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5/1/21

ENTREVISTA AL COORDINADOR DE LA AGRUPACIÓN REFORMISTA DE POLICÍAS

“Es más sencillo que un policía diga que vota a Vox o al PP, que al PSOE o a Podemos

Luis Miguel Lorente, en una imagen reciente cedida por el propio entrevistado

Luis Miguel Lorente (Palma de Mallorca, 1977) decidió ingresar en el cuerpo de Policía en 2004. Tras 16 años de servicio, una Cruz al Mérito Policial y varias operaciones de relevancia nacional e internacional después, este licenciado en Criminología es coordinador general y miembro fundador de la Agrupación Reformista de Policías (ARP), un sindicato creado en 2016 como respuesta, según afirma, al inmovilismo y conservadurismo del resto de las agrupaciones.

Hoy desempeña su labor dentro de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Alicante, en el servicio de custodias y conducciones, tras ser relegado de su puesto dentro del Grupo de Delincuencia Violenta (conocido como grupo de homicidios), donde llevaba 9 años. Lorente denuncia que "su traslado es solo una demostración más del acoso sistemático del que es víctima por ejercer un sindicalismo que resulta muy incómodo a los altos cargos".

Hablamos con él cuando cumple confinamiento por un brote de covid en su unidad.

¿Cómo valora la gestión de los brotes dentro del cuerpo?

Hay bastante descoordinación. Nosotros, por ejemplo, "custodiamos presos en calabozos, donde no se cumplen los requisitos necesarios". Desde que se tuvo conocimiento de que había al menos tres compañeros infectados, se tenía que haber hecho la prueba a todos los demás. Pero parece que era más importante que no se quedara descolgado el servicio, así que tuvimos que ir a trabajar. Al final, algunos de nosotros decidimos acercarnos a nuestros centros médicos. En el momento en que te haces una prueba, tienes que estar 10 días confinado. Es decir, "por parte de los jefes inmediatos, bien; desde jefatura, hay dejadez".

La ARP solicita un protocolo de actuación y formación a la hora de identificar personas por la calle. ¿Cree que eso reduciría el número de denuncias por violencia policial?

Cumplir la normativa que ya existe bastaría para evitar actuaciones indebidas, pero unos protocolos de actuación bien diseñados y una buena preparación inciden en un mejor servicio. No obstante, también hay que tener en cuenta que el Gobierno, que anunció modificar la Ley de Seguridad Ciudadana o 'Ley Mordaza', ha estado priorizando esta ley como herramienta coercitiva y en términos de sanción para quienes incumplen el confinamiento.

Ustedes apuestan por unificar a la Policía Nacional y la Guardia Civil en un mismo organismo civil. La primera consecuencia de esto sería apartar a Defensa. ¿Las fuerzas del orden están sobremilitarizadas?

Carrera de relevos

Respetamos la labor del Ejército, pero queremos diferenciar visiblemente nuestra condición de instituto armado de naturaleza civil de la militarización encubierta que durante años se ha producido en la Policía.

"No se está recogiendo el testigo de los sindicalistas y policías que hicieron un esfuerzo ímprobo para desmilitarizar la Policía" y esperamos luchar para que no se retroceda en ese aspecto.

¿Por qué no se ha implantado ese modelo unificado en España?

"La ambigüedad del PSOE en este tema y la clara determinación del PP para que no exista dicha unificación policial ha permitido que políticos y mandos policiales con vocación castrense generen situaciones no deseadas ni por la sociedad ni por miles de policías".

"A esto hay que sumarle que el marco de representación sindical en la policía es retrógrado y demasiado conservador. Está diseñado para que sindicatos como el nuestro no puedan tener la capacidad de ser influyentes y desarrollar sus propuestas". Ampara a oportunistas que, aprovechando banderas, sentimentalismo y simbolismo patrio, politizan la acción sindical de manera indeseable en una joven democracia.

¿Por qué no obtuvieron representación en las elecciones al Consejo de Policía de 2019?

Tuvimos problemas para dar a conocer la ARP en las comisarías. Por ejemplo, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) denunció en Valencia nuestros tablones de información sindical, apoyándose en la Ley de Régimen de Personal aprobada por el PP. "Aunque hay más de 120 comisarías de Policía donde las sedes sindicales contravienen esa ley de régimen de personal, aún estamos esperando que se aplique con el resto de los sindicatos".

El Consejo Policial, el comité de empresa de la policía, tiene representantes del Sindicato Profesional de Policía, del Sindicato Justicia Policial, del Sindicato Unificado de Policía de la Confederación Española de Policía y de la Unión Federal de Policía. ¿Si el cuerpo se decantó por propuestas más conservadoras significa que es conservador?

"Sin lugar a dudas. En la Policía Nacional la mayoría conservadora es la más influyente, y esa imagen es la que se acaba transmitiendo a la sociedad". En la ARP defendemos que "cualquier policía tenga libertad para expresar sus creencias políticas, siempre que no afecte a un desempeño profesional neutral".

Desgraciadamente, a nivel interno "es más sencillo que un policía diga que vota a Vox o al PP, que al PSOE o a Unidas Podemos. Y no es una cuestión coyuntural, sino que viene de muy atrás".

¿Hay falta de independencia en los sindicatos?

"No puedo confirmar que haya una dependencia secreta entre partidos y sindicatos porque no tengo pruebas directas", pero es evidente que se han traspasado algunos límites. "La relación cercana entre representantes de JUPOL y Vox es un hecho". Recordemos las fotos del abrazo entre el líder de ese sindicato y Ortega Smith en la concentración frente al Congreso del pasado 3 de marzo.

Abrazo entre José María Garcia (JUPOL) y Javier Ortega Smith (VOX)

Igualmente se pudo ver a la secretaria general del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en la manifestación de la Plaza de Colón convocada por PP y Ciudadanos, a la que también se sumó Vox. "Esta manifestación tenía un contenido eminentemente político, a favor del adelanto electoral y contra el PSOE por su gestión en Cataluña".

El secretario de Finanzas del sindicato Unión Federal de Policías (UFP) acompañó a Eugenio Pino, imputado exdirector adjunto de la Policía, cuando informó en una comisión de investigación del Congreso "sobre la denominada Brigada Patriótica que, entre otras cosas, tenía órdenes de controlar a los sindicatos". Para llevar a cabo estos controles utilizaba a Fuentes  Gago, líder del Sindicato Profesional de Policía (SPP).

¿Son la única propuesta sindical rupturista dentro de la policía?

Más que rupturista somos reformistas y progresistas. Buscamos mantener lo que funciona, pero adecuándolo a una sociedad más moderna y avanzada. "JUSAPOL, tras una fachada antisistema y moderna, sigue siendo continuista. No tienen un proyecto más allá de la reivindicación de la equiparación salarial. Tampoco apoyan aspiraciones sindicales que se salgan del modelo establecido hace ya 40 años".

Solo hay 5 mujeres entre los 26 candidatos de la Agrupación Reformista de Policías...

No es por nuestro deseo, pero la verdad es que tenemos más hombres que mujeres. Nuestro órgano coordinador, sin embargo, "está formado por 2 mujeres y 3 hombres".

La identidad de los representantes del Consejo Policial es confidencial, solo se facilita grado y sindicato. ¿Debería conocerse el nombre y los apellidos de los 14 consejeros en representación de la Policía Nacional o datos como el número de hombres y de mujeres, edades, si tienen denuncias de cualquier tipo…?

Afortunadamente la confidencialidad no es tan necesaria como hubiera podido ser en otras épocas. "El hermetismo de las comisiones, plenos y decisiones del Consejo son ejemplo de un reglamento que habría que modificar. Incluso hay obstrucción para facilitar las actas de estas reuniones". En la ARP luchamos para que la Dirección General de Policía (DGP) sea menos opaca.

Usted acaba de reincorporarse de una baja que atribuye a presiones internas. Sonia Vivas o el exteniente Segura ya informaron en su día de casos de acoso desde dentro. ¿Hay mecanismos para garantizar la seguridad de aquellos que discrepan?

Por supuesto que existen esas presiones. Mi caso es sangrante. Me cesaron tanto de jefe de equipo de Investigación de Delincuencias Violentas como de la Brigada de Policía Judicial y me enviaron a la Brigada de Seguridad Ciudadana de Alicante. Allí ostentaba la jefatura el comisario Andrés Gómez Gordo, imputado por la Operación Kitchen en el caso Villarejo y señalado como el presunto autor del falso informe PISA contra Pablo Iglesias

La ARP es el único sindicato policial que había denunciado ante la Fiscalía anticorrupción las corruptelas de Villarejo. Se puede entender que la presión que soporté en el destino provocara mi baja inmediata. Sin lugar a dudas, en la ARP hemos sido víctimas de la denominada 'Brigada Patriótica'.

¿Qué opina de la adscripción de sindicatos de policías a sindicatos intersectoriales nacionales como UGT, CC.OO. o CGT?

 
Excomisario José Manuel Villarejo

Entendemos que la posibilidad de afiliación a sindicatos de clase acabaría con la endogamia y el control de la Administración del mundo sindical policial. La Ley Orgánica 9/2015 de Régimen de Personal de la Policía Nacional debería revisarse.

El PP y el director general de la Policía pusieron un 'candado' que nos dejaba en inferioridad de condiciones respecto a las policías autonómicas, policías locales, etc. Las policías autonómicas (Mossos y Ertzaintzas) tienen un sistema de representación sindical que consigue verdaderos logros.

Tienen el derecho a la negociación colectiva y a formar parte de estructuras como CC.OO., UGT, CGT, etc. Pueden compaginar la representación mixta con sindicatos corporativos o de clase, lo que permite que sus afiliados obtengan unas condiciones más ventajosas que las nuestras.

FUENTE: ctxt.es
Isabel Martín 
14/12/2020

3/7/20

UN EXMILITAR AUTOR DE LOS DISPAROS CONTRA LAS FOTOS DE MIEMBROS DEL GOBIERNO

Falange, Jusapol y Trump: los lazos con la ultraderecha del exmilitar que disparó a fotos de miembros del Gobierno

El pasado y el presente de Borja Jurado hace poco creíble que detrás de los disparos certeros con una semiautomática –cinco segundos para cinco dianas- contra las fotografías de miembros del Gobierno no haya una clara connotación de odio ideológico

Borja Jurado (a la izquierda), en una fiesta. 
Borja Jurado (a la izquierda), en una fiesta.

"El padre, 'policía nacional jubilado'; la madre, 'candidata falangista al Congreso de los Diputados en 2008 por el Frente Español'; uno de sus hermanos es 'guardia civil y dirigente del sindicato ultra Jucil surgido de Jusapol', y otro vive en Estados Unidos, 'apoya a Trump' y ahora 'recauda fondos para ayudar a su hermano' y 'evitar que los podemitas se salgan con la suya'".

"Esta es parte de la familia de Francisco de Borja Jurado Barrionuevo, 'exmilitante del partido nazi Movimiento Patriota Socialista, MPS', 'miembro del equipo de seguridad de dirigentes de Vox' e imputado por 'simular la ejecución con fuego real de miembros del Gobierno'".

El pasado y el presente de Borja Jurado hace poco creíble que detrás de los 'certeros disparos' con una semiautomática –cinco segundos para cinco dianas- contra las fotografías de 'miembros del Gobierno' no haya una clara connotación de 'odio ideológico'.

Francisco de Borja Jurado Barrionuevo, en una manifestación nazi en 2009.
Francisco de Borja Jurado Barrionuevo, en una manifestación nazi en 2009

La familia de Borja Jurado tiene también su historia y representa "un 'perfil social' que, si bien minoritario, últimamente se prodiga 'desafiante' con inquietante frecuencia, disfrutando en los últimos meses de una 'impunidad' jamás consentida al resto de colectivos sociales". 'Ultraderechistas armados, miembros de cuerpos policiales y militares yendo de la mano'.

El padre de Borja Jurado, Lucas, es 'policía nacional jubilado'. Tiene un perfil público en Facebook donde luce su uniforme. Su madre, Concepción Barrionuevo, no es ajena a la 'política ultraderechista'. En el año 2008 ocupó el 'tercer puesto' de la candidatura del Frente Español al Congreso de los Diputados por Málaga.

El Frente Español fue una 'alianza electoral de la ultraderecha' liderada por Manuel Andrino, el líder de Falange, que encabezó la candidatura del Frente Español por Madrid.

La lista del Frente Español en la que aparece la madre de 
Francisco de Borja Jurado Barrionuevo

"Manuel Andrino es uno de los 'condenados' por el 'asalto y agresión a la sede de la Generalitat de Catalunya en Madrid (Blanquerna)'. Condenado por el Tribunal Supremo a '14 años de prisión', el Tribunal Constitucional 'suspendió su ejecución' y ordenó la repetición de la sentencia para todos los condenados".

También "Manuel Andrino es uno de esos 'ultraderechistas armados' al que 'le fue incautada una pistola para la que no tenía permiso'. El 'arma' le fue incautada por la Policía Nacional tras sufrir un 'accidente de moto', destapándose una 'trama de tráfico de armas' dirigida por un 'coronel de la Guardia Civil' conocido por el alias de 'Rudolf'", tal y como aclaró el diario El País el pasado 23 de mayo.

Lucas Jurado, dirigente del sindicato ultra Jucil
 Perfil de Twitter de Lucas Jurado, responsable de las afiliaciones y finanzas del sindicato JUCIL..
Perfil de Twitter de Lucas Jurado, responsable de las afiliaciones y finanzas
del sindicato JUCIL

"Lucas José Jurado (43 años), uno de sus hermanos, es 'guardia civil' y en la actualidad forma parte de la 'dirección nacional de Jucil', el 'sindicato de la Guardia Civil' surgido bajo el paraguas de Jusapol, y considerado un 'sindicato ultraderechista' en el cuerpo", en contraposición a otros como la AUGC.

"Lucas Jurado es el 'responsable de las afiliaciones y finanzas del sindicato'". Entró en la academia de Guardias y Suboficiales de la Guardia Civil de Baza (Jaén) el 13 de noviembre de 2000.

Según algunos medios, "Lucas José podría ser 'el autor' de la 'grabación del vídeo de su hermano disparando a las imágenes de los miembros del Gobierno'". El propio Borja señaló a uno de sus hermanos como autor de la grabación, si bien 'él mismo reconoció ser el autor de la difusión de las imágenes'.

Ángel Rafael Jurado, el hermano admirador de  Trump

Ante la situación actual de Borja, "su hermano Ángel Rafael ha lanzado a través de su cuenta de Twitter 'una campaña de recogida de fondos para sufragar los gastos del proceso judicial' que se ha abierto".

La campaña se denomina 'SOS Borja Jurado, el tirador de la galería', y buscan la 'compasión ciudadana'. Para ello, el reclamo es adornado con unos carteles de 'Borja disparando'.

Campaña de recogida de fondos a través de su cuenta en Twitter.
Campaña de recogida de fondos a través de la cuenta de Twitter de Ángel Jurado

Rafael dice en su cuenta de Twitter que "vive en una localidad de Illinois vecina de Chicago y no oculta su afección 'ultraderechista', al extremo de bautizar su cuenta de Twitter como '@JuradoVOX'".

En los mensajes reclamando 'apoyo financiero' publica el número de cuenta para los ingresos con el mensaje "cualquier 'ayuda económica' se agradece, incluso el retuit, 'no dejemos que los podemitas se salgan con la suya'".

Habida cuenta de que su hermano Borja 'tiene antecedentes', según fuentes oficiales recogidas por diversos medios, por 'presuntos delitos de violencia de género' y otros asuntos de diversa cuantía, se presume que el caso puede prolongarse en el tiempo y tener que afrontar algún tipo de 'fianza', ya que "se le imputa inicialmente un 'delito contra las instituciones del Estado, otro de odio y un tercero de amenazas'".


"Al igual que sucedió con Manuel Murillo, el 'vigilante de seguridad' de Terrassa que en noviembre de 2018 'pidió colaboración en un foro de Vox' para 'llevar a cabo la ejecución en un atentado del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez', la 'ultraderecha' se movilizó en las redes sociales para manifestar su 'apoyo al francotirador'".

"Viendo el camino que tomaban los acontecimientos, la 'ultraderecha' optó por relativizar el suceso, 'cuestionar su pericia como tirador', calificar de 'chatarra' el arsenal en su vivienda o incluso decir que 'practicaba el tiro con un lanzador de patatas'", si ello ayudaba a su salvación.

"Las fotos y la escopeta ya estaban allí cuando llegué"

Francisco de Borja Jurado Barrionuevo hace el saludo nazi en una manifestación nazi en 2009.
Francisco de Borja Jurado Barrionuevo hace el saludo nazi 
en una manifestación de la ultraderecha en 2009.

Con Francisco de Borja Jurado Barrionuevo, el 'autor de los disparos contra dianas con los rostros de miembros del Gobierno', todo apunta a que 'su entorno' pretende seguir el mismo camino que con Murillo: "la prensa 'miente', Borja es un 'buen chico', todo era una 'broma' para pasar el rato con los amigos", las fotos del 'presidente', del 'vicepresidente' y de los 'ministros de Interior y Asuntos Sociales', y la del 'portavoz parlamentario de Unidas Podemos' ya estaban allí cuando llegaron... Incluso que el arma -una escopeta semiautomática- que se empleó para disparar en esa 'simulación de ejecución sumarísima' la aportó junto a la munición, nada menos que la propia armería.

"Manuel Murillo, el 'francotirador', el hijo del último alcalde franquista de Rubí se enfrenta, 2 años después, a una petición del fiscal de '18 años de prisión'. El diestro tirador, 'propietario de 16 armas de fuego de precisión', 'miembro de un chat de WhatsApp de la ultraderecha' y 'de un partido identitario catalán' al que pertenecen 'peligrosos nazis ucranianos' del Batallón Azov residentes en España, 'aguarda en prisión' la celebración de su juicio". 'Y él no llegó a disparar un solo tiro'.

"La Fiscalía considera a Murillo culpable de un 'delito de homicidio en grado de proposición', además de 'delitos de depósito de armas y munición de guerra, de tenencia de armas prohibidas y de tenencia de explosivos', con el 'agravante de discriminación ideológica'".

Manuel Murillo

FUENTE: publico.es
Joan Cantarero
Valencia - 27/06/2020

La pericia en el uso del fusil dejaba patente que debía ser un profesional, pero la chulería de mostrar el rostro a la cámara con el dedito alzado, no lo define precisamente como el más listo del grupo.

10/3/20

LEY MORDAZA


¿Qué hubiese pasado si en lugar de policías hubiesen sido 'perroflautas'?

Abogadas analizan la protesta de Jusapol del pasado martes frente a las puertas del Congreso. Señalan que, en este caso, la Policía fue más 'benévola' que cuando se trata de movimientos sociales y apuntan la necesidad de derogar la 'ley mordaza' para acabar con la arbitrariedad.
Policías y guardias civiles afiliados a la asociación JUSAPOL participan en una manifestación en contra el Gobierno en frente del Congreso en Madrid este martes. EFE/Fernando Alvarado
Policías y guardias civiles afiliados a la asociación JUSAPOL participan 
en una manifestaciónen contra el Gobierno en frente del Congreso en Madrid. 
EFE/Fernando Alvarado

"Un grupo de varios cientos de manifestantes se saltó el 'cordón policial'. Llegó hasta la puerta del Congreso con las caras tapadas con 'máscaras' de Anonymous y varias 'bengalas de humo' en mano". 'Lanzaron petardos'. El ruido de bocinas y pitos, unido al humo, enturbia el ambiente. "Una diputada denuncia que ha sido increpada e insultada". En las redes sociales, rápidamente, llegan imágenes  de los propios manifestantes. "Esto va a permanecer cortado hasta que nos salga a nosotros de los huevos", dice un manifestante con la 'cara tapada'. Acto seguido, añade: "Vais a tener guerra".

Todo esto sucedió el martes frente a las puertas del Congreso de los Diputados. "Los convocantes de la protesta eran la asociación Jusapol y los sindicatos Jupol y Jucil", que reclaman la equiparación salarial con los distintos cuerpos policiales de las comunidades autonómicas. 'No hubo cargas policiales'. Tampoco detenidos. "No se han visto imágenes de policías identificando a manifestantes que habían 'desobedecido' sus órdenes". Nada de esto sucedió. Hace unos meses, "en abril, en otra manifestación de Jusapol en la Puerta del Sol", Teodoro García Egea, secretario general del PP, decía: "Me gusta más ver la Puerta de Sol llena de servidores de España que llena de perroflautas".

La pregunta, por tanto, es pertinente. ¿Qué hubiese pasado si en lugar de ser agentes de Policía Nacional y Guardia Civil los que rompieron el 'cordón policial' para manifestarse frente a las mismas escaleras del Congreso con bengalas y pertardos hubiesen sido perroflautas? La respuesta se puede encontrar en la hemeroteca.

Varios partidos presentan una queja al Congreso por el

10 de febrero de 2012. Hay una protesta contra la reforma laboral del Partido Popular. Un grupo de manifestantes intenta llegar hasta el Congreso. "La Policía carga y hay, al menos, 9 detenidos". Otro ejemplo más. 25 de septiembre de 2012. "Se convoca una concentración en Neptuno bajo el nombre de 'Rodea el Congreso' contra los recortes del Gobierno del Partido Popular que congrega a miles de personas".

"La Policía carga duramente y hay 35 detenidos". Interior denuncia que los detenidos han podido cometer un 'delito' contra las altas instituciones del Estado por "haber intentado invadir con fuerza, violencia o intimidación las sedes del Congreso de los Diputados"

El juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional, "tumba los argumentos de Interior y archiva la causa con críticas hacia la Policía". Señala que la manifestación no alteró en ningún caso la actividad de la Cámara.


"En este caso, de momento, y a diferencia de los dos casos anteriores, no hubo 'detenidos' ni 'cargas'. Tampoco, que se conozca, denuncia por parte de Interior". Por tanto, ¿cometieron un delito contra las altas instituciones del Estado los agentes que violaron el cordón policial? Responde Carlos Sánchez Almeida, director legal de la PDLI, a Público"Tal y como estableció Santiago Pedraz en 2012, rodear el Congreso, si no afecta a la actividad normal de la Cámara, no es delito". 

No hay delito pero sí mordaza

Sin embargo, "las manifestaciones de 2012 impulsaron un 'cambio legislativo'". El 30 de marzo de 2015, el Partido Popular, con mayoría absoluta, aprueba la reforma de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como 'ley mordaza', que en su artículo 36.2 señala que "la perturbación grave de la 'seguridad ciudadana' en manifestaciones frente a las sedes del Congreso, 'cuando no constituya infracción penal', será tratada como una infracción grave con una multa que oscilará entre 601 y 30.000 euros". De hecho, el informe Actuaciones en materia de protección de la seguridad ciudadana 2016 recoge que ese mismo año se impusieron 2 sanciones, las dos de 601 euros, por violación del citado artículo.

Asistentes a la manifestación convocada por diversos colectivos en Madrid para protestar contra la ley mordaza justo cuando se cumplen tres años de su aprobación. EFE/Javier Lizón
Manifestación para protestar contra la ley mordaza en 2018.- EFE/Javier Lizón

¿Violaron este artículo de la Ley de Seguridad Ciudadana los policías que rompiendo el cordón policial llegaron hasta las escaleras del Congreso de los Diputados?

En opinión del abogado de Legal Sol,Eric Sanz de Bremond, "los hechos que se vieron frente al Congreso el pasado martes podrían encuadrarse como una violación del 'artículo 36.2' y, además, también podrían ser constitutivo de un 'delito de desobediencia' por romper el 'cordón policial'".

Este abogado, acostumbrado a defender a manifestantes ante los juzgados y las multas administrativas a través de Legal Sol y Red Jurídica, "denuncia que la principal diferencia entre el caso de los 'policías' y 'guardias civiles' que se manifestaron el martes y las protestas de movimientos sociales contra los recortes de los últimos años fue que la Policía encargada de vigilar la manifestación 'no cargó ni detuvo' a ninguno de los manifestantes, tal y como sí ha hecho en 'multitud de protestas similares'".

Agentes antidisturbios forcejean con asistentes a la concentración celebrada el miércoles 26 de septiembre de 2012.- EFE
Agentes antidisturbios forcejean con asistentes a la concentración 
celebrada el miércoles 26 de septiembre de 2012.- EFE

Uno de los últimos ejemplos se vivió en marzo de 2019, "cuando la Policía cargó contra los trabajadores de Alcoa que se manifestaban frente al Congreso, e incluso varios diputados de Podemos fueron investigados por la Justicia".

"La crítica que me parece pertinente en este caso no es que los manifestantes de Jusapol no fueran 'identificados' ni 'multados'. Creo que la denuncia importante en este caso es que cuando hemos visto situaciones similares protagonizadas por trabajadores o movimientos sociales, la Policía ha cargado duramente, salvo en la última protesta de los pensionistas".

"En mi opinión, lo importante es pedir a los 'policías' que se manifestaron el martes que también 'respeten el derecho a la reunión y protesta del resto de colectivos'. Ellos tienen 'derecho a manifestarse', pero el resto también", argumenta Eric Sanz de Bremond.

Manifestantes de Jusapol cortan el Paseo del Prado
Manifestantes de Jusapol cortan el Paseo del Prado

De hecho, los partidos en el Congreso ERC, JxCat, EH-Bildu, la CUP, el BNG, Más País y Compromís han pedido a la Mesa del Congreso que explique "por qué Jusapol recibió un 'trato de favor' a la hora de manifestarse frente a la misma puerta de la Cámara con total tranquilidad"

No obstante, los expertos consultados por Público apuntan a que "el problema real no es el caso concreto de la manifestación de Jusapol sino la esencia misma de la conocida como 'ley mordaza'". Así, denuncian que "el problema es la 'ambigüedad' y 'arbitrariedad' que introdujo la citada ley, que elimina gran parte del control judicial sobre las 'sanciones' y otorga un amplio margen interpretativo a los agentes de Policía". La solución a este problema, en opinión de estos expertos, pasa por la derogación de la ley mordaza y "asegurar el derecho de reunión y manifestación en 'igualdad de condiciones' a todos los colectivos".

Acabar con la arbitrariedad

Pastora Frigiliana

La abogada y activista por los Derechos Humanos, Pastora Filigrana denuncia, de hecho, que el problema de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana ('ley mordaza'), tras la reforma del PP, es que "utiliza un lenguaje tan ambiguo que termina convirtiendo en juez a los agentes de Policía que la aplican". La ley utiliza criterios amplios como 'seguridad pública' o 'paz social' y eso "implica que sea cada policía el que decida cuando un acto o protesta pone en peligro la 'paz social' o la 'seguridad ciudadana'", explica Filigrana

Así, en el caso de la protesta de Jusapol serían los agentes de Policía que estaban trabajando los que tenían que decidir si se estaba produciendo una infracción grave de la 'ley mordaza' o no. "En esta ocasión, su criterio ha sido mucho más 'benévolo' que cuando los manifestantes no son 'policías' o 'guardias civiles'. Y no, no soy partidaria de que en esta ocasión se hubiera actuado con más 'contundencia'".

La abogada defiende que lo razonable es que España "tenga una ley que no deja lugar a la ambigüedad y donde sean los jueces los que establezcan los límites del derecho a la manifestación y no los policías los que lo interpreten", señala Filigrana a Público, que recuerda que una vez un ciudadano recibe una 'sanción' es él quien tiene que ir a la Justicia para tratar de recurrirla con los problemas y gastos que conlleva.


"La 'ley mordaza', de hecho, ha servido hasta la fecha para sancionar o castigar a la ciudadanía por situaciones tan dispares como llamar 'colega' a un agente, fotografiar un coche policial 'mal aparcado' o para imponer miles de sanciones por 'faltas de respeto' a la Policía o por 'desobediencia' y/o 'resistencia a la autoridad'"

"Lo que no podemos permitir es que sea el agente de Policía el que decide si sanciona a un joven por llevar un bolso con una inscripción que diga A.C.A.B. o si tiene que actuar o no con protestas como la de Jusapol frente al Congreso de los Diptados", sentencia Filigrana.

FUENTE: publico.es
Alejandro Torrús