LEY MORDAZA

¿Qué hubiese pasado si en lugar de policías hubiesen sido 'perroflautas'?

Abogadas analizan la protesta de Jusapol del pasado martes frente a las puertas del Congreso. Señalan que, en este caso, la Policía fue más 'benévola' que cuando se trata de movimientos sociales y apuntan la necesidad de derogar la 'ley mordaza' para acabar con la arbitrariedad.

Policías y guardias civiles afiliados a la asociación JUSAPOL participan 
en una manifestaciónen contra el Gobierno en frente del Congreso en Madrid. 
EFE/Fernando Alvarado

"Un grupo de varios cientos de manifestantes se saltó el 'cordón policial'. Llegó hasta la puerta del Congreso con las caras tapadas con 'máscaras' de Anonymous y varias 'bengalas de humo' en mano". 'Lanzaron petardos'. El ruido de bocinas y pitos, unido al humo, enturbia el ambiente. "Una diputada denuncia que ha sido increpada e insultada". En las redes sociales, rápidamente, llegan imágenes  de los propios manifestantes. "Esto va a permanecer cortado hasta que nos salga a nosotros de los huevos", dice un manifestante con la 'cara tapada'. Acto seguido, añade: "Vais a tener guerra".

Todo esto sucedió el martes frente a las puertas del Congreso de los Diputados. "Los convocantes de la protesta eran la asociación Jusapol y los sindicatos Jupol y Jucil", que reclaman la equiparación salarial con los distintos cuerpos policiales de las comunidades autonómicas. 'No hubo cargas policiales'. Tampoco detenidos. "No se han visto imágenes de policías identificando a manifestantes que habían 'desobedecido' sus órdenes". Nada de esto sucedió. Hace unos meses, "en abril, en otra manifestación de Jusapol en la Puerta del Sol", Teodoro García Egea, secretario general del PP, decía: "Me gusta más ver la Puerta de Sol llena de servidores de España que llena de perroflautas".

La pregunta, por tanto, es pertinente. ¿Qué hubiese pasado si en lugar de ser agentes de Policía Nacional y Guardia Civil los que rompieron el 'cordón policial' para manifestarse frente a las mismas escaleras del Congreso con bengalas y pertardos hubiesen sido perroflautas? La respuesta se puede encontrar en la hemeroteca.

10 de febrero de 2012. Hay una protesta contra la reforma laboral del Partido Popular. Un grupo de manifestantes intenta llegar hasta el Congreso. "La Policía carga y hay, al menos, 9 detenidos". Otro ejemplo más. 25 de septiembre de 2012. "Se convoca una concentración en Neptuno bajo el nombre de 'Rodea el Congreso' contra los recortes del Gobierno del Partido Popular que congrega a miles de personas".

"La Policía carga duramente y hay 35 detenidos". Interior denuncia que los detenidos han podido cometer un 'delito' contra las altas instituciones del Estado por "haber intentado invadir con fuerza, violencia o intimidación las sedes del Congreso de los Diputados". 

El juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional, "tumba los argumentos de Interior y archiva la causa con críticas hacia la Policía". Señala que la manifestación no alteró en ningún caso la actividad de la Cámara.

"En este caso, de momento, y a diferencia de los dos casos anteriores, no hubo 'detenidos' ni 'cargas'. Tampoco, que se conozca, denuncia por parte de Interior". Por tanto, ¿cometieron un delito contra las altas instituciones del Estado los agentes que violaron el cordón policial? Responde Carlos Sánchez Almeida, director legal de la PDLI, a Público: "Tal y como estableció Santiago Pedraz en 2012, rodear el Congreso, si no afecta a la actividad normal de la Cámara, no es delito". 

No hay delito pero sí mordaza

Sin embargo, "las manifestaciones de 2012 impulsaron un 'cambio legislativo'". El 30 de marzo de 2015, el Partido Popular, con mayoría absoluta, aprueba la reforma de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como 'ley mordaza', que en su artículo 36.2 señala que "la perturbación grave de la 'seguridad ciudadana' en manifestaciones frente a las sedes del Congreso, 'cuando no constituya infracción penal', será tratada como una infracción grave con una multa que oscilará entre 601 y 30.000 euros". De hecho, el informe Actuaciones en materia de protección de la seguridad ciudadana 2016 recoge que ese mismo año se impusieron 2 sanciones, las dos de 601 euros, por violación del citado artículo.

Manifestación para protestar contra la ley mordaza en 2018.- EFE/Javier Lizón

¿Violaron este artículo de la Ley de Seguridad Ciudadana los policías que rompiendo el cordón policial llegaron hasta las escaleras del Congreso de los Diputados?

En opinión del abogado de Legal Sol,Eric Sanz de Bremond, "los hechos que se vieron frente al Congreso el pasado martes podrían encuadrarse como una violación del 'artículo 36.2' y, además, también podrían ser constitutivo de un 'delito de desobediencia' por romper el 'cordón policial'".

Este abogado, acostumbrado a defender a manifestantes ante los juzgados y las multas administrativas a través de Legal Sol y Red Jurídica, "denuncia que la principal diferencia entre el caso de los 'policías' y 'guardias civiles' que se manifestaron el martes y las protestas de movimientos sociales contra los recortes de los últimos años fue que la Policía encargada de vigilar la manifestación 'no cargó ni detuvo' a ninguno de los manifestantes, tal y como sí ha hecho en 'multitud de protestas similares'".

Agentes antidisturbios forcejean con asistentes a la concentración 

celebrada el miércoles 26 de septiembre de 2012.- EFE

Uno de los últimos ejemplos se vivió en marzo de 2019, "cuando la Policía cargó contra los trabajadores de Alcoa que se manifestaban frente al Congreso, e incluso varios diputados de Podemos fueron investigados por la Justicia".

"La crítica que me parece pertinente en este caso no es que los manifestantes de Jusapol no fueran 'identificados' ni 'multados'. Creo que la denuncia importante en este caso es que cuando hemos visto situaciones similares protagonizadas por trabajadores o movimientos sociales, la Policía ha cargado duramente, salvo en la última protesta de los pensionistas".

"En mi opinión, lo importante es pedir a los 'policías' que se manifestaron el martes que también 'respeten el derecho a la reunión y protesta del resto de colectivos'. Ellos tienen 'derecho a manifestarse', pero el resto también", argumenta Eric Sanz de Bremond.

Manifestantes de Jusapol cortan el Paseo del Prado

De hecho, los partidos en el Congreso ERC, JxCat, EH-Bildu, la CUP, el BNG, Más País y Compromís han pedido a la Mesa del Congreso que explique "por qué Jusapol recibió un 'trato de favor' a la hora de manifestarse frente a la misma puerta de la Cámara con total tranquilidad". 

No obstante, los expertos consultados por Público apuntan a que "el problema real no es el caso concreto de la manifestación de Jusapol sino la esencia misma de la conocida como 'ley mordaza'". Así, denuncian que "el problema es la 'ambigüedad' y 'arbitrariedad' que introdujo la citada ley, que elimina gran parte del control judicial sobre las 'sanciones' y otorga un amplio margen interpretativo a los agentes de Policía". La solución a este problema, en opinión de estos expertos, pasa por la derogación de la ley mordaza y "asegurar el derecho de reunión y manifestación en 'igualdad de condiciones' a todos los colectivos".

Acabar con la arbitrariedad

Pastora Frigiliana

La abogada y activista por los Derechos Humanos, Pastora Filigrana denuncia, de hecho, que el problema de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana ('ley mordaza'), tras la reforma del PP, es que "utiliza un lenguaje tan ambiguo que termina convirtiendo en juez a los agentes de Policía que la aplican". La ley utiliza criterios amplios como 'seguridad pública' o 'paz social' y eso "implica que sea cada policía el que decida cuando un acto o protesta pone en peligro la 'paz social' o la 'seguridad ciudadana'", explica Filigrana. 

Así, en el caso de la protesta de Jusapol serían los agentes de Policía que estaban trabajando los que tenían que decidir si se estaba produciendo una infracción grave de la 'ley mordaza' o no. "En esta ocasión, su criterio ha sido mucho más 'benévolo' que cuando los manifestantes no son 'policías' o 'guardias civiles'. Y no, no soy partidaria de que en esta ocasión se hubiera actuado con más 'contundencia'".

La abogada defiende que lo razonable es que España "tenga una ley que no deja lugar a la ambigüedad y donde sean los jueces los que establezcan los límites del derecho a la manifestación y no los policías los que lo interpreten", señala Filigrana a Público, que recuerda que una vez un ciudadano recibe una 'sanción' es él quien tiene que ir a la Justicia para tratar de recurrirla con los problemas y gastos que conlleva.

"La 'ley mordaza', de hecho, ha servido hasta la fecha para sancionar o castigar a la ciudadanía por situaciones tan dispares como llamar 'colega' a un agente, fotografiar un coche policial 'mal aparcado' o para imponer miles de sanciones por 'faltas de respeto' a la Policía o por 'desobediencia' y/o 'resistencia a la autoridad'". 

"Lo que no podemos permitir es que sea el agente de Policía el que decide si sanciona a un joven por llevar un bolso con una inscripción que diga A.C.A.B. o si tiene que actuar o no con protestas como la de Jusapol frente al Congreso de los Diptados", sentencia Filigrana.

FUENTE: publico.es
Alejandro Torrús

Madrid - 06/03/2020

Los policías y guardias civiles que llevan esas máscaras de Anonymus demuestran un desconocimiento absoluto de lo que significan. Y es que son, entre otras muchas cosas, la representación de un movimiento contra todos los sistemas de represión y censura gubernamentales.

¡Ah! Y en cuanto a la pregunta inicial: ¡los hubieran molido a palos!

ANITA ORAMITAS, ALIAS 'LA MENINA'

Ultimátum de CC a Ana Oramas para que varíe su voto bajo amenaza de expulsión

Ana María Oramas González-Moro

Los nacionalistas canarios ven 'muy grave' la negativa de la diputada a cumplir la orden de la dirección del partido de abstenerse en la votación de investidura de Pedro Sánchez; una desobediencia que los estatutos de Coalición Canaria fijan como causa de baja.

FUENTE: eldia.es

M. A. Montero

07/01/2020 

 

¡Ah!... Tal vez sea eso lo que busca: que la expulsen de Coalición Canaria para ingresar en las filas de otro partido más a la derecha que éste: algo así como una Rosa Diez 'Bis'.

¿Qué le habrán ofrecido para que tire por la borda toda una trayectoria política en la nave del 'nacionalismo' canario? Vayan ustedes a saber. 

Aunque cuando un barco hace aguas, ya saben ustedes quiénes son las primeras en huir. ¿No?

NOTA:  Lo de 'Menina' va en memoria mi amigo Paco Navarro (q.e.p.d.) que  siempre se refería a ella con ese término.
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CUANDO UNA MONEDA SIEMPRE CAE DEL MISMO LADO

"Un golpe de Estado que recurrió a la violencia para lograr sus objetivos"

El fiscal Fidel Cadena durante la sesión del juicio al procés, 11 de abril de 2019.

Señal de televisión del Tribunal Supremo

Después de meses de testimonios en el juicio del procés, la Fiscalía se reafirma en haber visto algo que no sucedió en aquellos días en Cataluña. A no ser, claro, que por violencia entendamos gritos e insultos, y por golpe de Estado la desobediencia institucional.

De entre todas las interpretaciones posibles de la realidad, La Fiscalía, ese órgano que pretende que creamos que su mano jurídica no se entera de lo que hace su mano política, ha elegido la postura judicial que más perjudica a la única solución posible: la política.

La decisión de la Fiscalía de pedir penas de prisión que hacen que compense más el asesinato que la desobediencia, no puede sorprendernos. Cuando, al lanzar una moneda al aire sale cruz por primera vez, podemos achacarlo a las leyes de la probabilidad.  

Cuando, sistemáticamente, esa moneda lanzada cae del mismo lado, la probabilidad de que alguien esté dirigiendo la moneda es muy alta. La toma de la peor decisión para la convivencia es una postura política que vienen ejerciendo los poderes del Estado desde hace tiempo.

Imagen tomada de la señal institucional del Tribunal Supremo,

de los fiscales durante su exposición de informes. (Tribunal Supremo / EFE)

En el pre procés (aquella época en la que hacer un referéndum sin validez legal se llamaba paripé y no golpe de Estado) el Gobierno de Rajoy se encontró ante dos opciones:

La primera era abordar el problema que supone que el 50% de la población catalana quisiera la independencia de España y que el 80% pidiera, al menos, someterlo a una consulta.

La segunda opción era la de negarse a afrontar la realidad. Y finalmente se eligió ésta.

Ante la falta de diálogo se planteó el referéndum del 1 de octubre. Un referéndum de desobediencia que sería suspendido por parte de sus impulsores en el preciso momento en el que el Gobierno español decidiera sentarse a hablar del problema. Ante esta tesitura de dos caminos, el Gobierno de entonces decidió dejar que la pólvora siguiera corriendo. Renunciando al diálogo y con el 1-O a la vuelta de la esquina, el Estado tenía dos opciones para enfrentar la desobediencia que llegaba desde Cataluña.

Manifestación con motivo del referéndum del 1-O

La primera era declarar inválido el referéndum como ya pasara en 2014. Sin conflicto y sin dramas, aquello que se votara sería papel mojado. Nadie en Europa hubiera aceptado el resultado y el globo independentista se desinflaría al chocarse contra esa realidad.

La segunda era mover hilos judiciales para, al contrario que pasó en el referéndum de 2014, declarar ilegal el acto físico en sí, enviando a Cataluña a miles de policía para evitar que aquella papeleta sin validez legal entrase en la urna sin validez legal.

¿Se imaginan un operativo policial armado para evitar aquella campaña política de desobediencia que Esperanza Aguirre y Rajoy lanzaron llamando a desobedecer la ley que establecía una subida del IVA? En el caso catalán sí podemos imaginarlo.  Cuando aquella mañana del 1-O llegó, el Ministerio de Interior al frente del "operativo judicial” volvió a encontrarse ante dos opciones.

La primera era obedecer el mandato judicial que el propio poder político había promovido. Para ello, habría que incautar urnas y papeletas respetando siempre una condición que aparecía en el mandato judicial: que la incautación no supusiera en ningún caso un mal mayor, como poner en peligro la integridad física de policías o ciudadanos.

Policía requisando urnas en un colegio electoral de Barcelona 
el 01 de octubre de 2017

La segunda opción era desobedecer el propio mandato judicial que los había llevado allí y entrar en colegios como quien entra a una redada a un piso terrorista: patadas en la puerta, cargas policiales y agresiones que acabaron con cientos de heridos. Ya sabemos qué se eligió hacer en una jornada que pasará a la historia como el día de la barbarie del "a por ellos”. 

Días después de las imágenes de la policía golpeando a ciudadanos en Cataluña a cambio de un número simbólico de urnas que no evitó el referéndum, la Casa Real anunció un mensaje institucional de un Jefe del Estado que también se encontraba ante la disyuntiva de hacer que la moneda cayera de uno u otro lado.

La primera opción era hacer su trabajo de mediador. Es decir, no meterse en política y limitarse a lanzar un mensaje que aportase sosiego y calma para que escenas como las vividas un par de días antes no se volvieran a repetir.

La segunda opción era usurpar unos poderes políticos que no le correspondían, amenazando con represión a representantes públicos elegidos por los catalanes y posicionándose, por primera vez en la historia de las desobediencias, en un bando determinado. ¿Se imaginan al Rey amenazando a Ana Botella tras la venta de vivienda pública que atentaba contra la Constitución? En el caso catalán, de nuevo, sí podemos imaginarlo.

Discurso de Felipe VI ante la crisis catalana

Con la Declaración Unilateral de Independencia sobre la mesa catalana, pero también con el compromiso de suspenderla si el Gobierno de España hacía un solo gesto de diálogo, tocaba volver a posicionarse.

La primera postura posible era la de destensar un conflicto que había llegado demasiado lejos por la desaparición de la política.

La segunda opción era rocambolesca: gritar que Cataluña había declarado la independencia cuando los propios líderes catalanes no sólo no se atrevían a declararla, sino que pedían un gesto que les librase de hacerlo. Se eligió más madera.

Luego llegaron las consecuencias judiciales y con ellas el desastre: penas de prisión, políticos exiliados y la ruptura total de la política para centrarse en la represión legal. Llegados a este punto, los poderes judiciales, por supuestísimo "impermeables e independientes", decidieron introducir una novedad en el panorama judicial: tratar como a detenidos por terrorismo a los líderes del procés encerrándolos de manera preventiva.

Los siete miembros del Tribunal que juzga el 1-O

Año y medio después, ahí siguen. Mientras, los partidos de derechas presumen de independencia judicial al tiempo que se adelantan a la sentencia pidiendo que no se indulte a quienes, teóricamente, aún ningún tribunal ha condenado"

Desde la cárcel lograron un escaño para llevar el conflicto político a donde tiene que estar: el Parlamento. Las normas del Congreso y el Senado no eran claras en este caso.

Era, como comentaba en una de sus crónicas en CTXT, Guillem Martínez, un terreno inexplorado eso de que presos preventivos hubieran conseguido acta de diputados partiendo del estatus de presos. A la mesa del Congreso presidida por el PSOE se le planteaba un dilema con, de nuevo, dos posibles soluciones.

La primera solución era interpretar la ley del Congreso tal cual y permitir que los políticos encarcelados ejercieran el encargo de representación pública para el que les habían votado.

Políticos catalanes encarcelados

La segunda era no leer, sino interpretar la ley de tal forma que se les suspendiera, enterrando definitivamente la política como herramienta de solución de problemas. Una vez más, se eligió la moneda cayó del lado de aumentar el conflicto.

Son años de decisiones que, con dos vías posibles, apuntan siempre hacia el mismo lugar. Seguiremos, a pesar de esto, encontrando a líderes que nombran al poder judicial, repitiendo que aquí no pasa nada más que el simple cumplimiento de la ley.

Seguiremos también encontrando a ciudadanos que les crean y defiendan que detrás de todas estas 'coincidencias' que unen a Gobierno, tribunales y Jefatura del Estado, no hay una estrategia política con ramificaciones judiciales, sino simple legalidad. A estas alturas de la película ya sólo queda pedirles que se compren un chupete para ver cómo acaba.

FUENTE: ctxt.es
Tecetipos
Gerardo Tecé 
04/06/2019

Cuando una moneda cae siempre del mismo lado está claro que es falsa: una de sus caras está "cargada," como ocurre con los dados que antaño utilizaban los tahúres, y que en la actualidad aún se usan en ilusionismo para determinados trucos de magia. La diferencia estriba en que, mientras los dados se cargan con plomo u otro metal pesado, la moneda de la que hablamos se carga con franquismo, homofobia, fanatismo, intransigencia, fascismo... y tantos otros pesos sin medida.