OPIÁCEOS, LA EPIDEMIA DE LA QUE NO SE HABLA

La industria farmacéutica, ávida de ganancias, distribuye sin restricciones la droga más adictiva creada en los laboratorios de los Estados Unidos.

Antes de declarada la pandemia de Covid-19, las autoridades sanitarias de los Estados Unidos habían advertido el creciente número de fallecidos por consumo de opiáceos. Christopher Evans, titular del Departamento de la Administración de Drogas (DEA), denunció en su reporte anual del 2020 que América estaba viviendo una “epidemia de abuso a los opioides”.

"Los fallecidos por sobredosis en 12 meses fueron 83.000, el mayor número de muertes registrado en la historia de Estados Unidos, según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades". Un incremento que en plena ola de coronavirus representó 227 muertes diarias.

La "epidemia de abuso a los opioides", tal como la llamó Christopher Evans, comenzó con lo que los miembros de la comunidad médica llaman “guerra contra el dolor”; una campaña publicitaria mediática que alentaba desde las pantallas a combatir los dolores mediante el consumo de píldoras que contenían 'oxycodone', un opiáceo 100  veces más potente que la morfina, que generó entre sus usuarios una gran adicción.

Detrás de la campaña de esta 'droga legal' estuvieron Purdue Pharma, Johnson & Johnson, McKesson, Cardinal Health y Amerisource Bergen, entre otras. Estas farmacéuticas distribuyeron por todo el territorio estadounidense las 'painkillers' o pastillas contra el dolor, recetadas en primera instancia para combatir padecimientos severos, comúnmente asociados a cánceres terminales.

Sin embargo el éxito de ventas de este 'opioide' hizo que la competencia entre las distribuidoras se agudizara. Los visitadores médicos fueron incentivados con mayores porcentajes por sus ventas; mientras que los profesionales de la salud comenzaron a recetar 'oxycodone' "aún cuando el dolor del paciente no lo requiriese". 

'El Farmacéutico', la polémica serie documental recientemente estrenada en Netflix, narra la lucha  de Dan Schneider, un padre que intenta desvelar lo que se oculta detrás del asesinato de su hijo en uno de los barrios más peligrosos de Nueva Orleans.

Schneider es uno de los primeros denunciantes del incremento de muertes por sobredosis de 'oxycodone', la 'droga legal', publicitada y autorizada para su consumo, a la que miles de adolescentes estadounidenses ya son adictos.

La industria farmacéutica, "ávida de ganancias, distribuye sin restricciones la droga más adictiva creada en los laboratorios de los Estados Unidos". Más de 30 estados registran un incremento de muertes por sobredosis, según los nuevos datos. En octubre de 2017, el presidente Donald Trump declaró el estado de emergencia sanitaria. Sin embargo los recursos financieros anunciados fluyeron muy lentamente.

En ninguna otra parte del mundo occidental hay tantas personas adictas a los opiáceos y sustancias similares como en Estados Unidos. Para los observadores más críticos, lo que comenzó con la prescripción de un analgésico se convirtió en una adicción detrás de la cual se esconden los intereses de la industria farmacéutica.

FUENTE: nuevatribuna.es

Walter C. Medina

17/03/2021

Resulta más que evidente que quienes en realidad mandan en el mundo son las grandes empresas multinacionales (farmacéuticas, tecnológicas, petroleras...). Los gobiernos, incluidos los de las democracias representativas, solo bailan al ritmo que les tocan:

¡Pura pantomima!

 

UN PASO MÁS HACIA EL ABISMO (2ª PARTE)

...CONTINUACIÓN

Oficina de Asilo y Refugio, C/ Pradillos, 40 - Madrid

En 2018, según los datos de la Oficina de Asilo y Refugio, dependiente del Ministerio del Interior, "solo un  0,67% de las demandas de asilo –371 solicitudes– se presentaron en legaciones diplomáticas españolas". Todas ellas, bajo la figura de la extensión familiar que vela por el cumplimiento del derecho a la vida en familia de las personas refugiadas y beneficiarias de protección subsidiaria.

"En su fallo, la Corte europea destaca, como vías de acceso legal, las oficinas de asilo de 'los pasos fronterizos' de Ceuta y de Melilla. Creadas en 2015 según el entonces ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, como 'un nuevo impulso' al respeto de los derechos humanos en ambas ciudades, han resultado un auténtico fracaso". 

"Hasta finales de septiembre de 2019, según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, 1.742 personas habían solicitado asilo en lo que iba de año en la oficina de Beni Enzar (Melilla)". En 2018 se alcanzaron las 2.800 solicitudes. Entre las principales nacionalidades, ninguna era de origen subsahariano.

"Mayor fracaso aún supone el puesto de El Tarajal. Hasta el pasado 30 de agosto, cuando un grupo de migrantes logró saltar la valla y se tramitaron de urgencia 148 peticiones de asilo, no se había registrado ninguna". Hasta entonces estuvo cerrado desde su inauguración. Nadie había logrado llegar hasta él y solicitar protección internacional.

¿Por qué las personas de origen subsahariano no consiguen llegar hasta estas oficinas? "Sencillo, lo impide Marruecos, país al que la UE ha encargado el papel de gendarme". Recordemos tan solo los 140 millones de euros aprobados a  finales de 2018 para el apoyo en gestión de fronteras. "Pagamos para que 'los negros y las negras' no lleguen".

Paso fronterizo del Tarajal entre Ceuta y Marruecos

"También para que no lo hagan personas procedentes de países como Siria o Palestina, pero estas tienen una ‘ventaja’, el negocio que supone venderles papeles, falsos o auténticos, de marroquíes residentes en las provincias de Nador y Tetuán con derecho a entrar durante el día en los enclaves de Ceuta y Melilla", el negocio de las mordidas para hacer la vista gorda.

"Entre las 'prácticas habituales' de control de la frontera, y que se han incrementado, según denuncian las organizaciones de derechos humanos presentes en el país", desde que Pedro Sánchez llegó al poder, y con él, Fernando Grande-Marlaska, se encuentran las 'redadas y desplazamientos forzados' desde las zonas fronterizas hacia el sur.

"Estas operaciones de las fuerzas de seguridad marroquíes contra la población subsahariana van acompañadas de violencia, extorsiones y malos tratos". Uno de los elementos que diferencian las  actuaciones más recientes de las del pasado es que entre sus víctimas ahora también hay mujeres.

Cuando en febrero de 2019 viajamos a Marruecos un grupo de 4 personas, "en el marco de una investigación que se publicará en breve sobre las violencias que afrontan las mujeres subsaharianas en la Frontera Sur, conocimos en Tánger a 6 mujeres".

Casi todas nos contaron "cómo habían sufrido alguna expulsión al sur, a Tiznit y alrededores, a casi 900 kilómetros de la ciudad norteña. Algunas de ellas, varias veces. Ellas y sus hijos". Algunos de ellos, bebés. Todas nos contaron que no dormían desde hacía semanas, a causa del miedo.

Tiznit - Marruecos

"A todas aquellas personas que defendemos la vida y la dignidad de todos y todas", independientemente del lugar donde hayan nacido, "nos preocupa el ascenso de la 'extrema derecha' en Europa y de sus propuestas racistas e inhumanas". Aún más debería inquietarnos que estas acaben convirtiéndose en el ‘sentido común’ de aquellas instituciones que han de defender los derechos humanos y de aquellas formaciones políticas que se autodenominan 'progresistas'.

El anterior 'Ejecutivo socialista', el nacido tras la moción de censura del pasado 1 de julio, "decidió mantener el recurso presentado por el Partido Popular contra la sentencia del TEDH de 2017 en la que se condenaba a España por la devolución en caliente de los 2 jóvenes procedentes de Malí y Costa Marfil".

El principal argumento de la Abogacía del Estado "fue que no se trataba de 'una expulsión', sino de 'una prevención de entrada'". Los migrantes, añadían, “no lograron superar la línea policial por lo que no entraron en la jurisdicción española”.

"La frontera 'retráctil, flexible o elástica'. La mismo que alegó Jorge Fernández Díaz para justificar la expulsión a Marruecos de los supervivientes del Tarajal, aquellos que habían visto morir a 14 de sus compañeros, bajo los gases lacrimógenos y las balas de goma, en las aguas de esta playa ceutí el 6 de febrero de 2014".

Cuando tomó la decisión de mantener el recurso, "el Ejecutivo de Sánchez anunció además que no abordaría ninguna reforma con respecto a las devoluciones en caliente hasta conocer la decisión definitiva del Tribunal Europeo de Derechos Humanos".

En el acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos no se hacía mención explícita a la eliminación de esta práctica. Solo se decía: “Aprobaremos una nueva Ley de Seguridad Ciudadana, que sustituya a la 'ley Mordaza' para garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica”.

En estos momentos el Tribunal Constitucional está estudiando "varios recursos contra la 'Ley Mordaza' que ponen en cuestión, entre otros asuntos, las expulsiones en caliente. La ponencia inicial de este órgano incluía su prohibición". Ahora, "todo apunta a que cambiará su proyecto de sentencia para ‘adecuar’ la legislación española al fallo del TEDH".

"No parecen buenos antecedentes para pensar que este Ejecutivo acabará con las devoluciones en caliente, pese a que Unidas Podemos siempre se ha comprometido a ello". Ojalá nos equivoquemos los agoreros.

Si, por desgracia, no es así, "si deciden conservar la Disposición Adicional nº10 de la Ley de Seguridad Ciudadana, o inventan cualquier otra fórmula para legalizarlas, y se aferran para ello a esta injusta sentencia de Estrasburgo, 'estarán defendiendo' las ideas y prácticas políticas de la 'derecha extrema' y de la 'extrema derecha'".

FUENTE: ctxt.es
Amanda Andrades
14/02/2020

UN PASO MÁS HACIA EL ABISMO (1ª PARTE)

Tras el aval del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a las devoluciones en caliente, ¿las mantendrá el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos? 

Los antecedentes socialistas no son muy halagüeños

Un grupo de migrantes encaramados a la valla de Melilla, 
frente al campo de golf, en octubre de 2014.- José Palazón Osma

La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha avalado este jueves 13 de febrero de 2020 las 'devoluciones en caliente'. Y con ello, "hemos dado 'un paso más hacia ese abismo' en el que todo vale contra las personas migrantes y refugiadas". 

Con este fallo –que llevaban tiempo esperando muchos gobiernos comunitarios, incluido el español– no solo se refuerza esa marcha hacia el precipicio, sino que además esta podría tomar velocidad de crucero. "Caída la máscara, empiezan a derrumbarse los baluartes de los derechos humanos".

"El 13 de agosto de 2014, dos jóvenes, N. D. y N. T., procedentes de Mali y Costa de Marfil, saltaron la valla que separa Marruecos de Melilla". No dieron un paso más. "Agentes españoles los esposaron y se los entregaron a la policía marroquí". No les preguntaron ni sus nombres ni su edad. Mucho menos, su historia.

"No los identificaron, no les ofrecieron acceso a un abogado o a un intérprete. Y, por tanto, tampoco una posible protección internacional. España vulneraba así diferentes acuerdos internacionales que ha ratificado, como la Convención de Ginebra". También hacía caso omiso a su legislación nacional. "La Ley de Extranjería marcaba entonces la obligación de garantizar ese procedimiento básico". Meses más tarde, llegaría la Ley de Seguridad Ciudadana, del Partido Popular, y su disposición adicional nº10 para embadurnar de ‘legalidad’ las expulsiones colectivas con la figura jurídica del 'rechazo en frontera'.

En la devolución en caliente de estas dos personas hubo grabaciones en vídeo y testigos que declararon lo que vieron. Y "en estas y otras pruebas se basó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para condenar en 2017 al Estado español por un retorno colectivo, una práctica prohibida por el Convenio Europeo de Derechos Humanos".

 Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Estrasburgo)

"El Gobierno, en ese momento en manos del PP, presentó un recurso contra la sentencia, una medida excepcional. Y el TEDH resolvió tramitarlo y remitir el caso a la Gran Sala para que revisase el fallo", una medida aún más excepcional.

Los 17 magistrados que componen esta Corte han decidido ahora, 3 años después, en un fallo inapelable, "exculpar al Estado español y avalar las devoluciones en caliente en estos dos casos". En su nueva argumentación, el Tribunal establece que los dos demandantes habían entrado en territorio español y que "se les debía aplicar por tanto el ordenamiento jurídico español y el de la UE en materia de 'derechos humanos'". Asimismo reconoce que "cuando alguien pone el pie en suelo europeo han de respetarse una serie de garantías para evitar poner en riesgo la vida de las personas".

Ahora bien, "Estrasburgo, en un preocupante giro, establece una excepción: que la persona devuelta haya entrado de manera irregular  y no pueda demostrar la imposibilidad de acceder mediante supuestas vías legales". En su sentencia, pone el foco en que los dos jóvenes denunciantes “se pusieron ellos mismos en una situación de ilegalidad al intentar entrar deliberadamente en España por la valla de Melilla”. 

"Echa así por tierra el principio de que los 'derechos humanos' han de respetarse independientemente de la situación administrativa de las víctimas".

El fallo incide además en que 'la falta de un estudio individualizado' del caso, como exige el Convenio Europeo de Derechos Humanos, podría atribuirse a que "estas dos personas no utilizaron 'los procedimientos oficiales de entrada existentes para ese fin'. La expulsión sería pues una 'consecuencia de su propia conducta'”.

Y para reforzar esta afirmación, indican los 'varios medios posibles' para llegar por la vía regular. Así, las dos personas deportadas “podrían haber solicitado un visado o protección internacional, en particular en el puesto fronterizo, pero también en las representaciones diplomáticas y consulares de España en sus respectivos países de origen o tránsito o bien en Marruecos”.

¿Es cierto? ¿Existen realmente opciones, vías legales, para solicitar visados o protección internacional para las personas procedentes de África? "¡NO. NO EXISTEN!"

"Hablar de la posibilidad de solicitar visados es no solo falaz, sino directamente ridículo, por no decir una broma macabra. Una falta absoluta de respeto y compasión hacia las familias de todas aquellas personas que "han muerto o desaparecido en el desierto o en el Mediterráneo". Muchas de ellas habían solicitado un visado, por ejemplo, para estudiar en Europa. "Se los denegaron".

Mencionar la opción de demandar protección internacional “en las representaciones diplomáticas y consulares de España en sus respectivos países de origen o tránsito o bien en Marruecos” no es solo torticero, sino también un ejercicio fantasioso de creación de una realidad que ni tan siquiera existe en la teoría.

La Ley de Asilo de 1984 recogía en su artículo 4.4 que “la petición de asilo presentada ante una embajada o consulado será cursada a través del Ministerio de Asuntos Exteriores”. El procedimiento se desarrolló mediante un posterior reglamento para la aplicación de la norma. En 2009, "durante el segundo mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, se aprobó una nueva ley. En ella, las solicitudes de protección internacional en embajadas y consulados pasaban a estar reguladas en su artículo 38":

“Con el fin de atender casos que se presenten fuera del territorio nacional, siempre y cuando el solicitante no sea nacional del país en que se encuentre la representación diplomática y corra peligro su integridad física, los embajadores de España podrán promover el traslado del o de los solicitantes de asilo a España para hacer posible la presentación de la solicitud conforme al procedimiento previsto en esta ley”.

Con este enunciado enrevesado "no solo se eliminaba la posibilidad de pedir asilo o protección internacional en embajadas o consulados españoles del país de nacionalidad del solicitante. Desaparecía también el derecho a hacerlo en otros países". Del reconocimiento de un derecho se pasa a una prerrogativa de los embajadores. Además, “las condiciones de acceso a las embajadas y consulados de los solicitantes, así como el procedimiento para evaluar las necesidades de traslado a España de los mismos” quedaron supeditados al posterior desarrollo de un reglamento.

En la disposición final tercera de la ley de 2009 se autorizaba al gobierno “para dictar, en el plazo de 6 meses, cuantas disposiciones de carácter reglamentario exija el desarrollo de la presente ley”. Casi 11 años después y 5 legislaturas más tarde, "aún no se sabe nada del reglamento".

CONTINÚA...

FUENTE: ctxt.es
Amanda Andrades
14/02/2020

EL ODIO AL INDIO

Evo Morales

Como una espesa niebla nocturna, el odio recorre vorazmente los barrios de las clases medias urbanas tradicionales de Bolivia. "Sus ojos rebalsan de ira. No gritan, escupen; no reclaman, imponen. Sus cánticos no son de esperanza ni de hermandad, son de desprecio y discriminación contra los indios". Se montan en sus motos, se suben a sus camionetas, se agrupan en sus fraternidades carnavaleras y universidades privadas y salen a la caza de indios alzados que se atrevieron a quitarles el poder.

En el caso de Santa Cruz organizan hordas motorizadas 4×4 con garrote en mano a escarmentar a los indios, a quienes llaman 'collas', que viven en los barrios marginales y en los mercados. Cantan consignas de que “hay que matar collas”, y si en el camino se les cruza alguna mujer de pollera la golpean, amenazan y conminan a irse de su territorio.

En Cochabamba organizan convoyes para imponer su supremacía racial en la zona sur, donde viven las clases menesterosas, y cargan -como si fuera un destacamento de caballería- sobre miles de mujeres campesinas indefensas que marchan pidiendo paz. "Llevan en la mano bates de béisbol, cadenas, granadas de gas; algunos exhiben armas de fuego".

"La mujer es su víctima preferida; agarran a una alcaldesa de una población campesina, la humillan, la arrastran por la calle, le pegan, la orinan cuando cae al suelo, le cortan el cabello y la amenazan con lincharla", y cuando se dan cuenta de que están siendo filmados deciden echarle pintura roja.

En La Paz sospechan de sus empleadas y no hablan cuando ellas traen la comida a la mesa. En el fondo les temen, pero también las desprecian. Más tarde "salen a las calles a gritar, insultan a Evo y, con él, a todos estos indios que osaron construir democracia intercultural con igualdad". 

Cuando son muchos, "arrastran la Wiphala, la bandera indígena, la escupen, la pisan la cortan, la queman. Es una rabia visceral que se descarga sobre este símbolo de los indios" al que quisieran extinguir de la tierra junto con todos los que se reconocen en él.

"El odio racial es el lenguaje político de esta clase media tradicional". De nada sirven sus títulos académicos, viajes y fe porque, al final, todo se diluye ante el abolengo. En el fondo, la estirpe imaginada es más fuerte y parece adherida al lenguaje espontáneo de la piel que odia, de los gestos viscerales y de su moral corrompida.

"Todo explotó el domingo 20, cuando Evo Morales ganó las elecciones con más de 10 puntos de distancia sobre el segundo", pero ya no con la inmensa ventaja de antes ni el 51% de los votos."Fue la señal que estaban esperando las fuerzas regresivas agazapadas": desde el timorato candidato opositor liberal, las fuerzas políticas ultraconservadoras, la OEA y la inefable clase media tradicional. Evo había ganado nuevamente pero ya no tenía el 60% del electorado; estaba más débil y había que ir sobre él. "El perdedor no reconoció su derrota".

La OEA habló de 'elecciones limpias' pero de una victoria menguada y pidió segunda vuelta, aconsejando ir en contra de la Constitución, que "establece que si un candidato tiene más del 40% de los votos y más de 10% de votos sobre el segundo es el candidato electo"·. Y la clase media se lanzó "a la cacería de los indios". En la noche del lunes 21 se quemaron 5 de los 9 órganos electorales, incluidas papeletas de sufragio.

La ciudad de Santa Cruz decretó un paro cívico que articuló a los habitantes de las zonas centrales de la ciudad, ramificándose el paro a las zonas residenciales de La Paz y Cochabamba. "Y entonces se desató el terror".

"Bandas paramilitares comenzaron a asediar instituciones, quemar sedes sindicales, a incendiar los domicilios de candidatos y líderes políticos del partido de gobierno". Hasta el propio domicilio privado del presidente fue saqueado; en otros lugares las familias, incluidos hijos, fueron secuestrados y "amenazados de ser flagelados y quemados si su padre ministro o dirigente sindical no renunciaba a su cargo". Se había desatado una dilatada noche de cuchillos largos, y "el fascismo asomaba las orejas".

"Cuando las fuerzas populares movilizadas para resistir este golpe civil comenzaron a retomar el control territorial de las ciudades con la presencia de obreros, trabajadores mineros, campesinos, indígenas y pobladores urbanos -y el balance de la correlación de fuerzas se estaba inclinando hacia el lado de las fuerzas populares- vino el motín policial".

"Los policías habían mostrado durante semanas una gran indolencia e ineptitud para proteger a la gente humilde" cuando era golpeada y perseguida por bandas fascistoides. Pero a partir del viernes, con el desconocimiento del mando civil, muchos de ellos "mostraron una extraordinaria habilidad para agredir, detener, torturar y matar a manifestantes populares". Claro, antes había que contener a los hijos de la clase media y, supuestamente, no tenían capacidad; sin embargo "ahora, que se trataba de reprimir a indios revoltosos, el despliegue, la prepotencia y la saña represiva fueron monumentales". Lo mismo sucedió con las Fuerzas Armadas.

"Durante toda nuestra gestión de gobierno nunca permitimos que salieran a reprimir las manifestaciones civiles, ni siquiera durante el primer golpe de Estado cívico del 2008". Y ahora, en plena convulsión y sin que nosotros les preguntáramos nada, plantearon que no tenían elementos antidisturbios, que apenas tenían 8 balas por integrante y que para que se hagan presentes en la calle de manera disuasiva se requería un decreto presidencial.

No obstante,"no dudaron en pedir/imponer al presidente Evo su renuncia rompiendo el orden constitucional". Hicieron lo posible para intentar secuestrarlo cuando se dirigía y estaba en el Chapare; y "cuando se consumó el golpe salieron a las calles a disparar miles de balas, a militarizar las ciudades, asesinar a campesino".

Y todo ello sin ningún decreto presidencial. "Para proteger al indio se requería decreto. Para reprimir y matar indios sólo bastaba obedecer lo que el odio racial y clasista ordenaba. Y en sólo 5 días ya hay más de 18 muertos, 120 heridos de bala. Por supuesto, todos ellos indígenas".

La pregunta que todos debemos responder es ¿cómo es que esta clase media tradicional pudo incubar tanto odio y resentimiento hacia el pueblo, llevándola a abrazar un fascismo racializado y centrado en el indio como enemigo?

¿Cómo hizo para irradiar sus frustraciones de clase a la policía y a las FF. AA. y ser la base social de esta fascistización, de esta regresión estatal y degeneración moral? Ha sido el rechazo a la igualdad, es decir, el rechazo a los fundamentos mismos de una democracia sustancial.

Los últimos 14 años de gobierno de los movimientos sociales "han tenido como principal característica el proceso de igualación social, la reducción abrupta de la extrema pobreza (de 38 al 15%), la ampliación de derechos para todos (acceso universal a la salud, a educación y a protección social), la indianización del Estado (más del 50% de los funcionarios de la administración pública tienen una identidad indígena, nueva narrativa nacional en torno al tronco indígena), la reducción de las desigualdades económicas (caída de 130 a 45 la diferencia de ingresos entre los más ricos y los más pobres)".

Es decir "la sistemática democratización de la riqueza, del acceso a los bienes públicos, a las oportunidades y al poder estatal. La economía ha crecido de 9.000 millones de dólares a 44.000", ampliándose el mercado y el ahorro interno, lo que ha permitido a mucha gente tener su casa propia y mejorar su actividad laboral.

Pero esto dio lugar a que en una década el porcentaje de personas de la llamada 'clase media', medida en ingresos, haya pasado del 35% al 60%, la mayor parte proveniente de sectores populares, indígenas. "Se trata de un proceso de democratización de los bienes sociales mediante la construcción de igualdad material" pero que, inevitablemente, ha llevado a una rápida devaluación de los capitales económicos, educativos y políticos poseídos por las clases medias tradicionales.

Si antes un apellido notable o el monopolio de los saberes legítimos o el conjunto de vínculos parentales propios de las clases medias tradicionales les permitía acceder a puestos en la administración pública, obtener créditos, licitaciones de obras o becas, "hoy la cantidad de personas que pugnan por el mismo puesto u oportunidad no sólo se ha duplicado -reduciendo a la mitad las posibilidades de acceder a esos bienes- sino que, además, los 'arribistas', la nueva clase media de origen popular indígena, tiene un conjunto de nuevos capitales (idioma indígena, vínculos sindicales) de mayor valor y reconocimiento estatal" para pugnar por los bienes públicos disponibles.

"Se trata, por tanto, de un desplome de lo que era una característica de la sociedad colonial": la etnicidad como capital, es decir, del fundamento imaginado de la superioridad histórica de la clase media por sobre las clases subalternas porque aquí, "en Bolivia, la clase social sólo es comprensible y se visibiliza bajo la forma de jerarquías raciales".

"El que los hijos de esta clase media hayan sido la fuerza de choque de la insurgencia reaccionaria es el grito violento de una nueva generación que ve cómo la herencia del apellido y la piel se desvanece ante la fuerza de la democratización de bienes".

Así, aunque enarbolen banderas de la democracia entendida como voto, "en realidad se han sublevado contra la democracia entendida como igualación y distribución de riquezas". Por eso el desborde de odio, el derroche de violencia; porque "la supremacía racial es algo que no se racionaliza", se vive como impulso primario del cuerpo, como tatuaje de la historia colonial en la piel.

"De ahí que el fascismo no sólo sea la expresión de una revolución fallida" sino, paradójicamente también en sociedades postcoloniales, el éxito de una democratización material alcanzada.

Por ello "no sorprende que mientras los indios recogen los cuerpos de alrededor de una veintena de asesinados a balazos, sus victimarios materiales y morales narran que lo han hecho para salvaguardar la democracia". Pero en realidad saben que lo que han hecho es proteger el privilegio de casta y apellido.

"El odio racial no es más que una primitiva venganza de una clase histórica y moralmente decadente que demuestra que, detrás de cada mediocre liberal, se agazapa un consumado golpista".

FUENTE: nuevatribuna.es
Álvaro García Linera
22/11/2019

NUEVA MODALIDAD DEPORTIVA

Miguel Ángel G. Yanes