Durante años, oligarcas como Florentino Pérez han convertido el sector de los geriátricos en su gallina de los huevos de oro. Las muertes por coronavirus se erigen como un macabro monumento a las deficiencias de la privatización
en el inicio de las obras de la línea 11 de metro de Madrid en 2008.
PP Madrid
Madrid ha sido uno de los epicentros de la pandemia de la
covid-19 en Europa, con más de 8.500 muertes registradas en la capital
española. Así y todo, incluso una cifra de ese tipo no consigue reflejar
la magnitud total de la tragedia, puesto que en las saturadas
residencias de la región han fallecido al menos otras 5.500 personas,
usuarios de los servicios de atención a mayores, que normalmente no se
incluyen en las estadísticas oficiales.
Cuando a finales de marzo el
ejército acudió a desinfectar algunos de estos centros, la ministra de
Defensa, Margarita Robles, hizo unas declaraciones en las que afirmó que
los soldados habían descubierto a los residentes “totalmente
abandonados”, “viviendo en condiciones extremas”, y hasta algunos habían
sido encontrados “muertos en sus camas”.
Los trabajadores de una residencia, propiedad del
proveedor internacional de servicios DomusVi, afirmaron que los dueños
estaban ocultando cuerpos de forma intencionada para “camuflar la
realidad” del brote en el centro. En otro caso, CC.OO. publicó un vídeo
del personal que trabajaba para la empresa francesa Orpea, en el que los
empleados hablaban de “encubrimiento, chantajes y amenazas” por parte
de la gerencia de una residencia en la que oficialmente había solo un
caso del virus, pero en el que los trabajadores creían que 16 residentes
habían muerto en un brote que se había extendido durante 10 días.
Décadas de privatización y subcontratación han dejado a
Madrid con solo 25 residencias de ancianos totalmente públicas (de un
total de 426), mientras que una gran parte del resto del sector está
dominada por un pequeño número de empresas. Una escasez crónica de
personal y medios dieron como resultado que el servicio ya estuviera
sometido a una carga excesiva antes de que comenzara la pandemia. En
declaraciones a El País, Carmen López, del grupo de presión
Marea de Residencias, explicó que “para [muchas de estas empresas] un
anciano es un valor con el que especular. El personal [que contratan]
está bajo mínimos y con sobrecarga de trabajo, con falta de medios
básicos”.
A medida que se propagaba el
virus, los cuidadores se vieron obligados a improvisar, y comenzaron a
utilizar equipos de protección caseros y a reutilizar las batas en
múltiples ocasiones. La tasa de infección entre el personal alcanzó el
40%, y en total se calcula que un abrumador 10% de todos los ancianos
que habitaban en las residencias de la Comunidad de Madrid fallecieron
por covid-19 a lo largo de los dos últimos meses.
Las personas a las que se podría culpar son muchas. El
gobierno regional que dirige el Partido Popular (PP) no cumplió su
temprana promesa de 'medicalizar' las residencias, lo que habría
permitido a los residentes recibir tratamientos de emergencia
directamente en los centros. La respuesta de la Comunidad a la pandemia
fue tardía, al igual que la del Gobierno central, y luego impuso una de
las cuarentenas más estrictas de Europa. También se ha planteado el
asunto de la negligencia criminal de algunas residencias concretas, que
ha llevado a que la policía esté investigando a 60 centros en
Madrid.
No obstante, más allá de todos estos factores se encuentra
una 'deficiencia sistémica'. Desde comienzos de la década de 1990, "Madrid
ha servido de 'laboratorio neoliberal' para la derecha española y de
ejemplo práctico para el proyecto más amplio de una nueva España", con el
resultado de un vaciado progresivo de los recursos y las capacidades
del Estado. A la vanguardia de los que impulsaron este proyecto se
encuentran el expresidente José María Aznar, la expresidenta de la
Comunidad caída en desgracia, Esperanza Aguirre, y el multimillonario
presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. "El fracaso catastrófico de
las residencias madrileñas también ha demostrado el fracaso de su
modelo de Estado".
El modelo de Aznar
Esperanza Aguirre con Florentino Pérez y Cristiano Ronaldo en febrero de 2011
Con el número de víctimas mortales en
Madrid en constante aumento, el Gobierno de la Comunidad finalmente
actuó el 9 de abril y decidió tomar el control de las 13 residencias en
las que se concentraba el mayor número de muertes, entre las que se
encontraba, junto a los centros propiedad de DomusVi y Orpea, el Centro
Alzheimer de la Fundación Reina Sofía. Este centro, que está operado por
Clece, "una empresa que forma parte del Grupo ACS, propiedad de
Florentino Pérez, ha despedido, solo el año pasado, a 3 cuidadores que
denunciaron ante las autoridades la falta de suministros sanitarios
básicos y unas condiciones de trabajo insalubres". Asimismo, los
sindicatos denunciaron la 'reducción unilateral de los sueldos de los
cuidadores de ese centro', y de los otros dos centros públicos que posee
en la capital.
Florentino Pérez, que es más conocido a nivel
internacional por iniciar la política de fichajes galácticos en el Real
Madrid, ha convertido a ACS en una de las 'constructoras' más grandes del
mundo. De hecho, es la primera del mundo en términos de ingresos
generados fuera del territorio de origen de la empresa. "Y en el caso de
Clece, su división de servicios, ninguna otra empresa se ha beneficiado
más de la subcontratación y privatización de los servicios sociales en
España". Además de las 61 residencias, administra guarderías públicas,
servicios de limpieza y de catering para hospitales, albergues para
personas sin hogar y para mujeres maltratadas, centros de día para
personas discapacitadas, y emplea a miles de cuidadores para gestionar
los servicios municipales de asistencia domiciliaria en ciudades como
Madrid o Barcelona.
La lógica de este modelo de negocio está clara: mermar las
condiciones de trabajo (de los empleados, que son en su mayoría
mujeres) y la calidad de los servicios públicos básicos para obtener
unos beneficios desorbitados. Sin embargo, esto es solo la punta del
iceberg del extenso Grupo ACS, que, como muchas otras empresas de
construcción e infraestructuras de España, se transformaron en actores
internacionales "gracias a la 'generosidad estatal' durante el boom de la
construcción anterior a 2008".Tras salir elegido presidente en 1996, Aznar inició una reordenación del capitalismo español a través de una oleada de privatizaciones, de la expansión de los mercados de capital nacionales y de la creación de un nuevo motor de crecimiento para la economía, basado en las finanzas y la construcción". Sin embargo, como señala el sociólogo Rubén Juste en su libro IBEX 35, "no se trataba solo de establecer una agenda de reformas promercado, sino que la ambición de Aznar se basó más bien en garantizar la hegemonía permanente de su modelo de Estado", un modelo que perduraría a largo plazo, "más allá de su presencia en el gobierno”.
José María Aznar en 1996
Con ese fin, adoptó una estrategia con una doble vertiente: por una parte, "intentar generar un amplio consenso en torno a un modelo que prometía un acceso generalizado a la vivienda en propiedad" y a una prosperidad individual y, por otra, "conformar un nuevo bloque dominante entre la clase capitalista española, que giraría en torno al PP y dependería de su favoritismo".
Para las constructoras en particular, esta red de clientelismo significó poder acceder a dos recursos esenciales: "contratos públicos y crédito siempre disponible (que llegaba a través de las cajas de ahorro regionales que estaban bajo control político). En el caso de Florentino, los proyectos faraónicos de obras públicas que emprendió el PP (autopistas, aeropuertos, redes ferroviarias para el tren de alta velocidad, etc.) supusieron la principal fuente de ingresos de la que se nutrió ACS".
"De forma paralela, Caja Madrid, que estaba controlada por el lugarteniente de Aznar, Miguel Blesa, financió todo el proceso, desde la compra de millones de acciones de ACS (que llevó a la Caja a convertirse en el principal accionista de la empresa) hasta la financiación de fichajes clave para el Real Madrid", como por ejemplo el polémico préstamo de 76 millones de euros que la Caja concedió al club para fichar a Cristiano Ronaldo. Esto se produjo además "en un momento en que el crédito estaba congelado para la gran mayoría de las pequeñas y medianas empresas españolas".
Los parásitos españoles
Pérez y Gallardón durante la celebración de la Copa del Rey en 2011
En 2003, cuando Aznar entraba en el último año de su presidencia, cinco de las diez constructoras con mayor capitalización bursátil en Europa eran españolas, y ACS ocupaba el primer puesto. En una economía cada vez más desindustrializada, la construcción era un sector en el que España podía proyectar su poderío a nivel internacional, igual que en el fútbol. Y en el caso de Florentino, los dos estaban tan entrelazados y ejercían una fuerza tan irresistible que el palco del Real Madrid en el Santiago Bernabéu se convirtió en uno de los centros de poder e influencia de la ciudad de Madrid.
Las diferentes investigaciones criminales que se llevaron a cabo en relación con la entrega de sobornos a cambio de contratos, y que incriminaban directamente al PP (con el resultado de la encarcelación de varios antiguos ministros y 3 extesoreros del partido), representaron la manifestación más venal de esta situación. Aunque también estaba el asunto del abuso sistemático de los fondos públicos, sobre todo en relación con los proyectos de infraestructura de ámbito estatal, a través de los cuales las constructoras facturaron miles de millones de euros en sobrecostes innecesarios.
La remodelación de la M-30 de Madrid, en la que ACS figura como uno de los tres principales contratistas, representa uno de los ejemplos más flagrantes. El coste final, que inicialmente se había presupuestado en 2.500 millones de euros, ascendió a más del doble: 6.500 millones.
Obras de remodelación de la M-30 (Madrid)
Un informe publicado durante la presidencia de la posterior alcaldesa, Manuela Carmena, habló de la "connivencia (del anterior alcalde del PP, Alberto Ruiz-Gallardón) con las empresas contratadas para realizar las obras” y de “sobrecostes sin certificado o documento alguno que los justificara y millones de euros pagados por infraestructuras y servicios (de mantenimiento) que no existían o que nunca llegaron a completarse”.
"En cuanto a las consecuencias para el sistema sanitario, la 'inversión per cápita' en el sistema público de salud de Madrid es hoy en día la más baja de todas las comunidades de España, a pesar de ser la segunda más rica". Además, en 2017, el 60% de todo el gasto en sanidad pública terminaba en manos de 'proveedores privados'. Un gran parte de todo esto es el "legado de la anterior presidenta de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2012, Esperanza Aguirre", que aunque no consiguió acabar directamente con la idea de la 'prestación pública universal' (por su amplia popularidad), sí "pasó casi una década debilitando la capacidad asistencial de la sanidad pública".
Cualquier respuesta que se dé a los 'fallos sistémicos' de
la crisis de la Covid-19 se enfrenta a varias limitaciones. En Madrid,
por ejemplo, "la derecha sigue estando en el poder y eso restringe
cualquier tipo de reforma del sistema de residencias o la admisión de
una disfuncionalidad generalizada en las competencias transferidas del
sistema sanitario".
"Sería posible aprobar normas más estrictas y llevar a
cabo inspecciones más rigurosas", pero la tarea de "limitar la influencia
que ejerce ese bloque oligárquico sobre el Estado español" recaerá en
la actual coalición PSOE-Podemos de ámbito nacional.
Un informe publicado durante la presidencia de la posterior alcaldesa, Manuela Carmena, habló de la "connivencia (del anterior alcalde del PP, Alberto Ruiz-Gallardón) con las empresas contratadas para realizar las obras” y de “sobrecostes sin certificado o documento alguno que los justificara y millones de euros pagados por infraestructuras y servicios (de mantenimiento) que no existían o que nunca llegaron a completarse”.
"Esa 'connivencia' en algunos de los feudos del PP como
Madrid era de carácter universal y constituyó una forma muy personal de
gobernanza clientelar, hasta el punto de que Manolo Monereo llegó a
describirla de forma memorable como 'la trama'". Junto a esa 'descarada
corrupción', había una red más amplia de "favores políticos, puertas
giratorias y lealtades de clase que vinculaban estrechamente al PP con
actores económicos estratégicos".
"Una dinámica parecida se podía claramente observar también
en el PSOE, con otros circuitos diferentes del poder económico". Pero en
Madrid, la "estrecha alianza que habían labrado el PP y el sector de la
construcción dio como resultado que estas empresas consiguieran
controlar una gran parte de las infraestructuras de la Comunidad", al
hacerse con la gestión de competencias y servicios clave. En el ámbito municipal, esto supuso "la obtención de
contratos de importantes servicios municipales (saneamiento, gestión de
residuos, mantenimiento de parques, etc.) por parte de los sospechosos
habituales (ACS y otras tres empresas constructoras: FCC, Ferrovial y
Sacyr)", mientras que en el ámbito comunitario "las competencias
transferidas de sanidad y educación fueron objeto de una
mercantilización desastrosa".
La bonanza sanitaria
"En cuanto a las consecuencias para el sistema sanitario, la 'inversión per cápita' en el sistema público de salud de Madrid es hoy en día la más baja de todas las comunidades de España, a pesar de ser la segunda más rica". Además, en 2017, el 60% de todo el gasto en sanidad pública terminaba en manos de 'proveedores privados'. Un gran parte de todo esto es el "legado de la anterior presidenta de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2012, Esperanza Aguirre", que aunque no consiguió acabar directamente con la idea de la 'prestación pública universal' (por su amplia popularidad), sí "pasó casi una década debilitando la capacidad asistencial de la sanidad pública".
Uno de sus récords más absurdos fue que "a pesar de haber
construido 11 nuevos hospitales para el sistema público, mediante
iniciativas de financiación privada (IFP), la comunidad terminó
disponiendo de menos camas per cápita que antes de que comenzara la
expansión en 2004", porque había plantas y hasta alas enteras que
permanecían vacías. "El primero de estos proyectos de colaboración
público-privada fue el Hospital Puerta de Hierro, que fue construido por
una de las filiales de ACS y que también obtuvo un contrato a 30 años
para administrar las instalaciones y gestionar todos los servicios no
médicos". Eso hasta que Florentino vendió su participación en 2014 a un
'fondo de inversión holandés' por 44 millones de euros. Las otras
constructoras que participaron en estas IFP fueron Sacyr, FCC y OHL, y
todas están "implicadas en los casos de sobornos al PP".
"Cuando sobrevino la pandemia del coronavirus, se descubrió
que el gobierno de la Comunidad de Madrid estaba pagando por 135 camas
en el Hospital Puerta de Hierro que no existían". El hospital nunca llegó
a entregar el número de camas que había prometido, aunque sí siguieron
contando para calcular la 'financiación pública' que estaba recibiendo. "En
otros 7 hospitales públicos de gestión privada se produjeron
situaciones similares, y la investigación de 'eldiario.es' reveló
que otras 250 camas en estos centros nunca se habían materializado".
Según un informe de Podemos que se encuentra en manos de la fiscalía,
"Madrid podría llegar a malgastar hasta 3.000 mil millones de euros
salidos de los fondos públicos para cuando se terminen en 2035 los
actuales contratos con las concesionarias". Sin embargo, "Madrid cuenta
con 6.000 profesionales de la salud menos que en 2007, como consecuencia del plan de austeridad".
Según explica la médica y diputada de Más País, Mónica
García: “Esto han sido millones y millones que nos hemos ido dejando por
el camino [con las IFP] y que ahora [en la pandemia] obviamente los
echamos de menos… Esta es la parasitación de la privada dentro de la
sanidad pública”.
"Una relación igualmente 'parasitaria' resulta evidente en
los centros de mayores de la Comunidad de Madrid, donde una gran mayoría
de los 400 centros privados se financia principalmente con fondos
públicos". Como señala el periodista Manuel Rico, "la Comunidad de Madrid
ofrece solo 55 euros por día y residente", y por eso solo los grandes
proveedores con las necesarias economías de escala pueden competir por
los contratos. A cambio, sin embargo, "escatiman y ahorran cada céntimo,
en comida, suministros y personal”.
"En el barrio obrero de Leganés, las consecuencias de esta
búsqueda desaforada por obtener beneficios ha resultado ser
particularmente trágica, ya que 96 personas han fallecido en uno de los
centros que gestiona una multinacional cuya sede se encuentra en el
paraíso fiscal de la isla de Jersey". Durante los 3 últimos años, ese
centro obtuvo unos beneficios netos de 1 millón de euros, que enviaba a
una de sus empresas inscritas en 'paraísos fiscales', mientras las
familias protestaban continuamente por la calidad del cuidado que sus
seres queridos estaban recibiendo.
El desafío próximo
"La pandemia de la covid-19 ha puesto de
manifiesto la crueldad del modelo asistencial madrileño", aunque a pesar
del 'escándalo público' que se ha levantado por el 'caos de las residencias
de la Comunidad', para comenzar a cambiarlo haría falta enfrentarse a un
bloque de poder económico muy arraigado, del que Florentino Pérez es la
cara más visible. El alcance de este bloque tampoco se limita solo a la
capital, puesto que "la privatización y subcontratación son algo
generalizado en el sector sanitario del conjunto del país", aunque su
implementación se haya llevado a cabo de una forma desigual.
En las últimas semanas, "el vicepresidente y líder de
Podemos, Pablo Iglesias, ha propuesto 'renacionalizar' los gigantes
energéticos, que son otros de los principales actores de la 'red
clientelar 'que estableció Aznar, así como introducir un impuesto a las
grandes fortunas".
Pablo Iglesias
También "ha liderado el impulso para lograr una serie
de importantes medidas sociales", a pesar de las dudas que muestran
algunos de sus compañeros de gobierno del PSOE. "Entre estas medidas está
un 'ingreso mínimo vital' que beneficiaría a casi 5 millones de personas
de entre las más vulnerables de la sociedad".
Aun así, "parece poco probable que, desde su posición como
socio menor de la coalición, pueda avanzar el proyecto de estado
alternativo al régimen neoliberal español" que articuló de forma tan
enérgica durante su primer asalto institucional en 2014-15. Si "el
fracaso de la asistencia en las residencias de ancianos de Madrid indica
la necesidad de realizar cambios estructurales en el conjunto del
Estado", estos cambios no van a venir de un gobierno del PSOE liderado
por un 'oportunista político' como Pedro Sánchez.
Sin embargo, aunque
existiera voluntad política, "la creciente internacionalización del
capital en España desde 2008, que dio como resultado que Blackrock se
convirtiera en el principal accionista de ACS y que los fondos de
inversión extranjeros se introdujeran en los servicios sociales y
sanitarios, hace que el equilibrio de fuerzas sea todavía menos
favorable ahora que estamos entrando en una nueva crisis".
FUENTE: publico.es
Eoghan Gilmartin (Jacobinmag)
Madrid - 10/05/2020
Este artículo se publicó originalmente en la revista Jacobin.
Traducción: Álvaro San José.
Lo ocurrido en las residencias de ancianos de Madrid no es solo una catástrofe social y humanitaria, es un atentado contra la dignidad del ser humano. Considerar a nuestros mayores como si fueran mercancia es algo terrorífico e inadmisible.
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