alternativa procedente, más que de las entrañas, de las alturas del mundo judicial".

Basta recordar la primera etapa de Zapatero en Moncloa y a "ese CGPJ desatado, elaborando informes que nadie había pedido como si no hubiera un mañana tras recibir las instrucciones pertinentes en la sede del PP, a la que los vocales conservadores acudían en un alarde de absoluta independencia".

Como se ha explicado aquí alguna vez, "el CGPJ es una fruta golosa y envenenada a un mismo tiempo, especialmente si la mayoría de sus componentes han sido designados por el anterior Gobierno, ya que resuelve sobre nombramientos, ascensos y traslados de jueces", por lo que tiene en su mano decidir, llegado el caso, quienes serán los que juzguen a los mismos políticos que tienen enfrente, y es muy capaz de convertir cualquier intento de desinflamar la cuestión territorial en un esguince de caballo de carácter crónico.

"No deja de ser irónico que sea ese mismo Consejo el que advierta contra el uso político de la Justicia cuando el proceso de designación de sus miembros no ha dejado de ser 'un impresentable enjuague entre partidos'".

"Su magnitud pudo apreciarse en todo su esplendor en el último intento de renovación, frustrado tras conocerse el papel que el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, asignaba al futuro presidente del órgano, Manuel Marchena, la marioneta perfecta para controlar 'desde atrás' la Sala de lo Penal y la del 61", es decir, las que juzgan a políticos y deciden sobre los partidos.

Antigua marioneta

 "El Consejo lleva en funciones desde agosto de 2018 y puede que siga así hasta el final de los tiempos si el PP persiste en bloquear su renovación, para la que es necesaria una mayoría de tres quintos de las Cámaras". Tan apetecible es colocar a un propio a su mesa, que hasta Vox se ha ofrecido a proponer candidatos a la merendola.

Pero hablábamos de la verdad, que es la madre de muchos disgustos. "La verdad es que no se ha podido o no se ha querido encontrar la fórmula para que los reguladores que han de vigilar el buen funcionamiento de la democracia sean remotamente independientes".

En el caso de la Justicia y del CGPJ, "la derecha siempre prefirió que fueran los propios jueces los que eligieran al Consejo, en el convencimiento de que su naturaleza es esencialmente conservadora". A la inversa, "la izquierda ha defendido que fuera el poder legislativo el que tuviera la última palabra para corregir el tiro". El resultado es el actual 'trapicheo quinquenal', con cada partido reclamando su cuota y sus migajas, o impidiendo la renovación para no perder la mayoría de la que dispone.

"En realidad la llamada Justicia independiente es una entelequia que no resiste un bufido". La verdad es que hemos endiosado a "unos señores, cuyo mérito radica en haber aprobado una oposición muy dura y ser capaces de recitar de memoria el Código Penal, pero a los que no se les exige ninguna sensibilidad social" ni se les vacuna contra las estupideces.

"La verdad es que pocos de estos justos señores se sustraen a un corporativismo enfermizo.

Esa es la puñetera verdad"

 

FUENTE: publico.es
Tierra de nadie
Juan Carlos Escudier
16/01/2020

Ya mi abuela Melania, que para su desgracia era analfabeta (solo la educaron para cuidar niños y trabajar como una mula) pero no tonta, cierto día que apareció una serie de jueces en aquella lejana televisión en blanco y negro, recuerdo que dijo:

"Y esos señores, por el hecho de ser jueces ¿creen que son más honrados y mejores personas que los demás?"

ENTREVISTA A ROLDÁN JIMENO

“La justicia española, en gran medida, aún es franquista”

Roldan Jimeno (Pamplona, Navarra, 1973) es "historiador y jurista. Autor de numerosas obras de investigación", su último libro, 'Amnistías, perdones y justicia transicional: El pacto de silencio español (Pamiela, 2018)', tiene por objeto la 'Ley de amnistía de 15 de octubre de 1977', "pilar del actual régimen español", y las políticas de memoria aplicadas desde entonces en el Estado español, sin perder de vista la perspectiva internacional.

En el subtítulo del libro habla del 'pacto de silencio español'. Sin embargo, se ha hablado mucho de la Guerra Civil. El problema, más bien, es "el punto de vista relativista sobre la República, la guerra y el franquismo, que equipara democracia y fascismo" y que ha sido un lugar común de la cultura política española durante años y, hasta cierto punto, aún perdura...

Ambas cosas están estrechamente ligadas. "Como en el tipo de transición que hemos tenido ha habido olvido, el franquismo ha quedado legalizado, tanto jurídicamente ―sobre todo jurídicamente― como socialmente", porque existe la garantía jurídica: la Ley de Amnistía, las prescripciones… "Todo ello ha supuesto un blanqueamiento del franquismo", que ha implicado que, por ejemplo, las sentencias militares, que son políticas, aun estén vigentes. Eso sería impensable con el nazismo, con el régimen de Mussolini o con la dictadura chilena. Y aún se mantiene.

Si analizamos las medidas excarcelatorias de presos políticos aprobadas por el segundo gobierno de la monarquía y lo hacemos prestando atención a la cronología, vemos que fueron precedidas de fuertes movilizaciones, que, en 1977, ya se limitaban prácticamente al País Vasco.

Hay dos o tres planos distintos, a pesar de que se encuentren en el seno de la misma ley. Uno es lo que reivindicaban los movimientos antifranquistas, de modo muy especial en el País Vasco: "la amnistía de los presos políticos, que no eran sólo de ETA, ya que también había de otros grupos, como, por ejemplo, el FRAP. Junto a ello estaba la amnistía laboral, en torno a la cual también hubo un movimiento muy importante". Y, en tercer lugar, también tuvieron fuerza las reivindicaciones de otras amnistías, como la despenalización del adulterio, impulsada por el movimiento feminista y, por tanto, "la amnistía de las personas condenadas por adulterio".

También había otros movimientos, mucho menores, como los que reivindicaban la amnistía para los homosexuales. "La homosexualidad era tratada como si fuera una enfermedad y, a la práctica, se encerraba a los homosexuales". Todos estos movimientos crearon una reivindicación general a favor de la amnistía, en el País Vasco, especialmente, y en el conjunto del Estado, en general.

A los miembros de algunos grupos opositores no se les aplicó la Ley 46/1977 de 15 de octubre de amnistía. A finales de diciembre de 1977 aún había 48 presos políticos por acciones realizadas antes de la entrada en vigor de la Ley, relacionados con el Partido Comunista de España (reconstituido), los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO), el Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario (MPAIAC) o el Partido Comunista de España (internacionalista).

Y no sólo eso. ¿Qué es la amnistía? ¿Qué la diferencia del perdón, del indulto? "Que, cuando se te aplica, desaparecen tus antecedentes penales, como si se borraran todas tus acciones anteriores". ¿Qué pasó con esta ley de amnistía? Los casos que has mencionado están ahí, y fueron muy duros, pero también hubo otras cosas, "como gente que había sido de ETA y salió a la calle con la amnistía, pero a la que, cuando la paraba la policía en un control, inmediatamente le aparecían todos los antecedentes". Y eso pasó casi "hasta la década de 1990. Y no pasó sólo con la amnistía política, sino también con la laboral"; a mucha gente le pasó que cogía un avión hacia Estados Unidos y no podía entrar en el país por unos hechos que, en teoría, estaban amnistiados. ¿Dónde está la amnistía?

A pesar de la Ley de Amnistía, en diciembre de 1977 fue juzgado en consejo de guerra el miembro de la Unión Militar Democrática (UMD) José Ignacio Domínguez.

Lo que ocurrió con la UMD tuvo mucho eco, no sólo en la década de 1970, sino también después, "cuando se produjo el golpe de estado". Hablamos de amnistía, pero la justicia transicional tiene más cosas: búsqueda de la verdad, reparación, la propia justicia y garantías de no repetición. "Los militares, maestros, etc. de la Segunda República tuvieron reparación (a pesar de que, al ser muy mayores, ésta no fue para tanto)". Pero "a los militares de la UMD no se les aplicó la amnistía; se convirtieron en un símbolo, porque eran los únicos militares que no eran franquistas". Pero, al mismo tiempo, eso tapó todo lo demás. Pienso que "a la derecha y, de modo especial, a UCD, que entonces estaba en el Gobierno, también le interesaba eso", porque así parecía que éste era el único problema de la amnistía. Y tan pronto como la Ley entró en vigor, enseguida aparecieron problemas graves: los que hemos comentado o que la amnistía laboral no fuera tan amnistía, entre otros.

Sobre la amnistía laboral, sostienes que “el confuso e incompleto ordenamiento jurídico laboral español no facilitó al trabajador amnistiado la readmisión en su puesto de trabajo” (p. 114).

Si lees la Ley de Amnistía y te fijas en la parte sobre la 'amnistía laboral', ves que, de entrada, la metieron de un modo algo extraño. "El texto es muy torpe estilísticamente y se ve que lo metieron como consecuencia de una negociación". Está metido de una manera muy abierta. Con las leyes pasa eso: tú puedes elaborar una ley, pero, para que sea práctica, necesita un desarrollo reglamentario. Pero, "aunque se aprobara la Ley de Amnistía, como la transición no implicó ruptura con el franquismo, las leyes laborales del franquismo siguieron en vigor" y, además, cuando las modificaron, no lo hicieron precisamente para dar garantías a la amnistía laboral.

Por lo tanto, "cuando una persona amnistiada por la amnistía laboral quiso ejercer sus derechos, a menudo el empresario tuvo todo tipo de resquicios para no readmitirla". Durante los siete primeros años de la década de 1970 "hubo un montón de huelgas en todo el Estado, pero muy especialmente en el País Vasco (y no digamos en Navarra)"; había una crisis económica y grandes huelgas, en que participaban centenares de personas, huelgas violentas y de motivación no puramente laboral, ya que también tenían connotaciones políticas: pro amnistía, etc. "Hubo centenares de despidos". Cuando se aprobó la amnistía laboral, el texto de la Ley hizo que para el empresario fuera muy fácil decir: “yo no le despedí por eso, sino por las necesidades económicas de la empresa”. Surgieron situaciones muy complicadas.

"Paradójicamente, 'los dirigentes' de aquellas huelgas tuvieron más suerte, porque les era muy fácil demostrar que les habían despedido por eso, pero los simples trabajadores no". Así que aquellos que acudieron a la huelga y fueron despedidos, sufrieron. La amnistía laboral fue importante, pero también hubo muchos dramas personales: gente que pensaba que recuperaría su puesto de trabajo pero que, al final, no lo hizo.

En el libro (p. 88) apuntas que "UCD aceptó la amnistía laboral a cambio de la amnistía de los crímenes del franquismo". Sin embargo, Luis Enrique de la Villa y Aurelio Desdentado sostienen que lo hizo a cambio de que los partidos obreros aceptaran una política de rentas.

En esta época hubo negociaciones muy intensas, "todos los temas se tuvieron que negociar desde cero", y entre ellos estaba la amnistía. La negociación de la amnistía, además, era muy simbólica, porque, en aquel momento, era la cuestión que más se reivindicaba en la calle y porque era la primera ley. Por lo tanto,"UCD utilizó la amnistía a favor de sus intereses". Y ¿qué era lo más importante para el PSOE y el PCE? No tanto la amnistía política —aunque, en teoría, la reivindicaran— como la amnistía laboral. "No podemos olvidar que, en aquella época, la UGT y el PSOE eran gemelos y que CCOO y el PCE iban de la mano". Con ello, "UCD tenía la sartén por el mango y se aprovechó de esa situación".

"Cuando hablamos de los crímenes del franquismo, no hablamos sólo de los cometidos en la Guerra Civil o contra los 'maquis'"; también hablamos de Martín Villa, que en aquel momento era ministro, o de 'los sucesos de Vitoria', que, cronológicamente, eran muy próximos. A ellos también les interesaba amnistiarse a sí mismos.

Precisamente el aspecto más criticado de la Ley 46/1977 es "la protección que otorga a los agentes de la represión franquista", al extinguir su responsabilidad penal por los delitos cometidos durante la persecución de las acciones amnistiadas por la Ley y por vulneraciones de derechos de las personas, en general.

"Cuando se aprobó la Ley de Amnistía, la gente estaba tan centrada en esta reivindicación histórica que UCD aprovechó para meter también la amnistía de los delitos del Estado franquista".

"No quiero decir que no se percatara nadie de ello —allí estaba, a la vista—, pero la otra reivindicación eran muy fuerte y la acumulación de fuerzas, muy débil". Además, como era la primera ley de las 'Cortes democráticas', no había mucha tradición de negociación. "No existe documentación sobre el proceso de negociación, no hay actas de las reuniones de la comisión". Por otra parte, los debates fueron muy políticos, pero tuvieron escaso contenido jurídico. Y las cosas que salieron eran apuestas por el olvido o, si no, los presos vascos, la amnistía laboral y este tipo de cosas.

Rodolfo Martín Villa

Pero no se debatió sobre este blanqueamiento del franquismo. Al final, por muchas razones, "parecía que la Ley daba la amnistía que reclamaba el pueblo, pero, en realidad, la que después ha tenido más consecuencias jurídicas ha sido la otra". Por otra parte, salvo algunas excepciones, la doctrina tampoco estudió el tema. Además, en aquella época y "en los años siguientes no se dieron amnistías de este tipo en ningún lugar del mundo". La Constitución española descartó este tipo de amnistías, pero "la Ley de Amnistía quedó como una reliquia, intocable, y, aunque la ONU y muchos organismos internacionales digan que es una ley preconstitucional y contraria a los derechos humanos, se mantiene, por razones políticas".

La Constitución española de 1978 prohíbe los 'indultos generales' (art. 62.i), pero no menciona la amnistía. Antes bien, la Ley de enjuiciamiento criminal recoge la amnistía en los artículos de previo pronunciamiento (art. 666.4).

"El que la amnistía no aparezca en la Constitución es muy esclarecedor".

En la doctrina especializada existe un amplio acuerdo en torno a que, actualmente, "en el Estado español las amnistías generales serían imposibles". La referencia de la Ley de enjuiciamiento criminal no significa que se autoricen amnistías generales en el futuro; "sólo establece excepciones para interpretar decisiones relacionadas con amnistías anteriores".

Según tu interpretación (p. 208), el apoyo de los partidos de izquierda a la Ley de amnistía era, en realidad, a “la amnistía política de los opositores al franquismo y a la amnistía laboral”, no a la protección de los crímenes del franquismo. Sin embargo, la Proposición de Ley presentada en el Congreso por el Grupo Comunista preveía la “amnistía por todos los delitos o faltas de intencionalidad política cometidos en el período comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977”, sin excluir específicamente "los crímenes de los insurgentes 'monárquico-fascistas' durante la guerra, ni los perpetrados por las fuerzas policiales del régimen franquista".

Además, ya desde antes se podían leer planteamientos semejantes desde el entorno del PCE, como, por ejemplo, en la declaración de la Junta Democrática de España emitida el 29 de julio de 1974. Y "ya entonces los grupos a la izquierda del PCE denunciaron este planteamiento como una amnistía para la represión franquista".

"El PCE se metió en este discurso ya en la década de 1950 y, después, lo recuperó". Es verdad que en 1974 tuvo otra posición, igual que el PSOE: la de la 'justicia universal'. Y, mediante los laboristas británicos, "intentaron impulsar un juicio al franquismo, como los de Nuremberg". ¿Eso por qué no prosiguió? "Porque el PSOE y el PCE entraron en otra vía: la apuesta por la transición pactada, con el apoyo de EE.UU." Y construyeron una estrategia nueva, donde el eje principal era el olvido de los crímenes tanto de un bando como el de otro.

"El PCE fue legalizado, claro, porque iba en el mismo paquete". Y, en este diseño de la transición, se descartó completamente este interesante plan de justicia transicional. "Y el PSOE se sumó a este discurso". Desde la perspectiva de hoy, nos puede parecer sorprendente que los partidos nacionalistas tanto del País Vasco como de Cataluña tuvieran también esta posición, pero, "como era la primera ley, la amnistía era una reivindicación importante tanto en el País Vasco como en Cataluña y desde todas partes se lanzaba este mensaje a favor del olvido, también entraron".

Cuando se aprobó la Ley 46/1977, ¿existía alguna norma internacional para castigar los crímenes contra la humanidad, que pudiera considerarse vulnerada por la Ley?

Sí. "Para entonces el derecho internacional ya había recorrido un largo camino en lo tocante a los crímenes contra los derechos humanos". Existían, entre otros, los convenios de La Haya de 1899 y 1907, la cláusula Martens, la doctrina de Nuremberg o las resoluciones aprobadas por Naciones Unidas desde 1945. "Con la Ley de amnistía de 1977, se infringía el derecho público internacional vigente a la sazón".

En 1984, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa resolvió que "las desapariciones forzadas constituyen crímenes contra la humanidad, no se pueden considerar delito político ni protegerse con leyes de amnistía". Y, de conformidad con el artículo 15.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, "no se puede aplicar el principio de irretroactividad de las leyes penales a los crímenes contra la humanidad". Asimismo, el Convenio para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, de 2006, establece que "el plazo de prescripción sólo empieza a contarse desde el momento en que acaba la desaparición” (art. 8.1.b).

"Sin embargo, la jurisprudencia española va en dirección opuesta" y establece que, cuando se aprobó la Ley 46/1977, "el Reino de España no había firmado tratado alguno que le obligara a perseguir los crímenes contra la humanidad". Esta ley fue la primera de la actual 'democracia parlamentaria' y sus disposiciones no están recogidas en la Constitución, pero, como concluyes, “a efectos prácticos, [está] por encima de ella” (p. 196).

"Ésta es la contradicción de la situación jurídica en España y que pone en duda el supuesto carácter democrático de este Estado".

En realidad, "existe un derecho internacional público anterior a la Ley de amnistía" y que, huelga decirlo, se ha seguido desarrollando posteriormente hasta hoy. Este derecho concluye claramente que "los crímenes cometidos por el Estado franquista no pueden prescribir y, por ello, deberían juzgarse". Y eso no es mera teoría.

También se ha podido ver en la práctica, cuando las víctimas han tenido que tomar el camino de la justicia universal, con la querella argentina. "Otra cosa es lo que ha pasado en España, donde no hubo una verdadera transición democrática".

"Aquí, los jueces franquistas se convirtieron en demócratas de la noche a la mañana". Y estos jueces, además, han controlado las oposiciones al poder judicial. "Por eso tenemos una justicia tan conservadora en el Estado". El franquismo tiene en ella una influencia tremenda y "se ha creado una sólida argumentación jurídica para no juzgar los crímenes del franquismo, a pesar de que la ONU y otras organizaciones internacionales digan que eso es contrario a la ley". Por lo tanto, no sorprende la doctrina creada por el Tribunal Supremo sobre la Ley de amnistía. Pero eso no ha ocurrido con otras dictaduras.

El Tribunal de Orden Público franquista se disolvió en1977. Al día siguiente, 

de sus 16 miembros, 10 pasaron a la Audiencia Nacional y 6 al Supremo.

En lo tocante a los crímenes del franquismo, la judicatura española ha interpretado de modo excesivamente amplio la amnistía contenida en la Ley 46/1977. Y es que, tal y como señala Pablo de Greiff, relator de la ONU para la verdad, justicia y garantías de no repetición, “para que la amnistía tenga efecto, tendrá que aplicarse una vez determinados los hechos, las responsabilidades y las penas correspondientes, en el marco de una investigación judicial”. En esta línea, recuerdas (p. 139) que las amnistías de Sudáfrica y El Salvador se aprobaron a cambio del reconocimiento, en Comisiones de la Verdad, de las vulneraciones de derechos humanos cometidas.

"Una grave laguna de la justicia transicional en España, que aún se mantiene, es no haber creado Comisiones de la Verdad". Entre 1977 y 1980 eso podía ser comprensible, porque aún no existía este tipo de comisiones. Pero tras las iniciativas internacionales que ha habido desde entonces, es incomprensible que no se haya creado ninguna en el Estado español. "La razón, claro, es la influencia del franquismo" y, por ello, una y otra vez se proponen al Estado español soluciones de este tipo, pero éste siempre responde con los argumentos de su amnistía y la prescripción.

El punto de vista relativista sobre 'democracia y fascismo' ínsito en la memoria histórica de la cultura política española actual se ve del modo más claro en la "legislación sobre víctimas de la insurgencia". En efecto, la Ley de 1999 de solidaridad con las 'víctimas del terrorismo' tiene como fecha de inicio nada menos que 1968. Esto es, "el propio sistema político español equipara el franquismo y la democracia parlamentaria, al establecer un 'continuum' entre ambos regímenes".

"En aplicación de esta ley, el Consejo de Ministros concedió una medalla póstuma al colaborador de la Gestapo y jefe de la Brigada de Investigación Social de San Sebastián, Melitón Manzanas". Tras el escándalo que eso desató, las Cortes reformaron la Ley, pero, en este reforma, "suavizaron y desfiguraron la represión franquista". Según el texto reformado de la Ley, las condecoraciones “en ningún caso podrán ser concedidas a quienes, en su trayectoria personal o profesional, hayan mostrado comportamientos contrarios a los valores representados en la Constitución y en la presente ley y a los Derechos Humanos reconocidos en los tratados internacionales”.

Melitón Manzanas, colaborador de la Gestapo durante la Segunda Guerra Mundial

y jefe de la Brigada Político-Social de Guipúzcoa

" Así, según el legislador español, la represión no fue un factor estructural del régimen franquista, sino una mera cuestión de 'trayectorias personales'”. Y, más allá de las condecoraciones, el derecho a recibir las indemnizaciones establecidas en la ley de 1999 se mantiene intacto, también para las 'víctimas' con estas 'trayectorias personales'.

Sí, es terrible. "La Ley de Amnistía, combinada con las leyes que se han aprobado durante las últimas décadas, tiene consecuencias estremecedoras". El caso de Melitón Manzanas fue muy llamativo y provocó un escándalo tremendo. Si no hubiera sido por eso, hoy en día seguramente Carrero Blanco tendría todos los honores de la democracia.

"La Ley 52/2007, que amplía los derechos de las víctimas del franquismo, también adopta 1968 como fecha de inicio", siguiendo el criterio cronológico de las leyes de protección de 'víctimas del terrorismo'. "Eso, empero, ha implicado la exclusión de los miembros del 'maquis' y de los luchadores antifranquistas que sufrieron represión antes de ese año".

Si no bastaba con eso, en la aplicación de la Ley 52/2007 también se ha excluido a los miembros de grupos insurgentes, aun cuando fueran objeto de represión después de 1968. En este contexto, apuntas que “la Ley de Amnistía seguía siendo intocable para los criminales franquistas, pero no para los que habían pertenecido a grupos armados antifranquistas” (p. 186).

Maquis, los últimos guerrilleros

Así es. Si analizas la legislación española, ves que "las leyes para la protección de las víctimas del 'terrorismo' han sido muy generosas, metiendo también la época franquista en su ámbito de aplicación temporal. Y por eso aparecen como víctimas Melitón Manzanas o el propio Carrero Blanco, con todos los beneficios jurídicos y económicos que eso supone". Con los luchadores antifranquistas, en cambio, se ha actuado de modo muy mezquino. ¿Por qué se estableció 1968 como ámbito de aplicación temporal y no una fecha anterior? "Porque, para el Estado, sólo hay un tipo de víctimas".

Además, "el legislador español no considera 'víctimas del terrorismo' a aquellas víctimas fruto de atentados de grupos de 'extrema derecha'". El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU ha denunciado tanto eso como que la Ley de protección de 'víctimas del terrorismo' de 2011 reconozca más derechos que la Ley 52/2007 y que se establezcan "discriminaciones entre víctimas".

"La endeblez de los valores democráticos del Estado español queda patente cuando éste es examinado por la ONU." 

"En el ámbito internacional, llama la atención que se excluya a las víctimas de las torturas policiales y de los crímenes de los grupos de extrema derecha, cosa que reprochan a España una y otra vez". Desafortunadamente, la ONU carece de potestad para imponer multas u otro tipo de sanciones al Estado español, por lo que, en la práctica, no pasa nada.

En la génesis de la Ley 46/1977 "tuvo una importancia capital la reivindicación de la liberación de los presos políticos vascos". ¿Qué vías ves para la liberación de los presos políticos vascos actuales?

"Las amnistías generales de antaño hoy en día son imposibles, no sólo en el Estado español, sino también a escala internacional". Lo vieron claramente en Irlanda del Norte, por lo que buscaron otra salida al problema de los presos políticos. En el País Vasco, "la izquierda abertzale también ha tenido que adaptar su discurso histórico y empezar a reivindicar otros caminos".

El descartar completamente una reivindicación tan arraigada y que ha tenido tanto simbolismo, cuesta, claro. No creo que vayamos a ver ninguna salida a la calle simultánea y masiva de presos políticos vascos, porque se parecería demasiado a una amnistía. Pero "el derecho tiene otros resquicios para liberarlos; el indulto, entre otros". Y, claro, "si cambias el derecho penal, puedes crear instrumentos nuevos para sacar a los presos. Pero, para ello, tiene que haber voluntad política".

FUENTE: http://www.sinpermiso.info
Daniel Escribano
30/10/2019

Yo, con mis pocas luces, lo más claro que he vislumbrado leyendo esta entrevista, es que la actual "democracia" española se la impuso Estado Unidos a PSOE y PCE que se la tragaron enterita.